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El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, disertaron en el Salón Azul del Senado sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Organizado como plenario conjunto entre la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los funcionarios trazaron las líneas fundamentales de la reforma. “Este proyecto es la mejor síntesis de las últimas décadas y recupera las mejores elaboraciones doctrinales desde que recuperamos la democracia para pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio”, dijo Alak. Y remarcó que ese cambio "permitirá saldar una deuda de 200 años".

En la apertura, tomó la palabra el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Gustavino, quien comentó que existen cuatro proyectos de ley dentro de la comisión que profundizan la reforma. “Hay unanimidad en el mundo de la justicia. Esta reforma tiene un carácter transformador, la discusión pública lo avaló”, dijo Alak y realizó una mención de la carta que 200 jueces hicieron llegar al Congreso hace unos años. “Este proyecto reforma absolutamente el proceso penal, y le da al Estado un instrumento eficaz y moderno para combatir distintos delitos, especialmente el crimen organizado. Allí está contemplado un proceso de investigación conjunto, donde intervienen fiscales y jueces no sólo de Argentina, sino con otros países”, adelantó el ministro de Justicia.

Aclaró, además, que la reforma no defiende la mano dura ni una demagogia punitiva. “Queremos sumar oralidad al proceso, y garantizar que la víctima pueda participar más activamente. Las provincias fueron las pioneras en crear el sistema acusatorio con autores argentinos. Chile, por ejemplo, actualizó su proceso penal con nuestra bibliografía. Ecuador también”.

Alak explicó que el actual sistema inquisitorio proviene del Imperio Romano, luego se lo apropiaron las monarquías modernas, y en Argentina se instauró con la conquista española. “El mismo Juan Pablo II pidió perdón por los horrores de la inquisición”, comentó. A la hora de hablar sobre los condenados, dijo que “este sistema también protege a aquellos que estuvieron en prisión tanto tiempo por culpa de los procesos tan largos, y que después se comprobó su inocencia. Las cárceles argentinas tienen un altísimo porcentaje de procesados en prisión. En el mundo, hay un 30 por ciento, pero en Argentina, tenemos el 60. Es decir, de cada 10, sólo 4 recibieron pena”.

Y concluyó: “Hace unos días, un diario de Neuquén informó que un homicidio doloso se resolvió con una condena en tres días, garantizándose todos los actos del proceso”.

Para Julián Álvarez, el proyecto de reforma alcanzó un proceso de maduración, que “todo el arco político viene planteando desde 1987” y que “se fortaleció este año, con nuevos proyectos”. A la hora de analizar el código, habló de que hubo consenso en incorporar jurisprudencia, por ejemplo, sobre cuáles son las nuevas condiciones para dar prisión preventiva y sobre el rol de la víctima. “Un hombre que había robado 600 gramos de carne tardó ocho años de proceso, en ese caso ahora se prevé el principio de oportunidad, porque, ¿necesita el Estado perseguirlo, o es un delito insignificante y tiene una sanción alternativa a la penal?”.

“¿Cómo sería un proceso penal?”, se preguntó Álvarez. Puede originarse por una denuncia, por acción policial o por intervención de un fiscal. ¿Qué cambia con la reforma? “Que ahora el fiscal formará un legajo y, en un plazo de quince días, debe tomar una decisión. Lo más relevante es formalizar la investigación. Esto es, solicitar una audiencia donde se cita al defensor y al juez. Si no, decide que no hay delito, y no investiga. En ese sentido, puede dar lugar a una IPP (Investigación Preliminar Probatoria), donde extiende a más de 90 días, para juntar más pruebas para luego, sí, formalizar la investigacion”, explicó el secretario de Justicia.

Además, dijo que el fiscal, con el nuevo Código, "puede ordenar la prisión preventiva si encuentra los elementos suficientes". Pero, si no los tiene, solicitará el sobreseimiento. “Como también hay otras alternativas, como pedir el juicio abreviado, o juicio directo. Lo importante es que, como fiscal, ya no necesita tener un año más de investigación, con el combo de dilación de indagatorias y el proceso largo del viejo Código. Si tengo los elementos suficientes, elevo a juicio”.

En ese sentido, dijo que habrá una audiencia de acusación donde el juez evaluará primero los hechos y la culpabilidad después. “La oralidad permite terminar con las chicanas judiciales”, concluyó, y aseveró que al juez se le darán todas las herramientas para tomar las decisiones principales, como también a la defensa y el fiscal.

Tras las disertaciones, se abrió un espacio de debate donde la oposición acordó el cambio fundamental de la reforma: pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. El senador Gerardo Morales, por la Unión Cívica Radical (UCR), rescató la presencia del Ministerio de Justicia y destacó que el nuevo Código "agilizará los procesos judiciales".

Interpelado por los puntos que concernían a la cuestión de la inmigración, Pichetto dijo no estar de acuerdo con que el tema de debate central fueran los extranjeros. "Es una reforma integral", dijo. En este sentido, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena -también presente en la audiencia-, aclaró que con el nuevo Código se amplían los supuestos de suspensión de juicio a prueba.

La oposición, además, pidió otogar mayor autonomía al Ministerio Público Fiscal. No faltaron las críticas sobre el uso cómplice de la justicia por parte del oficialismo. Como respuesta, Mena planteó que se trata de “una mirada muy coyuntural que, además, no es correcta”, aludiendo a quienes ponen el foco en formular cuestionamientos a la designación de jueces y representantes de ese Ministerio. “Tanto jueces como fiscales, y en gran parte por medidas tomadas por nuestro gobierno, se eligen atravesando un proceso de concurso de oposición y antecedentes”, destacó Mena.

El debate continuará este jueves, a partir de las 11, con la presencia de Álvarez y la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, con la intención de acercar nuevas voces de la justicia que sigan debatiendo el proceso de reforma del Código Procesal Penal.