Infojus Noticias

“Copiar un CD tiene más pena que entrar a una disquería, pegarle al vendedor y robarse el disco”. Ese fue el ejemplo que usó Damián Loreti, especialista en derecho a la información, para referirse a la necesidad de dar un debate en torno a la ley de propiedad intelectual argentina. “¿Quién se ha comido mi queso?” fue el título de la charla que en el marco de los Foros de Cultura Digital convocados por la Secretaría de Cultura de la Nación se propuso abordar varios cruces entre internet y regulación: la neutralidad de la red, la cuestión de los derechos de autor en el entorno digital, la llamada “piratería”.

Ricardo Porto, secretario de la comisión de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de Expresión de Senadores, compartió un mapa de los cinco proyectos de ley sobre neutralidad de la red que están en la agenda legislativa. Porto consideró que “los proyectos reflejan la voluntad coincidente de los distintos bloques políticos en torno a este tema” para “garantizar una red abierta sin discriminaciones, de acceso igualitario y en la que los servidores sean transparentes respecto de la prestación”.

Porto remarcó la fuerte asociación entre neutralidad de la red y libertad de expresión: “Internet es el ecosistema de la libertad de expresión”, afirmó. Y destacó que en ese contexto el Estado tiene la obligación de favorecer el pluralismo y la diversidad y “no dar por sentado que el mercado y la oferta y la demanda van a asegurar una internet libre, abierta y sin discriminaciones”.

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, planteó que la “lucha contra la piratería” puede constituirse en una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio del derecho a la cultura y la educación.

“La ley 11.723 es la más incumplida de nuestro país, ¿quién de ustedes colgó su título universitario sin haber fotocopiado un libro?”; preguntó al público sentado en el aula de la Facultad de Ciencias Económicas en la que se desarrolló la charla. “Es necesario repensar el modelo de derechos autorales y de propiedad intelectual en el que estamos inmersos y poner este debate en la dimensión de las políticas públicas”, agregó.

“No podemos diseñar una política pública de derechos autorales sin considerar la incidencia que va a tener en otro derecho consagrado como es el derecho a la cultura”, planteó. Desde este punto de vista es necesario que se reconozcan los derechos de los autores en un entorno en el que se reconozcan los derechos culturales de manera integral. “Unos no pueden anular a otros”, afirmó Busaniche.

Entre los principales problemas de la ley de propiedad intelectual vigente que podría solucionarse con una reforma Busaniche se refirió a: la actual criminalización de las fotocopias aun cuando se realiza con fines educativos, la falta de excepciones para las bibliotecas que convierte a todo bibliotecario en un infractor y que el derecho a cita con fines académicos esté reducido a 1000 palabras y ocho compases.

Algunos de los planteos de Busaniche fueron cuestionados por Víctor Yunes, secretario del directorio del Sadaic. Yunes, autor y compositor, planteó que los músicos necesitan que “se reconozca que lo nuestro es un trabajo y que la música tiene un valor que es usufructuado por terceros que tienen ganancias”. “Queremos participar en algo de esa ganancia que genera el negocio”, puntualizó.

Yunes equiparó el derecho de autor de una obra con la propiedad de los bienes materiales al decir que “esta es la única propiedad que está limitada en el tiempo, mis nietos no van a tener derecho patrimonial sobre lo que yo he creado, en cambio una cosa se puede heredar de por vida”. Esta analogía fue cuestionada por varios de los asistentes a la charla en el momento de las preguntas.

Luego fue el turno de Loreti, que inició su exposición muy arriba: “Como existieron los “21 puntos por una radiodifusión democrática” debería existir un acuerdo social de todos los sectores, una suerte de “21 puntos para reformar la ley de propiedad intelectual”. Hay que empezar de abajo, construir acuerdos sobre hacia dónde se equilibra el ejercicio de los derechos humanos y los autorales”.

Loreti consideró que los derechos de los trabajadores de las industrias culturales necesitan ser protegidos de los abusos empresarios, como en el caso, por ejemplo, de la re emisión constante del mismo programa de televisión o la transmisión en cadena de programas de radios en los que la rentabilidad de ese diseño económico acumula en la cuenta de las empresas, no de los actores o periodistas.

Se plantearon otros temas en la charla como la vigilancia de las comunicaciones y el caso Snowden, o la creación de tipos penales específicos para delitos cometidos con internet como medio. Pero el punto más controvertido de la charla fue el de los alcances de  la ley de propiedad intelectual y hacia allí fueron las preguntas de los participantes.

La ley 11.723 establece penas de un mes a seis años de prisión para los infractores a los derechos de autor: “Copiar un CD no puede tener más pena que pegarle al vendedor y robárselo. No se puede proteger más la propiedad que la vida”, afirmó Damián Loreti. Entre las cuestiones que deberían tenerse en cuenta en una reforma de la ley de propiedad intelectual el especialista enumeró mecanismos de protección de la copia privada (la copia hecha sin fines comerciales), de las copias con fines educativos, del derecho a cita, del uso para información general, del acceso de comunidades vulnerables y del uso estatal, entre otros.

Busaniche consideró que “lo importante es entender claramente la incidencia que tiene la protección de la propiedad intelectual, el costo y el beneficio social que tiene”. “Desde Napster que la industria está llorando y las estadísticas, elaboradas, por ejemplo por esta Secretaría, muestran que la industria cultural no está ni cerca de estar muerta”.