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Con más de 40 modificaciones al proyecto original, el Senado aprobó hoy el nuevo texto del Código Procesal Penal, que propone el reemplazo del actual sistema inquisitorio por el acusatorio. La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, sumó 39 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. La votación se produjo después de un debate que se prolongó durante casi un mes en el que se realizaron seis audiencias públicas, donde opinaron más de 35 juristas y especialistas en la materia.

“Se la pasaron hablando de temas que fueron quitados del proyecto como lo del conflicto social para definir la prisión preventiva. Es un problema de visualización de los problemas de la sociedad, siempre están lejos”, dijo el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, al iniciar el discurso de cierre del debate. Estaba molesto y se le notaba, no aceptó ninguna interrupción de los senadores de los bloques opositores. A su lado, Aníbal Fernández, ya había intentado frenar las críticas sistemáticas al proyecto original, que había sido modificado en el dictamen de mayoría, que fue el que se impuso pocos minutos después, cuando Pichetto terminó de hablar.

La sesión había comenzado poco después del mediodía. “Estamos arribando a dejar atrás un sistma procesal penal de carácter inquisitivo para pasar a un sistema acusatorio”, sostuvo el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador Pedro Guastavino, que ofició de miembro informante ante el cuerpo y fue el encargado de abrir el debate.

Después puntualizó los principales cambios que introduce el proyecto y, entre ellos, destacó la utilización de la oralidad en todo el proceso, desde el momento de la Investigación Penal Preparatoria pasando por la sentencia, y la fundamentación y resolución de recursos. “Es para garantizar mayor dinamismo, publicidad y agilidad en la contradicción”, agregó.

Al repasar el proceso que se llevó adelante con la reforma, Guastavino detalló que desde que ingresó el proyecto a la Cámara alta se realizaron seis audiencias públicas en la que más de 35 juristas, funcionarios, y especialistas en la materia, en términos generales, se manifestaron favorables a la reforma que apunta a dar respuesta a un mandato Constitucional.

Guastavino, senador por Entre Ríos, también habló sobre los alcances prácticos y positivos que introducirá -afirmó- el nuevo Código si es convertido en ley: Entre Ríos, donde actualmente rige un sistema procesal penal acusatorio, el 80 por ciento de las personas que están privadas de la libertad tienen condena, al contrario de lo que sucede en la justicia nacional y federal, donde “de cada diez privados de libertad, seis están procesados y solo cuatro condenados”.

Entre los principales cambios que se introdujeron desde que se presentó el proyecto está el que tiene que ver con el artículo 35 referido a la Suspensión del Proceso a Prueba, vinculado a los extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva. De este modo, si una persona es sorprendida cometiendo un delito que tiene una pena mínima no superior a tres años, podrá optar por la suspensión del juicio a prueba.

Y si se trata de un extranjero deviene la expulsión, por un plazo de tiempo acotado. Pero se incluyó que si esa persona vino a la Argentina, eligió vivir acá y eventualmente cometió un delito pero está en situación regular, y tiene a su familia y sus lazos acá, puede solicitar que la regla de conducta no sea la expulsión, sino las que habitualmente se imponen en una probation: trabajos comunitarios, por ejemplo. Además, para garantizar que hay consentimiento del imputado y no una imposición del fiscal, además de la audiencia se establece que el pedido de probation se debe hacer por escrito con la firma de todas las partes.

El contrapunto lo puso el radical chubutense Mario Cimadevilla, quien durante varias reuniones del plenario de comisiones, donde se debatió le proyecto original y se la incluyeron modificaciones, insistió en que el bloque del Frente para la Victoria debía invitar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El reclamo no fue aceptado e incluso generó un cruce a viva voz durante el último encuentro con Guastavino y, esta tarde, el radical anticipó el voto negativo del bloque. En el recinto, Cimadevilla fundamentó la decisión en la ausencia de Gils Carbó, y en su cuenta de la red social Twitter insistió: “No vamos a aprobar un CPP que va a quedar en manos de Gils Carbó”.

También anticiparon el voto negativo la senadora puntana por la Alianza Compromiso Federal, Liliana Negre de Alonso -quien fundó su voto negativo a la reforma en que no se trataron las leyes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para su implementación y, tampoco la del juicio por Jurados-, y el senador cordobés por la Alianza Frente Cívico, Luis Juez. “Me preparé para acompañar la norma como abogado penalista”, explicó Juez pero esgrimió una serie de argumentos para sumarse a los votos en contra junto a la legisladora porteña por el PRO, Gabriela Michetti, quien leyó línea por línea un discurso escrito del que no se apartó ni una coma.

La respuesta a Cimadevilla y Negre de Alonso quedó en manos del senador Fernández, quien habló con solo cinco de sus pares en el recinto. “Estamos ante un hecho de enorme magnitud en el que la oposición no ha reparado, ni valorado”, dijo Fernández y calificó sus argumentos como “chatos”, “sin fundamento” y “sin vocación política”.

Además, Fernández recordó que el texto del proyecto en debate establece plazos para su puesta en vigencia que aún requieren debate: entrará en vigencia en la oportunidad que se establezca la ley de implementación; será aplicable a las investigaciones de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en vigencia; y se crea la Comisión Bicameral para el Monitoreo y la implementación del Código Procesal Penal.

El listado de oradores continuó con el socialista Rubén Giustiniani, quien definió como “lamentable” que el proyecto original incluyera la posibilidad de expulsar extranjeros en situación irregular y que fueran encontrados cometiendo un delito. “Eso corrió el debate hacia la derecha”, sostuvo y destacó el cambio en el texto del Ejecutivo. También ponderó que se dejara de lado el factor de “conmoción social” causado por un delito como elemento para definir la prisión preventiva de los imputados y reconoció la necesidad de cambiar el sistema “inquisitivo” por uno “acusatorio” pero votó en contra.

Sobre el final del debate, pasadas las siete de la tarde, el senador Pichetto cuestiono el discurso coincidente de los bloques opositores, que habían señalado que el proyecto buscaba concentrar poder en el Ministerio Público Fiscal pero, al mismo tiempo, reconocían que en sistema acusatorio es superior al inquisitivo. “Hay una gran hipocresía en el debate. Y es hipócrita porque saben que hay un problema”, dijo Pichetto después de rechazar el argumento de la “subordinación política” y se metió de lleno sobre el punto que había marcado particularmente Giustiniani sobre el tratamiento dado a los extranjeros que son encontrados cometiendo un delito.

“La solución que ofrecimos es garantista. El imputado puede irse y es algo que se aplica en otros países, en países que muchos de ustedes ponen como modelo”, enfatizó y rechazó el pedido de interrupción de la radical mendocina Laura Montero. “No aceptó la interrupción”, repitió por cuarta o quinta vez.

Y volvió sobre el punto. Dijo que él quería tener una Dirección Nacional de Migraciones con “un control más eficaz del ingreso y egreso” y remató: “Son todas críticas vacías, al estilo Carrió”. Para ese momento, nadie pidió más interrupciones. Al otro lado del Palacio Legislativo, en el pasillo que rodea el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, el radical Julio Cobos había discutido con Elisa Carrió y el contenido de ese diálogo tenso circulaba por los pasillos de todo el Congreso.

“Son como esos juristas de laboratorio que arman modelos alejados de la realidad. Son modelos de laboratorio, que no tienen que ver con lo que necesita la sociedad”, cerró Pichetto y se votó.