Complejo Soldati: allanan oficinas del Instituto de la Vivienda porteño
Lo ordenó la jueza Patricia López Vergara, en el marco de un amparo presentado por vecinas del complejo, en 2011, porque el Gobierno porteño no cumplía con la ley 623, que había declarado la emergencia edilicia del edificio, donde el viernes pasado murió un chico al caer de un sexto piso por el desprendimiento de una baranda.
Fotos: Charo Larisgoitía.
Tras la muerte de Cristian en Soldati, la jueza Patricia López Vergara intimó al gobierno porteño a que explicara por qué incumplió dos sentencias judiciales que datan de 2011 y 2014. En el marco de esta causa, la magistrada estuvo esta tarde en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Se llevó informes y expedientes vinculados al Complejo habitacional de la zona sur de la Ciudad. “Vamos a comparar los informes periciales de 2011 y 2014” dijo a Infojus Noticias la titular del Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Antes de llevarse estos documentos, la jueza había pedido a la gestión de Mauricio Macri que se informe al Tribunal el grado de ejecución de las obras ordenadas por manda judicial. En el Juzgado de López Vergara radica desde 2009 una denuncia, encabezada por los vecinos, por la situación edilicia. Esa causa tuvo una resolución de primera instancia y una ratificación en la Cámara de Apelación. En esos dos fallos la Justicia condenó al Ejecutivo y al IVC e instó a que se hicieran las obras necesarias.
En los últimos años hubo múltiples alertas sobre el estado de situación del complejo habitacional más grande del sur porteño. Escaleras sin escalones, balcones con barandas deterioradas, mampostería en el piso, departamentos en los que de las canillas no sale agua caliente, edificios sin luz ni gas: todo se esconde bajo la pintura de colores pasteles con la que fueron pintadas las viejas estructuras del edificio. El viernes pasado, Cristian, Nihuel y Gastón jugaban en el descanso del sexto piso del nodo 8, la baranda oxidada cedió y cayeron al asfalto del patio interno. Cristian murió a las dos horas y sus dos amigos se encuentran internados en estado grave.
Son doce nodos con edificios de diferentes alturas que albergan alrededor de 100.000 habitantes en 3.200 departamentos, construidos en la década del ´70.
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Una ley y dos fallos judiciales que no fueron cumplidos
En 2001 la ley 623, votada por la legislatura porteña, declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati. El artículo 9 dispuso que el Poder Ejecutivo debía adoptar las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras de infraestructura y saneamiento ambiental. Ante el incumplimiento, María Eugenia Andicoechea y Mirta Susana Corpache promovieron una acción de amparo en 2009 contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La causa detalla el estado del Edificio 14 (ex 8 a), nudo 10 –donde murió Cristian -y Edificio 18 (ex 13) nudo 10.
El amparo de Andicoechea tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6, en ese momento el juez Hugo Zuleta estaba subrogando. La Asesoría de Menores nº 1 a cargo de Gustavo Daniel Moreno acompañó la acción judicial en representación del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. El 27 de diciembre de 2011, en primera instancia, el Juzgado ordenó a la gestión de Mauricio Macri a efectuar la totalidad de las obras en cumplimiento de la ley 623. El gobierno porteño apeló a la sentencia y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC. Moreno volvió a acompañar a las vecinas querellantes y puntualizó sobre peligro de la vida y la salud de los habitantes del lugar. El gobierno no apeló y el fallo quedó firme.
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La denuncia por la muerte de Cristian
“Los funcionarios no hicieron lo que debían y lo que la ley y la sentencia judicial los obligaba”, dice la denuncia penal que presentó el asesor tutelar Gustavo Moreno ante la Fiscalía Criminal de Instrucción nº1, subrogada por Estela Gloria Andrades. La fiscal investiga la muerte de Cristian y las heridas a sus dos amigos después de que cayeran del sexto piso de uno de los edificios del Complejo Urbano Soldati la semana pasada. Los chicos jugaban en el descanso, se apoyaron en una baranda oxidada que cedió y cayeron al vacío. Moreno pidió que se investigue por “omisión” a los funcionarios responsables del mantenimiento de los monoblocks.
La presentación, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, responsabiliza penalmente al titular Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Emilio Basavilbaso y a directores del organismo con funciones ejecutivas (Iván Kerr, Roberto Alejandro Fernández, Martín Gonzalo Garcilazo), como también a los funcionarios con competencia específica en el ámbito del Instituto, tal como el gerente general Gonzalo Estivariz Barilati, la coordinadora general de Obras y Servicios Claudia Penna, y el gerente técnico Oscar Castro. Además, pone el foco en la Jefatura de Gobierno porteña. “Entiendo que la posibilidad efectiva y cierta de que ocurriera la muerte de un adolescente y las lesiones gravísimas a otros dos menores de edad, era absolutamente previsible para el Poder Ejecutivo local” expresa.
Según el escrito de Moreno, el gobierno porteño incumplió una ley y dos fallos judiciales. En 2001 la ley 623, votada por la legislatura porteña, declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati. En 2011, en primera instancia, tras un amparo judicial de los vecinos el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 ordenó a la gestión de Mauricio Macri a efectuar la totalidad de las obras en cumplimiento de la ley 623. El gobierno porteño apeló a la sentencia y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC y, a su vez, ratificando el reclamo de un cronograma de obras.
La denuncia que alertó el peligro
“Les atribuyo responsabilidad penal por conductas que estaban ordenadas y que teniendo capacidad para llevarlas a cabo, intencionalmente, no la realizaron, con el consecuente perjuicio a mis representados”, señala el escrito. Moreno representa como asesor tutelar ante la Cámara Contencioso Administrativo a María Eugenia Andicoechea y Mirtha Corpache, quienes denunciaron ante la Justicia en 2009 el peligro que implicaba para la salud y la vida de sus hijos el deterioro de dos edificios puntuales del Complejo, uno de ellos era donde cayeron los chicos.
“La comprobación del delito por omisión es muy sencilla por cuanto los funcionarios recibieron alertas precisas del Ministerio Público Tutelar y de los jueces intervinientes, con basamento en informes técnicos que no solamente no fueron impugnados en el proceso de amparo, sino que sirvieron de sustento fáctico a la pretensión del Ministerio Público Tutelar como a las decisiones judiciales. Los funcionarios del Instituto de la Vivienda omitieron actos propios de su función desobedeciendo una sentencia judicial, habiendo tenido la posibilidad de actuar en el ámbito de sus funciones” desarrolla.
La presentación recuerda que en el expediente encabezado por Andicoechea como denunciante hay un informe pericial de la Superintendencia Federal de Bomberos que expone el “riesgo de colapsos y desprendimientos de material, de electrocución e incendio, riesgo de precipitación, cortes y golpes, riesgos de explosión, emanación de gas natural y monóxido de carbono”. Asimismo explicita que “el deficiente estado de los ascensores deriva en riesgo de caídas, cortes, electrocución, incendio, aprisionamientos y atrapamientos de personas”.
MFA/LC
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Las apps para pedir taxis deben adecuarse a la legislación vigente
