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En su despacho de la Fiscalía de Saavedra, el fiscal de instrucción suspendido, José María Campagnoli tenía un voluminoso archivo digital de fotografías. En su mayoría eran vecinos del Barrio Mitre. Incluso hay imágenes de chicos menores de 12 años y hasta de un bebé. Se trata de más de seis mil retratos que el funcionario judicial ordenó tomar de manera ilegal y utilizaba para inducir a los denunciantes en la identificación de los victimarios.

El fiscal Abel Córdoba, a cargo de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), se enteró de la existencia del archivo a partir del testimonio de funcionarios judiciales de la ciudad y presentó un escrito pidiendo el material. En el servidor de la fiscalía de Saavedra, bajo el nombre de Registro Completo, estaba alojado el archivo: pesa casi 5GB y contiene 6469 imágenes de 1500 personas.

Según publicó Página 12, Córdoba inició la investigación a partir del homicidio de Alan Tapia. El joven de 19 años fue asesinado el 16 de febrero de 2012 en su casa de Barrio Mitre. El policía federal del GEO, Pablo Valente le disparó a Alan en el estómago durante un allanamiento ordenado por el propio Campagnoli -en ese entonces a cargo de la fiscalía descentralizada de Saavedra- para buscar al hermano de la víctima. Los familiares reaccionaron contra los uniformados y terminaron esposados. Un fotógrafo retrató a cada uno de ellos.

Poco tiempo después del asesinato, a una mujer que había sufrido el arrebato de su reloj le mostraron un álbum de fotos y la mujer reconoció una: era la del padre de Alan. El hombre fue detenido.

En la rueda de reconocimiento, la mujer llegó a la conclusión de que la contextura física del hombre al que había reconocido en la comisaría no coincidía con la de aquel que le había arrebatado el reloj. El proceso judicial se anuló pero dejó una pregunta flotando en el aire: ¿de dónde habían salido las fotos de ese álbum?

Así se inició la investigación que desembocó en el hallazgo del archivo de Campagnoli. Córdoba remitió el material a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien deberá determinar las acciones a seguir.

La existencia de estos archivos también consta en un expediente judicial que tramita en la justicia federal de San Isidro. Ante el fiscal Fernando Domínguez, el diputado Leonardo Grosso y el legislador porteño Jorge Taiana de Campaña contra la violencia institucional,del Movimiento Evita presentaron una denuncia contra Campagnoli. Varios de los empleados de la fiscalía de Saavedra que declararon denunciaron maltratos por parte del fiscal suspendido. También se refirieron a la existencia del álbum de fotos.

Las fotos de menores

“Las leyes en este sentido son claras. El fiscal que exhiba un álbum de fotos de niños comete el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”, explicó el defensor público de menores de La Plata, Julián Axat (actualmente de licencia). El deber incumplido, en este caso, sería el que establece el artículo 22 de la ley nacional 26.061 que –en sintonía con la Declaración de los Derechos del Niño- prohíbe “exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes” de niños y niñas.

Muchas de las fotos que conformaban el archivo de Campagnoli eran de chicos y chicas menores de 12 años. En una de ellas, incluso, aparece un bebé en brazos de un hombre que parece ser su padre.

En la provincia de Buenos Aires están prohibidos los prontuarios de fotos

En la provincia de Buenos Aires la construcción de prontuarios de fotos está prohibida desde el año 2005. A partir de una presentación realizada por Axat, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias emitió una cautelar que prohibía las llamadas “carpetas modus operandi” confeccionadas en comisarías bonaerenses.

“La presentación se inició a partir del caso de un chico de una villa de La Plata que fue detenido por un robo. Lo acusaron a partir de una foto que le había tomado la policía cuando lo detuvo por averiguación de antecedentes”, explicó Axat. En el juicio quedó demostrado que el joven era inocente y que la víctima que lo había señalado lo había hecho inducida por la foto.

A partir de la resolución judicial, el entonces ministro de Seguridad y Justicia de la provincia León Arslanian hizo destruir todos los archivos existentes y estableció pautas legales para el uso de fotografías con fines investigativos. En la Ciudad de Buenos Aires no está reglamentado el uso de prontuarios de sospechosos.

Las fotos del escuadrón de la muerte

El ex sargento de la policía bonaerense “Beto” Hugo Alberto Cáceres era uno de los jefes del escuadrón de la muerte de Don Torcuato. En su casa había montado la agencia de seguridad clandestina Tres Ases que funcionaba como una comisaría paralela. Los vecinos le pagaban una cuota semanal a cambio de protección.

Hugo Beto llegó a juicio por el fusilamiento de Nuni Ríos, de 16 años. A partir de la declaración del periodista Ricardo Ragendorfer, la Justicia ordenó el allanamiento la central de operaciones del jefe policial. En una entrevista, Hugo Beto le había mostrado al periodista un "cuaderno Gloria, donde había pegado varias fotos de jóvenes, algunos muertos y otros en descampados, muchos con sus nombres y apodos escritos debajo". 

En el allanamiento encontraron –además de armas, chalecos antibalas y equipos de comunicación- los negativos de 60 fotos de jóvenes. Muchos de ellos aparecían golpeados o muertos. Uno de ellos era Nuni. Debajo de su foto decía: abatido.

Según reconstruyó la justicia, Cáceres y otro policía patrullaban en un auto de civil cuando se cruzaron con Nuni y un amigo. Con un pistolón de juguete el chico amenazó con robarles. Cuando se dio que cuenta que si víctima era el jefe policial intentó huir. Los uniformados lo encontraron en un garaje, escondido entre dos autos. Ahí nomás lo fusilaron de tres tiros. El último le dio en la cabeza. Los policías colocaron un arma junto al cuerpo y montaron una escena de enfrentamiento.

El 22 de noviembre de 2004 Beto Hugo fue condenado a 22 años de prisión.