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El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no llevó adelante una campaña de hostigamiento ni se excedió en sus funciones al multar a Cablevisión, el servicio de TV paga del grupo Clarín, de acuerdo a una decisión judicial. La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de Moreno y del director de Lealtad Comercial, Fernando Carro, en una causa en la que los abogados de la empresa los habían denunciado.

En un fallo unánime, los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, de la Sala I, evaluaron que en el expediente no surgió “signo alguno de un eventual abuso de poder” de los funcionarios en las sanciones aplicadas contra Cablevisión en 2009. Los jueces recordaron en esa línea que las salas II y V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó las multas aplicadas contra la empresa, aunque redujeron el monto inicial.

Desde 2009 el Gobierno sancionó a diversas áreas a Cablevisión por supuestos incumplimientos en las normativas relacionadas con defensa de los consumidores y lealtad comercial. En particular, desde la Secretaría de Comercio, la dirección de Lealtad Comercial y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijó multas y objeciones a los incumplimientos por parte de Cablevisión a los valores fijados en los abonos para los servicios de cable. Por la negativa de la empresa a explicitar la evolución de los precios de esas prestaciones. También, por los acuerdos con constructoras y luego con administradores de edificios para la contratación obligatoria de Cablevisión por parte de los consorcistas.

Los abogados Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, que también defienden a Clarín en la causa por supuestas irregularidades en la compra de Papel Prensa, habían alegado que tanto Moreno como Carro habían aplicado en Cablevisión medidas de control y sanciones “alejadas del objeto” de la ley de Lealtad Comercial “y con la verdadera finalidad de perjudicar el normal desenvolvimiento comercial de las empresas” del grupo.

El juez federal Daniel Rafecas ya había sobreseído a Moreno en diciembre último pero la decisión fue apelada por los querellantes con el argumento de que no habían sido llamados a declarar los apoderados de Cablevisión y que tampoco se había comparado el accionar oficial respecto de otros operadores de cable. El tribunal federal desechó ambos reclamos e interpretó que las medidas aplicadas por los funcionarios “cuentan con suficiente respaldo normativo en cuanto refiere a su competencia”. También sostuvo que no hubo en el expediente pruebas acerca de una supuesta “motivación ilícita” para el accionar oficial.

Pero los camaristas fueron más allá: tras dar cuenta de los fallos contrarios a Cablevisión en las salas de Contencioso Administrativo, dijeron que ese fuero es el “genuino ámbito en el cual los hechos denunciados deben ser debatidos”. Es decir, que una medida oficial considerada perjudicial por una empresa no debe ser cuestionada bajo una figura delictiva.

“Los sucesos que aquí fueron denunciados se encuentran enmarcados en un conflicto de neto carácter administrativo –vinculado con la operación de concentración económica a través del cual el grupo Clarín adquirió la firma Cablevisión y ésta, a su vez, compró la empresa Multicanal- que resulta ajeno al derecho penal y que, de hecho, está siendo analizada en el fuero en lo contencioso administrativo”, citaron los camaristas de un fallo previo.