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Mientras en el Congreso avanza el proyecto para la reforma del Código Procesal Penal, en el Salón Nelly Ortiz de la sede de Avenida de Mayo de la Procuración General de la Nación, la titular del organismo Alejandra Gils Carbó se reunió con 19 fiscales distritales para hablar de este y otros temas vinculados a seguridad y Justicia. Infojus Noticias charló con ella sobre la importancia del cambio de un sistema procesal penal inquisitivo a uno acusatorio en la justicia federal y la celeridad en los procesos que traerá esta modificación.

— En la reunión que tuvo con los fiscales se puso sobre la mesa el tema del modelo acusatorio, los funcionarios también se están capacitando en esta modalidad. ¿Cuáles son las principales falencias del modelo hoy?

—En este esquema actual hay una gran delegación policial. No es que el juez investiga y el fiscal hace lo propio. Cuando con la Constitución de 1994 se pensó en un modelo de Ministerio Público Fiscal, se lo ideó con autonomía e independencia. La idea es la de un organismo que tenga los recursos para controlar la legalidad de todo el sistema. Esta reforma constitucional vino después de la instalación de la democracia. Precisamente para buscar esos mecanismos que garantizaran la estabilidad democrática para siempre en Argentina, luego de tantos años con dictadura. Los constituyentes pensaron en darle un protagonismo al Ministerio Público en ese control de legalidad de las fuerzas policiales. Ahora lo estamos ejerciendo a través de nuestras Procuradurías como la de Violencia Institucional y los fiscales que llevan los casos.

— El nuevo sistema va a involucrar directamente a la Procuración General y  a los fiscales ¿Qué ventajas tiene este cambio?

—Los beneficios son indiscutidos, como se ha visto en las sesiones del Parlamento. Ha habido un total consenso que es el sistema que mejor garantiza las garantías individuales. En principio, porque no mezcla funciones. Ahora tenemos un juez que investiga y un fiscal que controla la legalidad. Con el pase a un sistema acusatorio, los fiscales son los que tendrían a cargo las investigaciones y los jueces cumplirían su función específica que es resolver. Lo primero que permite la transformación es que el Estado aboque los recursos que son necesarios para que la Justicia tenga una autonomía en las investigaciones.

—En el plenario de comisiones se habló que existirá la posibilidad de asignación de causas ¿Qué causas entrarían en esta etapa de reasignación y distribución para descomprimir?

—Todavía falta mucho por debatir. Falta la aprobación del Código Procesal Penal. Pero se ha mencionado que habrá una ley orgánica del Ministerio Público. Y, por eso, estamos atentos porque algunos mecanismos deberían adecuarse. Para la transparencia y la celeridad se van a requerir varios retoques legales.

— Siempre que se cuestiona al modelo actual se habla de la burocracia de las investigaciones, ¿Habrá más celeridad en los procesos de Justicia?

—Lo que sucede con el sistema actual es que los procesos demoran en tramitaciones de expedientes con montones de papeles donde la sociedad luego, si conoce que hubo una sentencia, no llega a conocer cuáles fueron las pruebas y qué se debatió.

Ahora cuando llega un caso judicial hay un juez que empieza a acumular pruebas y no le da la causa al fiscal. Nadie conoce lo que hace. A último momento, luego de decidir cuál es la línea de investigación y cuáles son los testigos, le da ese paquete al fiscal para que acuse. En base a eso se hace una acusación que luego lleva a una sentencia o a juicio.

Con el cambio, el sistema se transforma completamente. No hay todo este oscurantismo.  El fiscal con toda informalidad va recolectando las pruebas. Cuando tiene una idea de quienes serían los imputados porque hay elementos, les comunica que está haciendo la investigación, la defensa de los imputados conoce lo que está haciendo el fiscal. Va preparando sus propias pruebas. Todo esto se da en total diálogo y transparencia con los imputados. Se llega a un debate oral y público con transparencia y publicidad donde todos (la gente, el fiscal, juez, los imputados) pueden ver las pruebas que se han producido con inmediación, con garantías. Esto da credibilidad a lo que se hace.

—El proyecto del Código Procesal Penal, con las reformas,  no regula en sus articulados el juicio por jurado y en el plenario de comisiones hubo propuestas al respecto.

—Creo que nos estamos encaminando hacia el juicio por jurados. Porque el esquema que se está planteando es el que permite, también, implementar esta modalidad.