Córdoba: indagan a los policías detenidos por el acuartelamiento
El fiscal federal de Córdoba Raúl Garzón comenzará a tomar declaración a los 16 policías acusados de los delitos de “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”.
Télam
El fiscal federal de Córdoba Raúl Garzón, que investiga los acuartelamientos y saqueos del 3 y 4 de diciembre en la provincia, indagará a los 16 policías y la ex empleada del servicio penitenciario provincial detenidos el jueves pasado por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”.
Está previsto que declaren cuatro personas por día. “No va a haber horarios para esto, los detenidos van a declarar todo el tiempo que sea necesario”, anunció. Aunque no habría nuevos procedimientos previstos para lo inmediato, no descarta que puedan haber nuevos allanamientos o detenciones: “se hará lo que sea necesario según el devenir de la causa”.
A los 16 agentes se suma Adriana Rearte, esposa de un policía retirado y titular del Sindicato de Policías y Penitenciarios y Afines (SEPPA), quien está acusada de "entorpecimiento funcional" por una manifestación que encabezó el lunes 2 de diciembre frente a la Guardia de Infantería el día del acuartelamiento.
Pocas horas antes de ser detenida, Rearte protestaba frente el edificio de la Jefatura Provincial contra la “suspensión preventiva” de cuatro oficiales. Los efectivos promovían un nuevo acuartelamiento policial. Rearte y las esposas de los suspendidos iban a realizar un “abrazo solidario” al edificio, pero lo cancelaron. Las mujeres, agrupadas bajo el nombre de “Las rosas azules”, canalizan las demandas de sus maridos a través de reclamos de índole sindical.
El jueves pasado a última hora fue puesta en situación pasiva otra mujer, también del Servicio Penitenciario, que convocaba a través de su celular a resistir la detención de Rearte.
Los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Ricardo Moreno -quienes asumieron por separado la defensa legal de varios de los policías detenidos- coincidieron en que no hay motivo alguno para que sus representados estén privados de su libertad y anticiparon que pedirán su excarcelación.
Garzón tomó la determinación de detener a los efectivos después de cruzar filmaciones, fotos, testimonios e información recolectada de las redes sociales. Antes de avanzar sobre los uniformados, el fiscal había resuelto la prisión preventiva de otros casi cincuenta detenidos, civiles imputados mayoritariamente por robo agravado y encubrimiento.
En el fuero federal también tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión. A pedido del gobernador De la Sota, el Gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba el viernes para garantizar la seguridad de la provincia, dado el clima de malestar entre los efectivos de la policía local.
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