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El primer panel del segundo encuentro regional por la democratización de la Justicia, en la ciudad de Neuquén, fue inaugurado por Nadia Díaz, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro. Ponderó las reformas como una forma fundamental de llevar Justicia a las víctimas de la violencia. Pidió una Justicia “para el pueblo” y detalló las trabas institucionales que aún dificultan la investigación de la desaparición de Daniel Solano, sucedida en noviembre de 2011. Se presume que el joven salteño fue desaparecido y asesinado por la policía provincial de Río Negro. La misma fuerza participó de la investigación por el crimen, y algunos implicados realizaron maniobras para entorpecerla.

Ivana Rosales relató su historia, un caso increíble de violencia de género e institucional llevado al extremo. El auditorio la escuchaba conmovido. La cruenta experiencia de Ivana es un entramado de violencia e irresponsabilidad judicial. Su marido, Mario Garoglio, intentó asesinarla ahorcándola con alambre. Desmayada, se despertó en un baúl y gritó por ayuda. Cuando se abrió el baul, recibió una golpiza que incluyó varios impactos con una piedra. Le fracturó algunos huesos, y le desfiguró la cara. Garoglio la creyó muerta, y se entregó. “Golpeé a mi mujer y creo que se me fue la mano”, le dijo a la policía. Fue condenado a cinco años por tentativa de homicidio, pero los jueces consideraron como atenuante “que ella le habría sido infiel”, entre otras consideraciones sexistas que se incluyeron en el fallo.

Garoglio se fugó para no cumplir la condena, y logró estar oculto hasta que prescribió. No obstante, desde las sombras, amenazó a Ivana con “quitarle lo más preciado”. Ante las denuncias de Ivana, el fiscal respondía que no se podía hacer nada si no había un delito consumado. En el marco de un régimen de visitas, Garoglio violó a sus dos hijas. A fines del año pasado se lo condenó a cuatro años de prisión por ese abuso sexual, y actualmente está cumpliendo esa condena. Mayka, una de las dos chicas, se suicidó durante el juicio, hace casi un año. Tenía apenas 17 años. Ayer se conoció una resolución que agrava en diez meses la condena de Garoglio, por incumplir su obligación del pago de alimentos para sus hijos. “Creo que queda claro que esto tiene que cambiar”, cerró Ivana.

Diego Pereira habló en nombre de la Comunidad Mapuche de Río Negro, y continuó el relato de las atrocidades a las que fueron sometidos los pueblos originarios. Contó detalles del caso del asesinato de un indígena, en el que un fiscal no creyó necesario investigar. Cuando intervino un forense, se constató que el hombre había sido “desnucado”. Reclamó que “no debe haber una Justicia para los pueblos originarios y otra para todos los demás”, y planteó que “el problema son los jueces que fueron adoctrinados por una corporación, y trabajan para servirla”. Pereira apoyó el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que está en pleno proceso parlamentario, porque “el código actual es el reflejo de la dicotomía de civilización y barbarie”.

La directora de Afirmación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ángela Jaramillo, explicó que la génesis de la legislación sobre pueblos originarios surge en la OIT, porque los núcleos sociales indígenas eran utilizados para el trabajo golondrina. “Los terratenientes y el poder político utilizó la Justicia para combatirnos a nosotros”, resaltó. “Saben que no tenemos los recursos para llegar a las jurisdicciones donde nos llenan de denuncias”. Agregó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se impulsaron varias iniciativas que fueron receptadas por el Poder Ejecutivo, y en las que se reconocieron sus derechos. “La inclusión de un capítulo entero para los pueblos originarios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ejemplo claro, igual que la educación bilingüe en la Ley Federal de Educación”, explicó.

Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, cerró la primera mesa. Sostuvo que cuando la Justicia llega tarde, “garantiza la impunidad”. Expresó que “no deben haber más casos como el de Carlos”, y asimiló la persecución institucional de los luchadores sociales a la violencia institucional sobre las comunidades indígenas. “La Justicia ha sido cómplice de los victimarios que nos empujaron hasta este lugar”. Para terminar, discutió el título de la jornada y sostuvo que “la sociedad no le habla a la Justicia, le grita, le exige que sea acorde a lo que el pueblo necesita”.
 

Por la mañana, durante la apertura, hablaron el subsecretario de relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y la rectora de la institución, la profesora Teresa Vega.

Picardi presentó las seis leyes del paquete de reformas impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y las definió como “el puntapié” de la transformación del Poder Judicial, “que debe brindar con transparencia lo que es un servicio a la comunidad”. El subsecretario se refirió también al fallo de la jueza Servini de Cubría y sostuvo que “están intentando cercenar la participación popular, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes en el órgano político del Poder Judicial”, y sostuvo que es una muestra más “del poder corporativo”.

La rectora de la universidad expresó que por primera vez se pueden materializar las bases de la institución, en las que se plantea como objetivo académico la vinculación social para la mejora de la vida de la gente. “Necesitábamos un contexto, y nos lo dio este proyecto nacional, hoy le podemos dar contenido a esas palabras de las Bases”. Sostuvo que la reforma judicial “es un echar a andar para que con el tiempo podamos lograr una Justicia para todos”. Recordó que ayer se cumplieron diez años de la desaparición de Sergio Ávalos, un estudiante de la universidad, del cual nunca se pudo saber nada.

La jornada se da en el marco de un ciclo de encuentros regionales sobre la democratización, enfocado en la difusión y el debate sobre las leyes de reforma judicial aprobadas por el Congreso Nacional. Picardi explicó que llevar el debate a todo el país “nos permite no sólo conocer opiniones sino también escuchar las problemáticas y realidades de las provincias”. Participarán funcionarios del Poder Judicial local, referentes académicos -entre los cuales se encuentra el constitucionalista Eduardo Barcesat-, y legisladores nacionales y provinciales.