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Tres ex empleados del Registro Nacional de Reincidencia  fueron condenados por insertar datos falsos en certificados de antecedentes penales con el fin de burlar los mecanismos de seguridad que tiene el organismo. En la causa quedó demostrado que uno de los involucrados inició 687 trámites con sus huellas dactilares, en lugar de las de los solicitantes. Los otros dos involucrados, eran técnicos del área de Dactiloscopía que las hacían figurar como válidas. Los imputados fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, en concurso ideal con “falsedad ideológica de documento público”.

“De esos casi setecientos trámites solo dos tendrían que haber salido con antecedentes, simplemente lo que hacían estos empleados era una gestoría vip para que los solicitantes no tuvieran que acercarse a los más de 100 centros de atención que tiene el registro en todo el país para iniciar el trámite”, explicó a Infojus Noticias Julián Massolo, director del organismo.

La investigación comenzó cuando uno de los supervisores advirtió que un agente del área de Atención, A.M. “estaba poniendo sus dedos en el escáner en el que se inician los trámites y, cuando lo consultó al respecto, le respondió con evasivas”. Las autoridades del organismo advirtieron que ese empleado contaba con la colaboración de otros dos del área de dactiloscopia, que “hicieron pasar” los casi setecientos trámites que A.M. inició con sus huellas, ya que el proceso previo a la emisión del certificado cuenta con la intervención de diversos departamentos y prevé un protocolo específico de actuación.

“En la totalidad de estas solicitudes las huellas insertas pertenecían a A.M.”, apuntaron los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Daniel Obligado en el fallo, y advirtieron que los otros dos imputados “conocían esta circunstancia” y “no solo omitieron comunicarla, sino que, además, continuaron tramitando las solicitudes”.

“Lo que hicieron fue que los jefes de firma estuvieran emitiendo certificados de antecedentes penales ideológicamente falsos, por no haber sido emitidos con las huellas dactilares que correspondían y, en dos casos, por haber sacado certificados sin antecedentes penales cuando correspondía que las tuvieran”, dijo Massolo.

La operatoria fue reconocida por los propios imputados. Ante la consistencia de las pruebas aportadas por el organismo que actuó como querellante, los tres implicados reconocieron el delito. “Esta confesión lisa y llana de los sucesos”, apuntaron en la sentencia los jueces  del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, permitió a las partes llegar a un acuerdo para fijar las condenas en un juicio abreviado, según los términos fijados en el Código Procesal Penal.

El empleado de atención al público fue condenado a tres años de prisión en suspenso, e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la codena y a pagar una multa de 1.500 pesos. Mientras que los técnicos de dactiloscopia –involucrados en menos hechos– recibieron condenas de dos años y ocho meses y de dos años, inhabilitaciones por el doble tiempo que las penas y, multas de 1000 y 750 pesos, respectivamente.

“No se violentó la seguridad del registro, lo que se violentó es la confianza”, dijo Massolo y explicó que justamente fueron los protocolos de actuación los que permitieron a los operadores judiciales reconstruir la maniobra y desarmarla. “Se trata de una causa compleja, que implica cuestiones y procesos registrales que es necesario analizar con conocimiento de causa, y para ello fue relevante la participación del Estado como querellante, para aportar a la investigación”. Es así que cuando se inició esta investigación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak,  instruyo por resolución que el ministerio se constituya como querellante y tuvo un rol activo en la investigación, donde declararon los jefes de las áreas involucradas, se incorporaron tres informes sobre los protocoles de actuación, y el total de casos trabajados por los involucrados en el lapso de tiempo investigado.