Crearon la bicameral para investigar la pata económica del genocidio
El Senado convirtió en ley el proyecto, que tiene como objetivo buscar “la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”. La comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores, respetando la representación parlamentaria.
Sol Vazquez
Con la mira puesta en investigar la complicidad civil y empresarial durante la última dictadura militar, se creó la comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras. El Senado convirtió en ley el proyecto, con 39 votos a favor, provenientes del Frente para la Victoria (FpV) y el bloque FAP–GEN. El objetivo es buscar “la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
La Bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores –respetando la representación parlamentaria–, y deberá presentar un informe con los aspectos más salientes “así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la última dictadura militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con el gobierno de facto.
Además, se creará en el ámbito del Congreso el “Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que pondrá a disposición del público el informe al que hayan arribado los legisladores, así como cualquier otro documento relacionado “con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.
La Bicameral “deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y ofrecer mecanismos de reparación de daños”.
El jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Ángel Pichetto, expresó que la creación se vincula con “una política de Estado y con cerrar un círculo que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Por su parte, el justicialista disidente, Juan Carlos Romero, rechazó el proyecto argumentando que el Senado no tiene que “hacer un juicio civil o moral porque no es su tarea”.
El radical Gerardo Morales había pedido modificaciones a la letra del proyecto, que fueron desestimadas. Además de “las complicidades económicas y financieras, habría que buscar las complicidades gremiales”, había apuntado Morales, en línea con la senadora cordobesa Norma Morandini, quien cuestionó a los “dirigentes sindicales (que) entregaron a sus delegados de base”.
Télam/PC/LL
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