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“España no investiga ni deja investigar cuando se trata del franquismo. Y eso que entre Argentina y España hay un acuerdo de cooperación para extraditar imputados por delitos de lesa humanidad", reclamó Máximo Castex, abogado querellante de víctimas por crímenes del franquismo. Fue durante una conferencia de prensa que compartió con representantes de Amnistía Internacional Argentina, Amnistía Internacional España y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA). Allí dieron a conocer un documento en el que rechazaron la decisión del gobierno español de no extraditar a los imputados, según lo había requerido la jueza María Servini de Cubría.

En noviembre del año pasado, la jueza Servini de Cubría solicitó a Interpol que concrete el "arresto preventivo" de 17 personas acusadas por los crímenes del franquismo y que fueran extraditadas a la Argentina. Entre ellas, se encuentran médicos, ex ministros y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad. Todos ellos están acusados de haber cometido crímenes penados por el derecho internacional en España como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hace unos días, el gobierno español rechazó la orden por entender que los crímenes ya prescribieron. “Su argumento sigue siendo el mismo: que las torturas, los homicidios, los secuestros y todos los delitos del franquismo son vistos como delitos ordinarios y por lo tanto, ya prescribieron. España no para de poner trabas a este proceso, porque este gobierno quiere garantizar la impunidad”, dijo el abogado  Carlos Slepoy, integrante del CeAQuA.

Ante la medida del gobierno de Rajoy, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas comunicó que el Estado español está  obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar “el acceso a la justicia” y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicó el grupo de expertos de la ONU, compuesto por integrantes del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Darío Rivas, de 95 años, es el español que inició la demanda.

“Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición”, dijeron. Y agregaron: “Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justica para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”.  Los expertos recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Consejo de Ministros “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes familiares de las víctimas. Inés García Holgado es una de los tres querellantes que desde Argentina dieron comienzo a la causa contra los crímenes franquistas. Su caso fue paradigmático: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervino para ayudar a encontrar los restos de su tío Vicente, desaparecido durante la guerra civil cuando era teniente médico de la 11ª División republicana. Fue la segunda vez que el EAAF ayudó a una víctima del franquismo. En 2013, los forenses intervinieron por primera vez para tomar una muestra de sangre al padre de Adriana Fernández, otra de los impulsores de la causa, que sirvió para confirmar el hallazgo de los restos de su abuelo Antonio Fernández García en una fosa común.

Para García Holgado, su historia fue excepcional. “Pude enterrar a un familiar y por lo menos tuve justicia reparatoria. Pero sé de miles que no tuvieron la misma suerte y aún siguen buscando dónde están sus seres queridos. La desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”, dijo en la conferencia acompañada de Darío Rivas, de 95 años, el español que inició la demanda por los crímenes del franquismo. Rivas llegó de niño a la Argentina y años después se enteró de que su padre Severino, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas.  Lo acribillaron “por traición a la patria” el 29 de octubre de 1936.

Al fundamentar el reclamo, el abogado Castex, que presentó 114 mil denuncias, dijo que “el derecho internacional es muy enfático. Los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Y ninguna de esas denuncias fue investigada aún”.

Carlos Slepoy integra la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo.

Además, Slepoy consideró que la situación es similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de la última dictadura militar. “El ex presidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables. Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos. No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables “, dijo y recordó que el caso del ex militar Adolfo Silingo “provocó un quiebre” porque fue condenado por un tribunal español en 2005.

“Esa misma justicia que condenó a genocidas de otros países, no sólo no quiere juzgar a los asesinos de su tierra sino que niega la posibilidad de que sus propios criminales de lesa humanidad puedan ser extraditados”, agregó Slepoy y consideró que un cambio de gobierno “favorecerá el juzgamiento de los crímenes del franquismo y el fin de la impunidad”.

JMM/PW