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En La Plata, los trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), debatieron hoy cuál es la vía más ágil y eficaz de resolver las amenazas cotidianas, a veces triviales y otras urgentes, de los bonaerenses que no la tienen fácil para llegar hasta una defensoría, un gabinete psicológico, un centro de documentación o los fríos pasillos de Tribunales. Por eso, en cuatro paneles que se desarrollaron a lo largo de todo el día en el edificio anexo de la Cámara de Senadores, los responsables de diferentes organismos bonaerenses –PAMI, Instituto de Previsión Social, la delegación de Anses- explicaron la especificidad de sus labores y ofrecieron canales directos para, a través de estas oficinas públicas territoriales, estar más cerca de la gente.

Los CAJ son novedosa red de oficinas públicas barriales que se puso en marcha con el decreto 1755/08, cuando se creó la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, la estructura administrativa que las contiene. Su objetivo madre es el de “promover, facilitar y fortalecer el Acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos”. Hoy, sin embargo, hubo definiciones mucho más concretas y coloquiales. “El CAJ es como esa cajita en la que tienen que ver todas esas manos, las suyas, que tenemos que dar a conocer a todos esos organismos, y lograr que internalicen que formamos parte de ellos”, dijo la diputada provincial de Junín Rocío Giaccone, durante la mesa inaugural, dirigiéndose al auditorio colmado por trabajadores de los centros.

Desde su puesta en práctica, los CAJ son un éxito: la gente acude, algunos días sin tregua, con dudas muy variadas, inquietudes y urgencias. Hasta el momento hay 58 en todo el país, 17 de los cuales están en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros lo que hacemos, en general, es recibir clasificar y derivar. Muchas veces cuando son materias penales a las defensorías oficiales. Pero a veces hacemos acompañamiento. Tenemos muchos casos de violencia de género, y hasta hay veces en que acompañamos a las mujeres a su casa con la orden de exclusión para el hombre”, ejemplificó a Infojus Noticias Macarena, una abogada que trabaja en los CAJ de La Plata.

La jornada de capacitación dio lugar a un doble movimiento. Por un lado, para que los responsables de los organismos de políticas públicas se explayaran sobre los recovecos burocráticos de sus oficinas, que muchas veces abruman con tecnicismos a los vecinos más humildes. En ese caso, la tarea de los trabajadores del CAJ es ser el puente entre el Estado y los barrios. “Estamos acostumbrados a decir que nadie puede respetar de derechos que no conoce. Pero nadie tampoco puede ejercer derechos que no conoce. Y esa es una tarea importantísima de ustedes”, dijo a su auditorio María Florencia Franchini, la directora provincial de Tierras, que se explayó sobre uno de los problemas actuales más acuciantes.

“Si en los lugares donde ustedes trabajan, hay muchas familias viven en un predio, para tener la titularidad de esas parcelas hay que hacer previamente un plano. Por ahí podemos trabajar entre todas las familias para hacerlo, y una vez que está inscripto, les quedaría hacer un trámite individual para tener el título regular”, explicó la funcionaria.

Pero un segundo efecto de la jornada fue que los técnicos de cada organismo pudieron dimensionar la eficacia que a veces tienen los CAJ en la intimidad de las barriadas. “A mí me gusta hablar con los operadores de los CAJ –dijo Inti Pérez Aznar, jefe regional de la delegación Conurbano II del Anses-. El otro día, uno de ellos vino shockeado porque había atendido a una chica que pidió una Asignación Universal por un hijo que había sido producto de una violación. Si no hubiera existido el CAJ, difícilmente esa persona hubiera ido a contarlo a la Anses”, destacó.

Por la tarde hicieron lo propio cuatro mujeres, referentes de programas para el acceso de derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. “La mayor cantidad de egresos hospitalarios por abortos tienen lugar entre mujeres de 15 y 24 años”, informó la coordinadora del Programa provincial de Salud sexual y Procreación responsable de la provincia de Buenos Aires, Marisa Matía y coincidió con Lidia Tundidor, coordinadora del Programa provincial de prevención y atención de la violencia familiar y de género del Ministerio de Salud provincial, en que “se debe evitar la judicialización de los caso de abortos no punibles (algo ya fijado en el Código Penal y confirmado por la Corte Suprema)”. Antes la coordinadora de la línea telefónica gratuita 144 del Consejo de la Mujer, Carla Manzo, destacó que cuenta con información y formación para asistir a mujeres víctimas de violencia en todo el país. Este panel cerró el encuentro, pero tuvo como el anterior, el fin de brindar herramientas a los trabajadores de los CAJ para hacer su trabajo.

El funcionamiento de los CAJ en la provincia