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Se aprobó en el plenario de comisiones Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado el proyecto para la reforma del Código Procesal Penal. Después de seis jornadas de debate, en las que más de 35 expertos y operadores judiciales presentaron sus ideas, la propuesta cosechó más de 40 modificaciones y obtuvo el dictamen. El proyecto queda así en condiciones de ser tratado y aprobado en la Cámara Alta en la sesión del miércoles 19 de noviembre, ya que el Frente para la Victoria (FpV) cuenta con los votos necesarios.

“Los grandes temas que generaron debate fueron modificados”, dijo el senador Miguel Pichetto, al promediar la discusión para la firma. El senador sureño expresó que, tras la reforma, los operadores judiciales contarán con nuevas herramientas para causas que involucran a personas que recaen en el delito. También explicó se eliminó la “conmoción social” como factor para disponer una prisión preventiva, un punto sobre el que había acuerdo para introducir cambios. “La suspensión de un juicio a prueba para los extranjeros es un beneficio, y se introdujeron las modificaciones necesarias”, siguió Pichetto, al tomar la palabra para terciar en los cuestionamientos planteados por el senador radical Gerardo Morales.

El artículo 35 del proyecto, se refiere a la posibilidad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras en caso de ser sorprendidas cometiendo un delito, siempre que la pena prevista sea menor a tres años. Si la persona optara por la suspensión del juicio a prueba, se plantea una “opción” para el migrante en situación “regular”: “solicitar la aplicación de una regla de conducta en el país” (esto es: trabajos comunitarios, asistencia a espacios de formación u otras medidas reparatorias). “En caso de que la persona esté en situación irregular respecto a su condición migratoria, corresponde aplicar lo que está regulado en la Ley de Migraciones”, dijo el senador del Frente para la Victoria, Rodolfo Urtubey, que hoy estuvo a cargo de detallar las modificaciones.

Los cambios en ese artículo no conformaron a los radicales, que advirtieron, insistirán en su reformulación. Después de que Urtubey terminó de enumerar las modificaciones, hubo cruces entre los senadores de los diversos espacios políticos. Lo primero que planteó el radical Morales fue que su bloque lamentaba que la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó no fuera de la partida en la ronda de consultas. El titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pedro Guastavino (FpV) le explicó que su bloque decidió no convocarla, dado que el debate podría derivar en un espacio para interrogar a la procuradora sobre su labor frente al Ministerio Público Fiscal (MPF), y no para tratar el proyecto.

Morales informó que su bloque presentará un dictamen de minoría, con propuestas en los artículos referidos al funcionamiento del MPF, y para incluir el juicio por jurados en el nuevo CPP. Pidió “una semana más para tratarlos”, solicitud a la que se sumó el socialista Rubén Gustiniani. Ante la inquietud, el senador Aníbal Fernández, aclaró: “Hay un compromiso para incorporar modificaciones in voce en la sesión del 19”.

Hubo otros cambios de “fondo, de forma y de técnica legislativa”, explicaron asesores de la comisión. Pero, antes de detallar las modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Urtubey aclaró que este nuevo CPP -es decir: las reglas sobre cómo se deben llevar las causas penales- comenzará a regir para “hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que regule la aplicación del nuevo sistema, cuya redacción quedará a cargo de una comisión bicameral”.

Entre los diversos cambios registrados en el dictamen de comisión está la posibilidad de las partes de producir prueba en la causa, incluyendo así a las víctimas que actúen como querellantes y asistiéndolas para ello los operadores del sistema. Además, el proyecto promueve la creación de una Oficina Judicial para que cuestiones administrativas como licencias, administración del personal, o la disposición de salas para los debates, no recaigan sobre los jueces. Y la prohibición a que los operadores judiciales vuelquen “expresiones estigmatizantes” sobre las personas imputadas, atentos al principio de inocencia.

Otros cambios

El dictamen aprobado en el plenario de comisiones señala que está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o que no cumplan “mínimas condiciones de salubridad”. Y sobre esto hace responsable a quienes dispongan las medidas de detención, las “autoricen, apliquen o consientan”. Por otra parte, se aclaró que si bien las personas imputadas no están obligadas declarar, tendrán la libertad para hacerlo cuantas veces quieran.

En lo que hace a la situación de las víctimas en el proceso quedó establecido que contarán con asistencia psíquica, física y social. Y que las declaraciones de niñas, niños y adolescentes, las personas con capacidad restringida, las víctimas de las redes de trata de personas o de graves violaciones a los derechos humanos, serán dirigidas por un psicólogo, y de manera adecuada “a su estado de vulnerabilidad”. Acorde a las circunstancias, se introduce además la posibilidad de tomar testimonios por videoconferencia y de exhibir registros audiovisuales de declaraciones previas, en ese u otro proceso judicial.

La nueva estructura del Ministerio Público Fiscal necesaria para la implementación de un nuevo régimen procesal penal ocupó durante la reunión de comisión una de los puntos donde se detuvieron los senadores radicales, y socialistas. En la nueva redacción, quedó establecido que se procurará “la especialización de la investigación y persecución penal mediante fiscalías temáticas”. Y que, a diferencia del articulado original, que facultaba a la Procuración y a la Defensoría General de la Nación disponer la distribución de las causas, ahora su asignación se realizará mediante un “sorteo que garantice la distribución equitativa”.