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Félix Crous es el titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), una de las unidades fiscales creadas por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Es el organismo que respalda las investigaciones en materia de tráfico de drogas. Crous tiene una larga experiencia en delitos federales. Fue director de una Unidad de Asistencia para las causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y antes había sido fiscal ad hoc para el Juicio por la Verdad que llevaba adelante la Cámara Federal de La Plata. Es, además, es uno de los referentes de Justicia Legítima, el espacio que busca modificar los aspectos más corporativos y conservadores en el interior del Poder Judicial.

Desde que salieron a la luz los casos de complicidad policial con el narcotráfico en Santa Fe y en Córdoba  (en ambas provincias cayó la cúpula de la policía), Crous no tiene respiro: se la pasa viajando y dando entrevistas a la prensa.

Está preocupado: sabe que lo que ocurrió con las fuerzas provinciales no fueron hechos aislados. Que si no se va a fondo con el desmantelamiento de las viejas estructuras, la policía seguirá autogobernándose. El control político, dijo, es una solución urgente: no se puede avanzar en la democratización de las fuerzas si no se la controla civilmente.

-¿Qué reflexión dejó lo ocurrido en Córdoba?

-Lo más preocupante es la falta de transparencia en la gestión de las fuerzas provinciales. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se ha dado un cambio en los últimos años. Es evidente que se avanzó en las profesionalización de las fuerzas. Pero en las provincias persiste un viejo aparato policial que se mueve como pez en el agua, porque se autocontrola.

-¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de José Manuel de La Sota?

-No podemos emitir una opinión al respecto. Será la justicia quien dirá eso a partir de la investigación que inició el fiscal. Lo que nos llamó la atención, sin embargo, fue la primera reacción. Hubo un abroquelamiento alrededor de los acusados, cuando había suficientes elementos para detenerlos. Es grave que cualquier autoridad provincial se ponga del lado de los detenidos, porque se desestiman las sospechas. Esa hostilidad con la Justicia federal es inconcebible.

-¿Por qué?

-Porque lo peor que puede pasar, y de hecho pasó tanto en Santa Fe como en Córdoba, es que las fuerzas provinciales estén metidas en el tráfico de drogas o en otro tipo de delitos federales. Entonces no nos sirve tener fuerzas federales capaces de investigar ese tipo de delitos, como la trata de personas o el narcotráfico, cuando en la práctica hay ese tipo de autonomía de funcionamiento en las provincias. Una autonomía que demuestra un gran nivel de complicidad con los delitos.

-¿Debe haber un control civil de las fuerzas?

-Sí. Es una deuda pendiente. Puedo asegurar, de todos modos, que hubo un gran avance en la democratización de las fuerzas. Siempre se creyó que eso era una utopía, pero creamos técnicas y herramientas que nos permiten trabajar con más coordinación y articulación con los delitos federales. Pongo un ejemplo: modernizamos la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, aunque es chiquita, funciona con eficacia y nivel democrático. Hay que seguir con el debate político: tenemos que conseguir un mayor control civil de las fuerzas. El principal problema es la autonomía que tienen las fuerzas provinciales. Son estructuras que vienen desde la última dictadura militar y aún no han sido desmanteladas. No hay que perder de vista que desde ese período manejan un gran poder. No es casual que Santa Fe y Córdoba hayan sido centros gravitatorios de la represión militar. Y esa autonomía causó mucho daño. Si no se va a fondo con una profunda reforma, esas fuerzas funcionan como una bomba de tiempo. En cualquier momento, como pasó con el narcotráfico, pueden estallar.

-¿Cuáles son las otras cuentas pendientes en materia de seguridad?

-Asegurar la transparencia de los procesos políticos y de conducción y gestión de las fuerzas es lo más importante. Si no se asegura eso, es difícil pensar en otras perspectivas. Nuestro país aún tiene deudas para construir políticas institucionales a medianos y largos plazos. No sólo pasa con la seguridad, también ocurre con la salud, con la educación. Se generan resistencias que no tienen sentido. Sin un cambio de mentalidad, es posible que sigan existiendo obstáculos para los fiscales y que el procurador no pueda construir una política criminal porque es acusado de autoritario y avasallante. Los delitos federales son redes complejas, no se desactivan de un día para otro. Y estamos mal si el poder político sigue cediendo a las fuerzas policiales el control de todas las cuestiones de seguridad. Que la policía se autogobierne retrasa la democratización de las fuerzas, que es nuestro principal objetivo. Pero somos optimistas. Creemos que la justicia avanzará en develar las responsabilidades y que los casos de Santa Fe y Córdoba serán paradigmáticos para desactivar la corrupción y la complicidad con el delito.