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El juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por el supuesto pago de sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral en abril de 2000, llegará a su fin el lunes próximo con el veredicto del Tribunal que lo juzgó durante un año y cuatro meses, proceso en el que está en duda el dictado de condenas, pese al pedido fiscal de seis años de cárcel para el ex mandatario.

El Tribunal Oral Federal N°3 está enjuiciando por cohecho a De la Rúa; al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; a los senadores Augusto Alasino, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo, todos del PJ. Y al arrepentido Mario Pontaquarto y al ex jefe de la SIDE de la Alianza, Fernando de Santibañes.

Para el lunes a las 10 están previstas las "últimas palabras" del ex senador del PJ Ricardo Branda y pasado el mediodía los jueces Miguel Pons, Fernando Ramirez y Guillermo Gordo darán a conocer el veredicto.

Los miembros del tribunal escucharon pedidos de penas de hasta seis años de prisión por parte de la fiscalía y hasta seis años y seis meses de la querellante Oficina Anticorrupción y de absoluciones por parte de los defensores.

Desde el inicio del juicio, el 14 de agosto de 2012, se ventiló el presunto pago de cinco millones de pesos en sobornos con dinero salido de la SIDE para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral en el Senado en abril de 2000, tras la confesión del ex secretario parlamentario de la Cámara alta Mario Pontaquarto, quien se autoatribuyó el rol de "valijero" en la maniobra.

A lo largo del debate no apareció ningún testigo directo que haya visto el dinero de los sobornos y la única que pudo haber cambiado esta situación, la ex esposa de Pontaquarto Silvina Costalonga, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el tribunal se negó a convocarla.

Según Pontaquarto, ella fue la única que vio los fajos de billetes que tuvo en su poder y que guardó durante días en su casa y trasladó luego a un hotel, hasta concretar el reparto del dinero la madrugada en que se aprobó la ley.

El jueves último, pese al corte de luz que hubo toda la mañana en los tribunales federales de Retiro, el Tribunal Oral Federal 3 dispuso continuar el debate y escuchó en penumbras y tomando notas a mano a los acusados ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y al ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique. Días antes habían sido las últimas palabras de Pontaquarto y De La Rua.

En los alegatos finales, la fiscal Sabrina Namer pidió seis años para el ex presidente y de Santibañes por "cohecho activo" y para Alasino, Tell y Constanzo por "cohecho pasivo", además de un año y seis meses en suspenso para Pontaquarto y las absoluciones de Branda y Flamarique.

Para Namer, De La Rua fue el garante de la maniobra que derivó en un escándalo institucional con punto culminante en la renuncia al cargo del entonces vicepresidente de la Nación Carlos "Chacho" Alvarez, aunque la causa penal avanzó recién en 2003 cuando Pontaquarto dio una entrevista a una revista donde contó su versión de los hechos y la ratificó luego en los tribunales federales de Retiro. Nueve años más tarde y con De La Rua procesado el caso llegó a juicio oral.

En su alegato final, la fiscalía entendió que, más allá de los dichos de Pontaquarto, durante la instrucción a cargo de Rafecas y del fiscal Federico Delgado se genero prueba.

"Se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", aseguró Namer sobre los cinco millones de pesos salidos de la SIDE, según la acusación.

La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia reclamó seis años y seis meses para De la Rúa y De Santibañes; cinco años y medio para los ex senadores Tell Alasino y Branda, un año para Pontaquarto y absolución de Flamarique.

Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución en sus alegatos finales y apuntaron hacia el arrepentido Pontaquarto, cuyo abogado Hugo Wortman Jofre también reclamó que sea absuelto al considerar que en la causa no pudo generarse prueba independiente más allá de sus dichos y pese a que el "arrepentido" ratificó todo en el debate.

De hecho hubo pedidos al Tribunal para que se ordene investigar penalmente al juez Rafecas, quien llevó adelante la investigación, en particular por parte de la defensa del ex titular de la SIDE. Y también se denunció a otro ex titular de la SIDE, Sergio Acevedo, porque para los acusados "preparó" la declaración del arrepentido Pontaquarto en 2003.

A lo largo del juicio, realizado por primera vez a un ex presidente por el pago de sobornos, pasaron decenas de testigos, entre ellos el ex vicepresidente Alvarez, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien presentó un escrito; entre decenas de funcionarios, legisladores, políticos y periodistas.