Escuelas judiciales de todo el país, de la región y de España participaron de las Primeras Jornadas Iberoamericanas de Capacitación Judicial en Paraná. Alejandra Gils Carbó, Stella Maris Martínez, la directora nacional de Infojus María Paula Pontoriero y otras voces destacadas de los sistemas judiciales.
Las Primeras Jornadas Iberoamericanas de Capacitación Judicial se realizaron en Paraná ayer y hoy, con la participación de integrantes de Ministerios Públicos, Cortes y Superiores Tribunales provinciales de todo el país, y de los poderes judiciales de Colombia, Costa Rica, España y Chile. El objetivo del encuentro: debatir y compartir experiencias para la integración y el intercambio entre las diferentes escuelas judiciales y centros de capacitación, a fin de brindar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos. “Es muy importante participar y colaborar activamente en la organización de un evento que nuclea a todas las escuelas de capacitación judicial, no solamente de la República Argentina sino de toda Iberoamérica, porque el Ministerio de Justicia está muy comprometido con acercar la información jurídica, fomentar el estudio y la investigación del Derecho. Y naturalmente, los operadores judiciales son parte de nuestros usuarios naturales”, destacó María Paula Pontoriero, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El ministerio fue uno de los organizadores de las jornadas, junto con el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y su Instituto de Formación Judicial Juan Bautista Alberdi.
“Éste es un año muy particular, en el que va a entrar en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial, que viene a traer muchas modificaciones en la estructura jurídica del derecho privado -dijo Pontoriero-. Desde el Ministerio de Justicia vamos a estar colaborando de común acuerdo con la Junta Federal de Cortes para llevar a todas las jurisdicciones del país una capacitación homogénea y uniforme".
“Mejorar el servicio de justicia para las comunidades”
Las jornadas se realizaron en el octavo piso de un hotel en las barrancas del Parque Urquiza de Paraná. Al dar la bienvenida a los presentes, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Claudia Mizawak, destacó el hecho de que hoy "ya nadie discute la necesidad de la capacitación dentro de los poderes judiciales”. Y remarcó los desafíos pedagógicos y políticos que entraña la formación, así como la necesidad de una apertura e intercambio entre las provincias, en función de los rasgos que caracterizan a cada una de ella.
Mizawak planteó la importancia de evaluar el impacto social de la capacitación. Habló de "una medición del mejoramiento del servicio de justicia que sirva a las comunidades. Debemos trabajar en investigaciones sistemáticas controladas para que cada día el servicio de justicia llegue a los más vulnerables”.
La vocal del STJ de Entre Ríos y presidenta del Instituto Juan Bautista Alberdi, Susana Medina de Rizzo, celebró que el mismo cumple 20 años desde su creación y enfatizó: "La capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento personal pero también de fortalecimiento institucional y de transformación. Nosotros, los jueces que tenemos en nuestras manos valores como la vida, el honor, la propiedad, el presente y el futuro de los ciudadanos, no podemos dejar de lado la capacitación, para prestar cada día un mejor, más eficaz y eficiente servicio de justicia”.
“El acento en la función social del derecho”
En el panel sobre la Escuela de Servicio de Justicia (ESJ) del Ministerio Público de la Nación, disertaron las codirectoras: Alejandra Gils Carbó (procuradora general de la Nación) y Stella Maris Martínez (defensora general de la Nación). Gils Carbó remarcó que la capacitación judicial implica no dejar absolutamente la formación en las universidades. “Para nosotros la justicia es la respuesta a la injusticia, y eso implica conocer el fenómeno civil y criminal de los delitos, y el fenómeno social de las víctimas y de la comunidad”, dijo la titular del Ministerio Público Fiscal. Además, contó que “en la Escuela de Servicio de Justicia quisimos apartarnos del modelo normativista y buscar que la enseñanza se centre en el compromiso social, con el otro, que debería ser el norte de la función judicial. La ESJ busca un modelo de justicia que ponga el acento en la función social o humana del derecho”, con el objetivo de “incidir directamente en el servicio de justicia”.
Gils Carbó también se refirió a un aspecto central de la capacitación de fiscales: la formación práctica. Su falta, advirtió, “puede atentar en el éxito de las investigaciones, porque se delega en la Policía”. En este sentido Gils Carbó dijo que “los modelos de capacitación académicos han formado fiscales de escritorio, ajenos al territorio, y esto produce una deformación de la política criminal”. La Procuradora destacó el programa de entrenamiento y prácticas fiscales de la ESJ. Por otro lado, valoró el “enfoque iberoamericano” de las Jornadas, ya que los países de Iberoamérica “tenemos desafíos comunes, como la igualdad y la superación de las discriminaciones”.
Conocer lo que ocurre en las distintas escuelas
Luego la titular del Ministerio Público de la Defensa destacó el impacto positivo de una mayor y más federal capacitación judicial. “Durante mucho tiempo no se tenía en cuenta esta tarea tan importante y se dejaba la capacitación en manos de las universidades. En lugares como Buenos Aires había mucha oferta, y en el interior la oferta no era la misma. Ahora que se ha puesto en crisis este modelo educativo, y que todos los poderes judiciales y los ministerios públicos asumimos la obligación de capacitar a los magistrados, funcionarios y empleados, es muy importante el encuentro, la interactuación, el conocimiento de lo que ocurre en las distintas escuelas”, dijo Stella Maris Martínez. Y coincidió en la importancia que tuvo la ESJ para superar los "modelos mecanicistas de capacitación”, contrastándola con la realidad de las carreras de Abogacía de las universidades, con el fin de “poner la lente en la relación entre la Justicia y la sociedad”.
Infojus: pasado pionero, presente con metas cumplidas y desafíos a futuro
Durante el primer día de las jornadas, María Paula Pontoriero, reseñó la historia del Sistema Argentino de Información Jurídica, desde sus comienzos en la década del 80. En aquel momento inicial, fue “una respuesta del estado nacional a un desafío ligado a una época en la cual las tecnologías de la información empezaban a meterse en el modo que se brindaba la información jurídica”. Su exposición analizó el presente de Infojus y los proyectos a futuro, con el objetivo de fortalecer una política pública donde el derecho esté al alcance de todos, tanto los operadores de la Justicia como de la comunidad.
Pontoriero relató que durante varios años el organismo no formó parte de las políticas públicas. Como consecuencia, “todo ese apogeo que tuvo en el tratamiento de las fuentes del derecho fue quedando opacado y restringido, porque no formaba parte de las políticas públicas como estrategia fundamental de brindar acceso a la información jurídica”.
Infojus: haciendo historia
El Sistema tuvo su resurgimiento a partir de 2011. “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, la presidenta dictó un decreto a través del cual estableció prioritario y estratégico brindar un acceso libre y gratuito de la información jurídica”, dijo la directora de Infojus. Y agregó: “Se cambió el paradigma de la forma de servicio, se cambiaron las visiones y se ampliaron la funciones. Comenzamos poniendo en línea un nuevo servicio, tomando como antecedentes la base de datos del SAIJ, actualizándola, fortaleciéndola, complementándola y empezando a dotarla de nuevos contenidos”, describió.
El primer punto fue “brindar un acceso libre y gratuito a la información”, y así comenzó un nuevo camino revinculándose con los operadores jurídicos, concentrando la información jurídica, dotándola de análisis, tratamiento e interrelación. “Nuestra base de datos hoy tiene más de 900.000 documentos, contiene legislación, jurisprudencia y doctrina tanto a nivel nacional como provincial, con un tratamiento documental, con sumarios, con la consolidación de legislación, con la interrelación de las fuentes del derecho entre sí”, dijo Pontoriero.
El sello editorial
En la reseña histórica, enumeró la entrega del digesto jurídico en 2011, el boletín de novedades jurídicas (hoy llega a 62.000 personas diariamente), una página web “intuitiva y amigable”, los Centros de Consulta de Infojus (hay 30 en todo el país) para volver a tener presencia local. Las redes sociales permitieron una forma de interacción con los destinatarios de la información.
En 2012 comenzaron las reuniones con decanos de facultades de abogacía para insertarse en las universidades, y como consecuencia surgió el sello editorial Infojus, “con cinco revistas de periodicidad trimestral, cada una de ellas para que se enfocara en una de las ramas del Derecho: penal, público, filosofía del derecho, laboral y privado (…) convencimos a juristas, a académicos reconocidos, para que pudieran dirigirlas, y consideramos que debíamos conformar grupos externos al Ministerio, que estuvieran constituidos por dos o tres directores, con pensamientos y viniendo de extractos diferentes, de líneas doctrinarias y políticas.Fue una gran apuesta”. Luego se agregaron las revistas de Derechos Humanos y de Discapacidad, Justicia y Estado. “Tenemos tiradas de12.000 ejemplares y al día de hoy llevamos editados y distribuidos más de medio millón”, destacó Pontoriero.
También se convocó a investigadores de universidades de todo el país, y se recibieron 89 proyectos, con más de 700 participantes. Finalmente, los comités de selección determinaron que 62 proyectos estaban en condiciones de ser financiados, y hoy se encuentran más de 500 personas trabajando en estas investigaciones. El 96 % de las universidades nacionales presento por lo menos un proyecto.
Para llegar a la comunidad
En 2013 “creamos una agencia de noticias (Infojus Noticias), nuestro primer puntapié inicial para llegar a la comunidad en otro idioma, más llano, que no necesariamente requiera tener una formación jurídica previa para comprenderlo, contó Pontoriero”.
Hoy Infojus está trabajando además en la biblioteca digital, “que está muy relacionado con poder generar una actividad que tienda a proteger el patrimonio cultural y jurídico, el patrimonio histórico”, valoró la directora. Y agregó que uno de los grandes desafíos de este año es “traducir las leyes fundamentales para la vida ciudadana en un lenguaje liso, llano y claro”.
Administrar justicia de forma más humana
Entre los participantes de las Jornadas estuvo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Zarela Villanueva Monge -que disertó sobre la capacitación en género-, y dijo a Infojus Noticias: “Los poderes judiciales en Iberoamérica tienen una meta muy clara: administrar justicia de forma más oportuna, más humana, constituyéndose los poderes judiciales en factores de desarrollo. Esa es la idea y es lo que nos une. De acuerdo a las realidades, cada uno camina hacia eso. Poderes judiciales eficientes, que respondan a la sociedad y que tengan credibilidad y confianza en la solución de los conflictos”.
Su colega y compatriota Julia Varela Araya, vocal de la Sala Social de la Corte costarricense, participó en un panel sobre “Uso de tecnologías para un mayor impacto cuantitativo de la capacitación”. “Venimos a contarles de qué es lo que hemos hecho en el Poder Judicial, tanto institucionalmente a través de la Escuela Judicial, como a través del Departamento de Gestión Humana. Se han hecho muchísimos esfuerzos a través de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y estamos tratando de fomentar la capacitación en línea, porque eso tiene altos beneficios, en costos y en tiempo”, dijo a Infojus Noticias.
Al finalizar las Jornadas, la presidenta del STJ de Entre Ríos Claudia Mizawak, firmó convenios con la Escuela del Consejo General del Poder Judicial de España, la Corte Suprema de Costa Rica, la Academia Judicial de Chile y la Escuela de Servicio de Justicia de la Nación.
El acto de clausura estuvo a cargo de las autoridades provinciales y nacionales mencionadas, además de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco.