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A lo largo de la historia, las comisiones por la verdad fueron un intento de las sociedades y los Estados por transitar desde un período traumático, generalmente teñida por la violencia política institucional, hacia nuevas sociedades que persiguen la paz social. Según la definición del jurista francés Louis Joinet, estos cuerpos son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

Desde 1974 se han creado más de treinta alrededor de todo el mundo. En noviembre pasado por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a un grupo de expertos para investigar la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. Desde su nacimiento hasta hoy, las comisiones por la verdad fueron modificando sus formas, su naturaleza y su influencia para buscar esclarecer los hechos y lograr justicia. Aquí, un repaso por algunas de las que tuvieron un rol significativo.

Argentina: la Conadep

En la década del ’70, en la mayoría de los países latinoamericanos surgieron movimientos guerrilleros insurgentes. También se produjo un proceso político y gremial de ampliación de derechos y de mejoras en las condiciones laborales y salariales. Ese movimiento tuvo una reacción: las dictaduras militares que pusieron en marcha una feroz represión. Hacia mediados de la década del ’80, los Estados implementaron investigaciones oficiales para determinar el saldo de la masacre y las violaciones a los derechos humanos. El primer antecedente continental fue la Comisión Nacional de Desaparecidos Bolivia en 1982 y un año más tarde se creó en Argentina la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que se convirtió en una de las más importantes porque su trabajo sirvió como corpus para la acusación a los militares ante la justicia penal.

Cinco días después de asumir el gobierno, el presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 87/83 y creó la Conadep, que presidió Ernesto Sábato e integraron otros trece notables. “Aunque las acusaciones y los juicios iban a estar limitados a aquellos que ordenaron la represión o la ejecutaron con excesiva crueldad –quedando eximidos los oficiales de menor rango y los soldados que estrictamente obedecían órdenes-, la CONADEP debía proveer de un relato lo más exhaustivo posible de las ‘desapariciones’, el método preferido por los militares para disponer de los percibidos como enemigos”, escribió el investigador de la New York University (NYU), Greg Grandin, en “Las instrucciones de las grandes catástrofes: Comisiones por la verdad, historia nacional y formación del Estado en Argentina, Chile y Guatemala”.

Entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984, la comisión recopiló miles de testimonios y visitó cientos de tumbas clandestinas y centros de detención y tortura. En noviembre de ese año, presentó su informe final, en el que documentaba la desaparición de 8.960 personas. Al concluir su trabajo, la comisión entregó 1.086 casos a la justicia y recomendó al gobierno crear una oficina permanente para recibir nuevas acusaciones. Aquél dossier, en el que se narraban las atrocidades cometidas por el horror militar, sirvió como base para recuperar los relatos de las víctimas que desfilaron por el estrado durante al Juicio a las Juntas Militares.

Esta tarea de la Conadep fue rescatada al momento de discutir el rol de la Comisión por la Verdad que se crearía en el marco del Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán. Uno de los argumentos de la Cámara Federal porteña para declarar la inconstitucionalidad de ese documento fue una supuesta intromisión de la futura comisión en un trabajo que correspondía a la justicia argentina. En la audiencia pública del martes pasado, ante la Sala II de la Cámara de Casación Penal, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, reflotó el papel del cuerpo creado por Alfonsín para echar por tierra el argumento.

“La Conadep, hasta la presentación de su informe, cumplió cometidos de naturaleza cuasi instructoria incluso más amplios que los que el Memorándum le asigna a la Comisión por la Verdad”, introdujo. Recordó que en aquella ocasión, “la propia Cámara Criminal y Correccional Federal –por supuesto que con otra composición- en la histórica causa N°13/84, al igual que la Corte Suprema, descartaron entonces que la labor cumplida por la Conadep hubiera lesionado principio, garantía o derecho constitucional alguno”. Y al final de su intervención, remató: “Igual criterio corresponderá adoptar en el presente caso”.

El giro hacia la “reconciliación”

En otros países latinoamericanos, los gobiernos militares y sus aliados salieron más fortalecidos y lograron imponer la impunidad de sus crímenes a cambio de una ilusoria cohesión social. En esos casos, las Comisiones de la Verdad se alejaron de las pretensiones de justicia y quedaron en la esfera de las emociones. La “reconciliación” quedó por encima de la justicia.  

Fue el caso de Chile. La dictadura que encabezó Augusto Pinochet terminó el 11 de marzo de 1990, después de 17 años de represión estatal. Poco más de un mes después, el presidente Patricio Aylwin creó por decreto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como la Comisión Rettig.

En Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue inaugurada el 13 de julio de 2001 y presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En agosto de 2003, el informe listo sobre las violaciones a los derechos humanos -entre 1980 y 2000- concluyó que durante los años de guerra murieron unas 70 mil personas, de las cuales más de 20 mil fueron víctimas de las Fuerzas Armadas.

En Guatemala, la dimensión del horror que alcanzó el genocidio (1958-1994) quedó plasmada en los doce volúmenes del impresionante informe “Guatemala. Memoria del Silencio”, que redactó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH). La investigación, que demoró cinco años y recolectó más de 8.000 testimonios, concluyó que los militares cometieron 626 masacres y fueron responsables del 93 por ciento de los abusos a los derechos humanos, incluidos 200.000 asesinatos políticos. Además, responsabilizó a la guerrilla por el 3 por ciento de las violaciones a los derechos humanos y 32 masacres. Sin embargo, aquel diagnóstico aún está lejos de reflejarse en los tribunales. En mayo de 2013, el exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Dos semanas después, la condena fue anulada por defectos de forma en el proceso y se ordenó un nuevo juicio.

El Comité de Iglesias paras Ayudas de Emergencia (CIPAE) de Paraguay publicó en mayo de 1990 el informe “Paraguay: Nunca Más”. El saldo: 360 mil personas en las cárceles de Alfredo Stroessner, y un millón y medio de paraguayos empujados al exilio.

En octubre de 2011, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, creó una Comisión de la Verdad que está investigando torturas y asesinatos durante la dictadura militar (1964-1985). La Comisión no podrá castigar a los responsables, beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

En África

Al menos un tercio de las comisiones de la verdad que han sido creadas en el mundo fueron en el continente africano, uno de los más castigados por la violencia política.

La primera fue en Uganda, tercera en el mundo después de la argentina y la boliviana. Se llamó Comisión de Investigación sobre la Violación de Derechos Humanos y fue creada en 1986 por el Ministerio de Justicia. Presidida por un juez, investigó las violaciones de derechos humanos entre 1962 y 1986. Sin embargo, no tuvo recursos y le costó funcionar. Presentó su primer informe a los nueve años cuando el interés por el tema había perdido peso en la agenda política del país.

En 1991, se creó la Comisión Investigadora de Crímenes y Malversaciones Cometidas por el ex presidente de Chad Hissène Habré, que gobernó el país entre 1982 y 1990. Tuvo falta de apoyo institucional y tomó las entrevistas a las víctimas en un antiguo centro de detención, pero fue el primero de la región en señalar responsabilidades individuales.

En 1995, emergió la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (TRC). Tuvo varios aspectos novedosos: fue la primera en el continente que incluyó explícitamente el objetivo de la reconciliación. Además, permitió la participación popular en la selección de sus miembros, tuvo varias oficinas regionales, un presupuesto anual de muchos millones de dólares y un numeroso equipo interdisciplinario. Además, tuvo poder para confiscar y ordenar arrestos. Y uno inédito: podía otorgar amnistías.

LB/PW