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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las iniciativas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, que centran sus objetivos en “una mayor promoción y protección de los derechos humanos” en todo el país. La presentación ante el 150° período de sesiones de la CIDH estuvo enmarcada en un particular valor simbólico tanto para Argentina como para la Comisión, por haberse conmemorado el 38 aniversario del golpe cívico militar en Argentina.

La procuradora general realizó una exposición del nuevo diseño institucional que generó desde su llegada al Ministerio Público hace un año medio, el cual “tiene como uno de sus principales objetivos una mayor promoción y protección de los derechos humanos a lo largo de todo el país”. Gils Carbó explicó ante las autoridades de la CIDH que estos avances fueron producidos a partir de la creación de cinco procuradurías especializadas en delitos complejos “como el narcotráfico, el crimen económico, violencia institucional, la de trata de personas y la procuraduría de lesa humanidad”.

La funcionaria, en compañía de la representante ante la Organización de Estados Americanos, Nilda Garré, señaló además que estas procuradurías se vinculan con siete áreas especializadas que convergen en 27 coordinadores, fiscales de distrito encargados de ejecutar la política criminal “con acento tanto en el crimen organizado como en la protección de los derechos humanos”.

En ese sentido, una de las decisiones del ministerio fue transformar la unidad de derechos humanos en procuraduría de crímenes contra la humanidad, implicando esto en un “inmediato avance de los juicios” que al 2013 registran 520 personas condenadas, 1069 procesados y 14 juicios actualmente en trámite, con 267 imputados.

Gils Carbó destacó la creación de la procuraduría de violencia institucional, encargada de inspeccionar las cárceles en todo el país y de denunciar abusos y delitos ocurridos contra los detenidos, que con su accionar “está cambiando la configuración del tema carcelario” al “rescatar vidas y recuperando la dignidad de muchas otras” personas.
El objetivo del Estado de peticionar en esta oportunidad la audiencia sobre “procuración de justicia y derechos humanos en Argentina”, responde a que “podemos presentar el plan estratégico” luego de un año y medio de gestión, “pero también contar cuáles son los obstáculos que hemos encontrado” desde entonces, dijo la procuradora. Estas trabas son principalmente “las resistencias, los ataques, que han sufrido 40 fiscales ad hoc, que habían sido denunciados penalmente por haber aceptado esos cargos”, detalló.

La exposición ante la CIDH tuvo espacio también para establecer los desafíos del Ministerio Público Fiscal, entre los cuales figura “una dinámica de fortalecimiento para que sea más eficiente y los procesos más ágiles”. “Sabemos que para que esto pueda ser una realidad sería necesaria una reforma del Código Procesal Penal”, aclaró.