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La defensa del fiscal José María Campagnoli, suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento, intenta ahora que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal acepte un amparo y lo reponga en el cargo. Apeló una resolución contraria dictada días atrás por el juez de primera instancia Pablo Cayssials. Espera que la Cámara intervenga para que deje sin efecto la suspensión. A Campagnoli le imputan no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar y transformar el objeto procesal de esa causa para avanzar con una pesquisa paralela a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán.

El defensor de Campagnoli es Ricardo Gil Lavedra. Pidió ayer nuevamente, esta vez a la Cámara, su restitución en el cargo hasta que se realice el juicio político en su contra por supuesto mal desempeño de sus funciones por irregularidades cometidas en una investigación.

Como en pocos días comienza la feria judicial de verano, para resolver, la Cámara deberá habilitar el receso. No se sabe si los camaristas de feria aceptarán tratar el caso durante el mes de enero, o si por el contrario, la cuestión pasará para febrero.

Campagnoli fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales en una causa en la que está acusado de presunto mal desempeño de sus funciones en un caso  en el que investigaba al empresario Lázaro Báez.

El fiscal fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora, a instancias de la procuradora General Alejandra Gils Carbó, por haber modificado el objeto de la causa en la que Báez pasó de denunciante a imputado en violación a las reglas procesales, según la acusación contra el fiscal.

En cambio, Campagnoli denunció una persecución por investigar a Báez y pidió a la su restitución en el cargo.

Si la Cámara Contencioso Administrativo habilitara la feria judicial para tratar el pedido de Campagnoli, quedará a cargo la Sala III conformada por los camaristas Sergio Fernández, Carlos Manuel Greco y Jorge Argento. En caso de que la Cámara considere que no hay fundamento para la habilitación de feria, la cautelar se resolvería en febrero.

La acusación contra el fiscal

La primera imputación contra Campagnoli refiere a la modificación del objeto procesal y el incumplimiento del deber de investigar en una causa que involucraba al financista Federico Elaskar.

Otra de las imputaciones se refiere a la utilización arbitraria de los recursos a su cargo. “El fiscal involucró en su investigación a la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). Cualquiera sea el objeto procesal que pretendiera investigar —administración fraudulenta, extorsión o lavado de activo— era claro que no se perseguía una hipótesis de autores ignorados, de modo que la intervención de la SIPE fue injustificada”, señalaron desde Fiscales.gob.ar.

A estas denuncias se sumó en los últimos días una presentación realizada por el diputado nacional Leonardo Grosso: acusa a Campagnoli por casos de violencia institucional registrados en el Barrio Mitre. Esta denuncia no se incorporó al expediente, pero podría acumularse en el futuro.

Los reproches contra Campagnoli también incluyen la violación de secretos. De acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas. En palabras del Consejo, “los fines de tal difusión se encuentran en pugna con el de lograr el éxito de una investigación criminal, porque si se difunde a la prensa un dictamen donde se anuncian cuáles son las medidas a realizarse fácil es colegir que los imputados tomarán noticia de eso y arbitrarán los recaudos necesarios para que no se pueda descubrir lo que estas medidas pretenden”.