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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, consideró hoy que el Poder Judicial "tiene que adaptar su estructura y no sólo investigar el homicidio doloso que sale en la televisión, sino también los reportes de operaciones sospechosas de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y citar a declarar a los imputados". Fue hoy en las Jornadas Sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Automotor, junto al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y la directora del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Mariana Aballay.

Tras señalar que la Justicia "está cada día más compenetrada en este desafío de transformar esos reportes de operaciones concretas que están violando la ley en imputaciones, procesamientos y sentencias", Alak advirtió que algunos jueces "ponen toda su energía en esclarecer el crimen más mediático". "Falta la efectividad de transformar las normas para avanzar en la condena de mayor cantidad de imputados", resumió el ministro. 

El ministro resaltó que "la Argentina ha rendido un examen muy importante y se ha convertido en uno de los países que mejor estructura su normativa y mejor agencia de lucha contra el lavado tiene, como lo ha reconocido el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional)".

Destacó asimismo que el caso nacional, en esta materia, "es analizado en universidades de prestigio mundial, como la de Cambridge, Gran Bretaña, que ha presentado a la Argentina como modelo de creación de estructuras innovativas y eficaces, sin subordinar la soberanía ni resignar garantías constitucionales".

Alak aclaró, de todos modos, que "el problema es bastante limitado en la Argentina, donde la existencia de lavado es mínima, con respecto a los países centrales, que son los que generan la mayor cantidad de lavado de dinero, y en paralelo son los que protegen los paraísos fiscales".

"Los países centrales –agregó- dicen luchar contra el lavado de dinero y le exigen a todos los países legislaciones durísimas, agencias sumamente fuertes, como es hoy la UIF". "Exigen además el compromiso de numerosos actores de la sociedad civil, abogados, contadores, bancos, casas de cambio, etc., que deben reportar las operaciones sospechosas, no sólo en la Argentina sino en toda América Latina. Pero el principal lugar donde se lava dinero es en los paraísos fiscales", remarcó. "Y todos, añadió, están vinculados institucionalmente por las relaciones que tienen de colonia o de soberanía con los países centrales".

Alak evaluó, no obstante, que la exigencia de esos "esfuerzos formidables" ha llevado a crear normas, establecer sanciones y modificar el Código Penal, donde se introdujo como bien jurídico protegido la protección del orden económico y financiero, "lo cual nos ha permitido que nuestra economía sea cada vez más transparente".