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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que encabeza Carlos Gonella, presentó hoy un informe sobre “Créditos para el consumo y su impacto en los sectores populares”, elaborado durante los últimos meses por el equipo del área de Fraudes Económicos y Bancarios que coordina Pedro Biscay. De la elaboración del informe y parte de la presentación participó el sociólogo Germán Feldman, incorporado al Ministerio Público Fiscal desde su ingreso al área de Fraudes. El columnista especializado Raúl Dellatorre fue invitado a la presentación para comentar los resultados que arrojó el documento.

A una semana de cumplir su primer año, la Procelac presentó un primer informe con un eje diferenciado de lo que podría resultar la función tradicional de una Procuraduría o una unidad especial de la Procuración General. “Tenemos como objetivo central modificar los estándares de juzgamiento de esta clase de delitos”, remarcó Gonella al inaugurar la presentación. E informó que hasta ahora apenas una décima de los hechos delictivos son judicializados, y un porcentaje más ínfimo es que termina en condena.

Según lo que indicaron Feldman y Biscay, los créditos para el consumo implicaron un proceso de expansión del sistema financiero que introduce a personas que jamás tuvieron contacto con ese medio a una trama para la que no tienen información ni la experiencia sobre cómo guiarse. Esa expansión no sólo “reproduce lógicas especulativas” sino que incorpora a esas personas “en un sistema con un alto nivel de opacidad y que funciona con una lógica perversa”.

Los especialistas expusieron que los prestamistas se aprovechan de las necesidades básicas de todo un sector de la población, así como de la necesidad de consumo de bienes suntuarios impuesta por las campañas de marketing de grandes compañías. Para complejizar más el panorama, esos prestamistas no son sólo las entidades bancarias tradicionales sino también múltiples ofertantes informales con un dudoso respaldo económico que se valen de argucias legales para justificar su actividad, o simplemente escapan de toda regulación posible.

Así, prestamistas que difunden sus servicios mediante volantes en la vía pública o stickers pegados en postes de luz y tachos de basura “terminan captando, a través de tasas de interés usurarias, el ahorro de trabajadores que por primera vez están siendo incluidos por otras políticas del Estado”. El círculo, relató Biscay, “se perfecciona con la ejecución judicial de las deudas en el fuero comercial, en donde no se cuestiona la causa de la deuda ni las condiciones en que se contrajo, y donde en casi ningún caso se hace presente el deudor”.

Consultado por Infojus Noticias, Gonella relató que el trabajo de la Procelac no se termina con la presentación de la denuncia sino que se propone avanzar sobre la determinación de comportamientos de distintos actores económicos que afectan negativamente a la realidad socioeconómica de la gente. “Está la necesidad de elaborar políticas de trabajo con el Banco Central, el INAES, el Ministerio de Desarrollo y otros organismos del Estado, así como nos reunimos”.

Raúl Dellatorre cerró la presentación del informe señalando la necesidad de visibilizar a los actores que “buscan captar los ahorros de un sector de la población que por primera vez fue incluido por el Estado con políticas activas de redistribución del ingreso, y por eso no es menor que el Estado se fije en estos actores para que esas políticas no fracasen yéndose al bolsillo de estos personajes”. Y sentenció: “es una saqueo real a los pobres y que sucede todos los días, diferente al que organizan algunos para alguna fecha determinada”.

Gonella informó a Infojus Noticias que tanto para la elaboración del informe como para el trabajo conjunto con las víctimas de este “sistema perverso”, se reunió con vecinos de la Villa 31 y la 21, para conocer las historias de quienes se ven más perjudicados por estos mecanismos, y confirmó que el trabajo no termina ahí: “Quedamos en volver para brindar charlas y distintas formas de asistencia para evitar que sean víctimas de prestamistas usurarios”.

A la presentación asistió cerca de un centenar de personas, entre las que se contaban integrantes de otras áreas de la Procuración, como el titular de la Procuraduría de delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat, así como otros funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, del Ministerio de Economía de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.