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El superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Pedro Biscay, y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, señalaron la importancia de que avancen las causas judiciales contra los responsables civiles de la última dictadura. "Las resoluciones de las últimas semanas, donde se definió la falta de mérito de Vicente Massot, Pedro Blaquier y Héctor Magnetto, muestran que están siendo protegidos por un sector de la Justicia", dijo Biscay.

"La discusión sobre el sistema financiero exige pensar la disputa frente a políticas neoliberales, pero también la permanencia, de un modo inmanente, de las razones neoliberales", afirmó Biscay durante la exposición que compartió también con el titular de la UIF, José Sbattella.

Las exposiciones se dieron en la mesa sobre "El sector económico-financiero y su participación en violaciones a los derechos humanos". El marco: la jornada "Los derechos humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras", organizada por el Banco Central. El cierre estará a cargo del titular de la entidad, Alejandro Vanoli. El funcionario dará a conocer las actas secretas del directorio de la entidad que revelan cómo la dictadura aumentó la deuda externa. En la jornada participan también especialistas y representantes del Estado a cargo de investigar la participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

"El Banco Central es un escenario de disputa porque tiene la tarea de distribuir el excedente a partir de la tasa de interés", agregó Biscay y consideró que una "deuda pendiente" es reformar la Ley de Entidades Financieras, de 1977. Verbitsky coincidió con Biscay sobre la existencia de "poderes que continúan" y detalló las relaciones entre empresas y dictadura.

"Hubo banqueros que fueron torturados en Campo de Mayo y fueron desposeídos. Los torturadores fueron asistidos por personal de la Comisión Nacional de Valores. Eso se narró en los juicios de 1985", dijo Verbitsky. Y subrayo: "Si bien se juzgó a militares, son mayores las dificultades para avanzar cuando se trata de autoridades civiles, eclesiásticas o empresarias. Son poderes que continúan. Y no sólo resisten esos castigos sino que atacan al gobierno que retomó las riendas del Estado al servicio del pueblo que lo eligió y no al servicio de los poderes permanentes".

A su turno, Sbattella detalló las complicaciones para avanzar en los casos de lavado de dinero de los grupos de tarea de la ESMA o el caso de Jorge Vildoza, prófugo de la justicia y ex administrador de un casino en Sudáfrica bajo la firma American Data. "Allí ingresaron dinero del robo de bienes. Lo administran quienes figuran como su hijo y su yerno. Esa empresa controla los casinos Oshowia y Casablanca, en Tierra del Fuego”, detalló.

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