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Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) determinó que al día de hoy son 297 los civiles investigados por delitos de lesa humanidad. Representan el 13 por ciento del total de los 2.239 imputados. Los funcionarios del Poder Judicial conforman el 20 por ciento de los civiles investigados. El documento cuestiona que la Justicia siga considerando que su participación no fue "orgánica". "Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba", aporta el informe. En ese sentido, el CELS sugiere que "el juicio que se realiza actualmente en Mendoza" podría ser "una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo".

Los tipos de civiles acusados incluyen desde funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, hasta empresarios y apropiadores de menores. El informe plantea que si bien "se profundizaron las investigaciones" sobre los civiles, "la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad". Cita el caso de siete sacerdotes implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno está condenado. También indica que es "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia, siendo los más cercanos al aparato clandestino de represión. "En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, pero en cuatro años no fue analizado aún en detalle. En la actualidad, son 70 los investigados por la Justicia", dice el informe.

Según se indica, fueron relevantes los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron, lo que dejó como resultado que en 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas hayan avanzado, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos, o el caso de Acindar, que comenzó a dar señales de movimiento. Sin embargo, otras causas permanecen estáticas, como Mercedes Benz. Por ello, dice el informe, la experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, serían claves para analizar el rumbo de estos casos. "La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país", concluye.