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Llegaron al país 30 nuevos querellantes para presentarse ante la jueza María Servini de Cubría, que investiga los crímenes de la dictadura española. Hubo un intento por tomar declaración a través de teleconferencia el año pasado pero el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España manifestó su “malestar” al embajador argentino, Carlos Bettini. Los 10 mil kilómetros recorridos entre Europa y Argentina, entonces, simplifica y reafirma la voluntad de los familiares y víctimas del franquismo para que se investigue y juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad. La carátula de la causa es “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”, y su número es 4591/2010.

En marzo de este año se dictaron órdenes de detención contra nueve acusados. Al poco tiempo y luego de respuestas judiciales, se solicitó la extradición del ex inspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y de Jesús Muñecas, ex capitán de la Guardia Civil. El próximo jueves el juez español de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les preguntará si desean ser extraditados a Argentina por la causa de torturas. Entre los investigados por el delito de genocidio se encuentra Rodolfo Martín Villa, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia de Mariano Rajoy.

Las historias de las víctimas del franquismo se multiplican por miles. Francisco Franco impuso una de las dictaduras más largas y sangrientas de las que Occidente tenga memoria. Los represaliados sufrieron crímenes diversos: perseguidos, exiliados, torturados, asesinados, desaparecidos, violados; muchos de sus bebés fueron robados y sus bienes saqueados. Los desaparecidos españoles superan los 150 mil, dispersos en fosas comunes y sin investigación judicial para saber su suerte. Se cree que más de medio millón de personas murieron desde el golpe de Estado hasta 1975. Los derrotados vivos, entre republicanos, libertarios y otros enemigos del fascismo, fueron marcados y humillados: se cortó el pelo a mujeres y niñas, no se les permitió estudiar a muchos, hubo linchamientos y se los obligó a cantar himnos fascistas y a saludar como lo hacían el führer y el duce. Se prohibieron las lenguas nacionales en un intento por desterrar las culturas diversas de la península.

Algunos casos

Cuando su abogado dijo “garrote vil” se le aflojaron las piernas y perdió el equilibrio por un momento. Salvador Puig Antich, de 25 años, creía que la dictadura de Franco iba a fusilarlo; el garrote vil era otra cosa. Se trata de un instrumento de ejecución medieval utilizado en España desde 1820 hasta que la constitución de 1978 quitó la pena de muerte: el cuello de la víctima se agarraba con un collar de hierro atravesado por un tornillo, el verdugo lo giraba y provocaba la dislocación de las vértebras cervicales. Los últimos ejecutados por este método fueron el anarquista Puig Antich y el alemán Heinz Ches (llamado en realidad Georg M. Welzel), un preso común que ejecutaron para quitarle lo político a la muerte del anarquista. Salvador era parte del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, un grupo revolucionario que actuó hacia finales de la dictadura del Generalísimo Francisco Franco. Xabier Erauskin vino en el grupo para dar testimonio por los muertos de la CNT y el abogado Leonardo Elgorriaga preparó un informe sobre los represaliados libertarios.

Andoni Txasko Díaz estaba en una iglesia repleta de personas que se habían reunido por una huelga. Los franquistas primero tiraron gases adentro del templo y, cuando las casi cinco mil personas corrían hacia afuera, las esperaron con unas ráfagas de metralla. Andoni se salvó de la muerte pero recibió una paliza que le costó un ojo y casi la visión completa del otro. El señalado como responsable del asalto de la Policía Armada ese 3 de marzo de 1976 es Rodolfo Martín Villa.

Tras un simulacro de juicio, el padre de Ascensión Mendieta Ibarra fue fusilado a fines de 1939 y es uno de los 822 republicanos asesinados en el cementerio de Guadalajara. Su cuerpo yace en una fosa común junto con 17 compañeros. Era presidente de la Unión General de Trabajadores de Sacedón y su muerte fue ejemplificadora: en cuanto se impuso la dictadura fueron a buscarlo.

El abuelo y el tío de María Antonia Oliver Paris fueron detenidos ilegalmente y son víctimas de desaparición forzada, tras seis meses de cárcel. María Antonia es presidenta de la Associació Memòria de Mallorca que pide justicia por 1600 víctimas de desaparición y asesinato en esa región.

Tendiendo puentes

La Querella Argentina cada día suma más adhesiones. Se crearon en casi todas las zonas de España plataformas de apoyo. La Plataforma Vasca espera conseguir para finales de este año que el 80% de la población sume su apoyo. Lo mismo ocurre en Asturias, Cataluña, Andalucía, Madrid, y se suma Argentina que ya armó su Plataforma. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una moción de apoyo y acompañan la querella numerosos organismos de derechos humanos del país, además de Amnesty International. La Querella Argentina no para de crecer, al igual que las demandas de memoria, verdad y justicia.