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La Unidad de Información Financiera (UIF), el ente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que encabeza José Sbattella, incorporó un mecanismo de geolocalización de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La oficina que investiga el origen y utilización de activos para actividades ilícitas, puso a disposición un mapa en su sitio web, para difundir dónde fueron efectuados esos reportes.

En el mapa se detallan 279 reportes en total, diferenciados en tres categorías según su grado de riesgo. Los casos señalados en rojo son aquellos en que el informe demostró tener un grado elevado de inconsistencia en el origen de los fondos detectados, mientras que los amarillos son casos más dudosos y los informes verdes no suponen un riesgo elevado.  La mayoría de los casos fueron identificados con el color amarillo, y suman un centenar. En verde hay una cantidad similar, que alcanza los 99 reportes, y en rojo la suma llega a los ochenta.

Esta nueva herramienta permite analizar dónde se concentran los mayores cúmulos de reportes, o cuáles son las zonas de las que no surgen mayores alarmas. Mientras la provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de ROS, seguida de Santa Fe y Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires apenas muestra tres reportes –uno en verde y dos en amarillo-. Esto se puede deber a que no existen prácticas sospechosas en el ámbito porteño, o bien que no se da un buen desempeño en aquellos agentes encargados de reportar operaciones sospechosas en el área porteña.

En el conurbano bonaerense hay nueve ROS en rojo, ubicados en Avellaneda, Lanús, Remedios de Escalada, San Justo, Loma Hermosa, Ezeiza, Glew, Quilmes y San Fernando. Los cinco reportes en amarillo se ubican en Vicente López, Olivos, La Lucila, Victoria y Moreno. Ya más alejados del área metropolitana, se pueden observar reportes en extremos del país tales como Ushuaia –Tierra del Fuego- donde se detallan tres ROS, Tartagal (en Salta), Posadas (Misiones), o Bariloche (Río Negro).

La UIF recibe estos reportes de parte de entidades bancarias y financieras, que detectan o a las que les son encargadas operaciones sospechosas de acuerdo al origen de los fondos que se utilizan, o según la finalidad con la que se realice la operación. A partir de los reportes, el ente investiga las operaciones y la fuente del dinero para determinar si se encubren actividades de lavado de dinero o financiación de acciones terroristas, y así promueve denuncias preventivas ante la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos y otras dependencias del Ministerio Público Fiscal.