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La composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo largo de su historia ha sufrido diferentes cambios que, necesariamente, tienen que leerse en el marco de la coyuntura política que vivía el país. “La Corte Suprema siempre tuvo mucha sintonía con los gobiernos que se fueron sucediendo desde 1863. No alineamiento absoluto, pero sí en los trazos más profundos”, contó a Infojus Noticias el historiador especializado en la Corte Suprema de Justica, Sergio Wischñevsky.

En la misma sintonía, el abogado especialista en Derecho Constitucional, Jorge Cholvis reflexionó: “La integración de la Corte -tanto en cuanto se refiere al número de sus integrantes como a los que la componen- reflejan circunstancias socio-políticas, como también apreciaciones técnicas en cuanto a su eficaz desenvolvimiento. Por cierto, esas distintas etapas es menester analizarlas de acuerdo a las realidades de esos tiempos”.

De la mano de los dos especialistas, Infojus Noticias recorrió algunos de los momentos históricos salientes del máximo órgano de Justicia de la Nación.

17/9/1930. La Corte Suprema después del golpe a Yrigoyen. De izquierda a derecha: Antonio Sagarna, José Figueroa Alcorta (presidente), Ricardo Guido Lavalle, Roberto Repetto y Horacio Rodríguez Larreta.

La acordada del ‘30

“La Corte no está ajena a una concepción política. En el año 30 se da la situación que el Gobierno de Hipólito Yrigoyenmanejaba una nueva interpretación constitucional acorde a la presencia de los sectores medios”, analizó el abogado especialista en Derecho Constitucional, Jorge Cholvis. “Una Constitución es un proyecto político en el que se fijan los fines, los objetivos de una comunidad política, Yrigoyen daba una nueva interpretación dinámica a la Constitución, pero Uriburu y compañía decían que con sus políticas se estaba violando la Constitución. Incluso el periodista Alberto Gerchunoff, por entonces, decía que el gobierno de Yrigoyen era “un gobierno de la más baja capa social analfabeta y sovietista”.

Desde el análisis de Cholvis, los ministros José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna; junto al procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron la acordada del 10 de septiembre de 1930 en la que se reconoce y legitima al gobierno dictatorial surgido del golpe a Yrigoyen perpetrado días antes. Incluso, esa acordada, será la base de la llamada “Doctrina de los Gobiernos de Facto”. Cholvis sostiene que “Hay una serie de hitos en la historia de la Corte en los que terminan no sólo convalidando los golpes de Estados, sino haciéndole pie a la supracontitucionalidad de facto”.

El peronismo y la Corte

“El espíritu de justicia está por encima del Poder Judicial, la justicia además de independiente debe ser eficaz, pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público”. La frase le pertenece a Juan Domingo Perón y fue dicha en su campaña previa a la presidencia de 1946 y para muchos esa frase fue el anuncio de lo que se vendría para la Corte Suprema. En febrero de ese año Perón ganó las elecciones y el 4 de junio asumió. Menos de un mes después, el diputado justicialista Rodolfo Decker presentó el pedido de juicio político para los ministros de la Corte. Los argumentos: las firmas que avalaron los golpes de Estado de 1930 y 1943.

Así, en de abril de 1947 los jueces Antonio Sagarna, Roberto Repetto, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía, –este último incorporado a la Corte por el presidente Roberto Ortiz en reemplazo del fallecido JuanTerán– fueron destituidos de sus cargos. El procurador Juan Álvarez corrió la misma suerte. El único que quedó en su puesto fue Tomás Casares, designado durante la presidencia de facto de Edelmiro Farrell. Con Casares como nuevo presidente del cuerpo, el primer gobierno peronisata designó a Rodolfo Guillermo Valenzuela, Luis Ricardo Longhi, Justo Lucas Álvarez Rodríguez y Felipe Santiago Pérez para conformar así una nueva Corte Suprema de Justica.

1/8/1947. El presidente Juan Domingo Perón toma juramento a los miembros de la Corte Suprema. A su izquierda, el vicepresidente Hortensio Quijano. A su derecha, el presidente del máximo tribunal, Tomás Casares.

“El primer cambio profundo en la Corte Suprema de Justicia lo hace Perón que lleva adelante un juicio político que termina con las destitución de cuatro de los cinco miembros y su reemplazo por ministros ligados al peronismo o a la Iglesia. Se los acusó de haber apoyado los golpes de Estado de 1930 y 1943 con las Acordadas respectivas y de haber obstaculizado la implementación de los fueros laborales. Por supuesto así Perón se garantizó una Corte afín. El golpe de 1955 renovó de facto toda la Corte y a buena parte del Poder Judicial en general. Los nuevos ministros era fuertes y reconocidos antiperonistas”, explicó a Infojus Noticias el historiador especializado en la Corte Suprema de Justica, Sergio Wischñevsky.

“Desperonizar” la Justica

Con el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón comenzó una política represiva feroz con el fin de “desperonizar” la Argentina. La derogación de la Constitución de 1949 fue un paso central para esto. La Corte Suprema no que quedó afuera de los planes de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenido Aramburu, tampoco del almirante Isaac Rojas, motores de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Los jueces Rodolfo Guillermo Valenzuela, presidente de la Corte; Felipe Santiago Pérez, Atilio Pessagno, Tomás Darío Casares y Luis Ricardo Longhi fueron destituidos. Así, se instalaba una práctica que se repetiría en los golpes de Estado venideros: expulsar a los jueces actuantes y nombrar propios. El nuevo Cuerpo quedó conformado por: Alfredo Orgaz , presidente, Manuel José Argañarás, EnriqueGalli, Carlos Herrera y Jorge Vera Vallejo.

10/10/1955. La Corte Suprema designada por la Revolución Libertadora. De izquierda a derecha: Sebastián Soler, Procurador General de la Nación; Manuel José Argañarás, ministro de la Corte; Eduardo Busso, Ministro del Interior y de Justicia; Eduardo Lonardi, presidente provisional; Alfredo Orgaz, presidente de la Corte Suprema; los ministros de la Corte Jorge Vera Vallejo, Carlos Herrera y Enrique Valentín Galli.

De siete a nueve miembros

Con la restitución parcial de la democracia, durante el gobierno de Arturo Frondizi, los jueces Argañarás, Galli, Herrera, nombrados por la dictadura saliente, se retiraron de la Corte. Orgaz mantuvo la presidencia y Benjamín Villegas Basavilbaso –había ingresado en 1956 reemplazo del retirado Vera Vallejo– siguió en su puesto.

En 1958 se constituyó la primera Corte Suprema de siete miembros: junto a Orgaz y Basavilbaso, Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, Luis María BoffiBoggero, Julio César Oyhanarte, Ricardo Colombres y Pedro Aberastury constituyeron el Cuerpo. La ley 15271, promulgada el 4 de febrero de 1960, consolidó este tipo de composición al modificar definitivamente el decreto de la dictadura que restructuraba el ordenamiento de la Justicia. Orgaz, renunció por entonces; adujo “cansancio moral”. Villegas Basavilbaso se convirtió en el nuevo presidente, sumándose al puesto bacante Esteban Imaz.

“La ampliación de Frondizi tenía el objetivo clarísimo de tener una mayoría que le responda y tampoco se privó de hacer una purga judicial mediante el trámite de hacer aprobar por el Senado a todos los jueces en ejercicio”, explicó Wischñevsky.

1966. El presidente provisional Juan Carlos Onganía toma juramento al presidente de la nueva Corte Suprema, Marco Aurelio Risolia.

Cinco miembros, de facto

Con el golpe de 1966 que destituyó al presidente Arturo Illia, tomaron el poder una vez más las fuerzas militares. El general Juan Carlos Onganía tomó la presidencia en nombre de la autodenominada “Revolución Argentina” que adosó a la Constitución Nacional su estatuto. Además de disolver el Congreso e intervenir las provincias, destituyó a todos los miembros de la Corte y redujo sus miembros. Los jueces nombrados durante la dictadura fueron destituidos con el retorno de la democracia con el gobierno de Héctor Cámpora.

“En el acto de asunción de 1973 las barras gritaban "borombombon, borombonbon, esta es la corte de Juan Perón”, recordó Wischñevsky. Para Cholvis –autor del libro pronto a editarse "Revisionismo Histórico Constitucional. Proyecto Nacional y Constitución"– “ durante ‘La Primavera Camporista" el Tribunal dictó avanzados fallos y precisó una doctrina jurídica acorde a los intereses de la Nación y los derechos del Pueblo”.

La dictadura cívico militar de 1976, volvió a destituir a todos los jueces y nombró a Horacio Heredia (presidente), Adolfo Gabrielli, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada (R) y Abelardo Francisco Rossi. En los siete años que duró el terrorismo de Estado hubo cambios en los miembros de la Corte. Muertes, renuncias y algunas destituciones modificaron la composición, hasta que en 1983 la vuelta de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, Genaro Carrió, José Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petracchi fueron los primeros jueces nombrados por Alfonsín con acuerdo del Senado después del terrorismo de Estado.

Wischñevsky recordó que “según Petracchi los que realmente juzgaron a los militares en el gobierno de Alfonsín fueron ellos, la Corte Suprema. Por otro lado durante ese período se avanzó mucho en la jurisprudencia relativa a los derechos humanos y se fijaron los estándar internacionales en la materia”.

En 1988 la Corte modificó su reglamento interno y remplazó al Ministro Decano por el cargo de Vicepresidente de la Corte.

1973: El presidente Héctor Cámpora le toma juramento a los miembros de la nueva Corte Suprema.
 

Mayoría automática

La llegada anticipada de Carlos Menem a la presidencia marcó el inicio de una serie de reformas en el Estado a las que no escapó la Corte Suprema. A poco de asumir, en la Acordada 44 de 1989 la Corte se opuso a aumentar el número de ministros. La idea de aumentar el número de jueces de cinco a nueve tiene una finalidad: garantizar la fidelidad del Poder Judicial al Ejecutivo. La llamada “mayoría automática” fue una marca a fuego durante la década menemista. Augusto César Belluscio, Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (Hijo), Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Julio Nazareno y Eduardo MolinéO'Connor fue la primera conformación de esta época.

En 1991 Antonio Boggiano reemplazó a Oyhanarte después de su retiro. En el 93 vuelve a cambiar la conformación: Cavagna Martínez y Rodolfo Barra son los que se retiran y entran al Cuerpo Guillermo López y Gustavo Bossert. Estas modificaciones son producto del “Pacto de Olivos”. También cambia la presidencia: Julio Nazareno asume el máximo cargo.

“Menem lleva el número a nueve para hacer lo mismo que todos los gobiernos hicieron desde 1947, gobernar con una Corte Suprema que pudieran controlar”, afirmó Wischñevsky. En 2002, después de la crisis institucional de 2001, con Eduardo Duhalde en la presidencia, la Corte dictó falló en el caso “Smith” del “corralito” y los “atrapados” iniciaron más de 150 mil amparos en el país. En contra de este fallo el gobierno impulsó el juicio político a todos los jueces de la Corte, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Renunció Gustavo Bossert y lo remplazó Juan Carlos Maqueda, presidente provisional del Senado.

Nueva Corte

Con Néstor Kirchner en la presidencia, las discusiones crecientes por la continuidad del “corralito bancario” entre el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz y Nazareno, aún presidente de la Corte llevaron a que el Ejecutivo avanzara en la reforma del Cuerpo y sobre todo a ponerle fin a la mayoría automática.

En 4 de junio de 2003, Kirchner dijo en cadena nacional: ““En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno”.Julio Nazareno, aseguraba que renunciar a su cargo no estaba dentro de las posibilidades. Entonces el Ejecutivo avanzó en el pedido de juicio político.

El Congreso avanzó con el juicio político contra Nazareno, quien decidió renunciar a su cargo cuando vio la inminente aprobación de su acusación en el recinto de la Cámara de Diputados.Un mes y medio más tarde, la Cámara baja aprobó en el recinto la acusación por "mal desempeño de sus funciones" contra Eduardo MolinéO`Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

El 3 de diciembre de 2003 se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema de Justicia en ser destituido por el Senado de la Nación. Suerte similar corrió Antonio Boggiano, destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López optaron por seguir el camino de Nazareno y renunciaron a sus cargos cuando vieron que los procesos en su contra tenían un final inevitable.

En este proceso, el Gobierno firmó eldecreto 222/03 mediante el cual fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal.
A las renuncias de Nazareno, López y Vázquez, y a las destituciones de MolinéO`Connor y Boggiano se sumó luego la jubilación de Augusto Belluscio, con lo cual la Corte actualmente tiene siete miembros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni, Argibay, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi.

En noviembre del 2006, Diputados convirtió en ley un proyecto que había sido impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990.

“Las políticas del Kirchnerismo respecto a la Corte, fueron impulsadas por una concepción precisa en cuanto al proceso de definición y designación de los jueces que la integrarían, para lograr una interpretación constitucional acorde a los tiempos que transita el país”, concluyó Cholvis.