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“Estas denuncias vienen de sectores del poder económico que encuentran respaldo en algunos ámbitos políticos, que incluye difamación y denuncias penales. Que se cuestione esto no tiene ningún sentido”, afirmó Agustín Carrara, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip). Así, Carrara relativizó la imputación que el fiscal federal Guillermo Marijuán hizo hoy contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por supuestos nombramientos irregulares de fiscales. Marijuán se basó en una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, miembro del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal ya respondió: dijo que las designaciones son legales y que la impugnación “no es nueva”.

El Ministerio Público Fiscal, que dirige Gils Carbó, informó en un comunicado que la “subrogación de fiscales a través de la designación de secretarios como fiscales ad hoc tiene como fundamento la lentitud con la que históricamente tramita la ocupación de las vacantes”. En el caso de Rosario, explicaron, los fiscales ad hoc que intervienen en causa de narcotráfico “fueron solicitados por la intendenta Mónica Fein y por concejales del Frente Amplio Progresista de esa ciudad”. Los fundamentos jurídicos de las designaciones -continúa el comunicado- se basan en la ley orgánica del Ministerio Público, que establece que de no ser posible la subrogación entre magistrados, el fiscal será elegido de una lista de abogados.

Según la Procuración, la impugnación que hace el senador Mario Cimadevilla de los nombramientos de fiscales ad hoc no es nueva y ha sido planteada frecuentemente en diferentes jurisdicciones donde actúan los funcionarios judiciales, particularmente en causas por crímenes de lesa humanidad. Desde el organismo también se asegura que no existe un solo caso en el que haya prosperado la impugnación de un fiscal ad hoc.

“El senador Cimadevilla ha cuestionado a Gonella en soledad y su acusación no ha tenido correlato en otros legisladores de su mismo partido”, sostiene el comunicado de la Procuración, y agrega: “De hecho, fueron los legisladores opositores Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Laura Alonso, Oscar Aguad, Carlos Brown, Paula María Bertol y Eduardo Amadeo, quienes le requirieron a Gonella que interviniera en la investigación iniciada a partir de las declaraciones de Fariña y Elaskar, validando su calidad de titular de la Procelac”.

Cimadevilla denunció a Gils Carbó por el supuesto “nombramiento ilegal” de 11 fiscales subrogantes y 18 ad hoc. La presentación apunta en especial a la designación de Carlos Gonella, al frente de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº9 en lo Criminal y Correccional, a cargo de Marijuán, y del Juzgado Federal Nº7 de Sebastián Casanello. El fiscal decidió imputar a Gils Carbó e impulsó la acción penal “en orden a la presunta comisión del delito de acción pública” por los supuestos delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. Además, pidió los expedientes administrativos que dieron origen a las resoluciones de la Procuración General relacionadas con la Procelac y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad).

Carrara explicó que la creación de una oficina especializada en la lucha contra el lavado de dinero era algo que las organizaciones que trabajan estos temas venían reclamando. “Desde el 2000 hasta la actualidad sólo hubo dos condenas por lavado de dinero. En 2006 se creó una unidad fiscal que tuvo un desempeño tan bajo que no pudo solucionar estos problemas. Ahora, con la Procelac, se vio un avance muy interesante y nos parece fundamental que se siga trabajando”, sostuvo Carrara.

Según denunció Cimadevilla, las designaciones de los fiscales se hicieron a través de resoluciones administrativos y no contaron con la aprobación del Senado, como establece el artículo 74 de la ley de Ministerio Público. “Fueron nombramientos necesarios para crear el área. Era algo urgente”, explicó el director ejecutivo del Inecip sobre la designación de Gonella. “Todas las organizaciones coincidimos en que es una estructura muy necesaria. Por eso criticamos que se descalifique el trabajo de esta forma”, sostuvo Carrara. 

Apoyo de dos organizaciones

No fueron las únicas críticas que recibió la medida de Marijuán. La Lista Celeste, que funciona en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, emitieron dos comunicados en apoyo a la procuradora general.

La Lista Celeste destacó la “legitimidad de tales designaciones interinas y rechaza los cuestionamientos que se han realizado”. También repudiaron “las descalificaciones” que se realizaron por medios públicos. Y defendieron a Gonella: “Se encuentra ternado en múltiples concursos para acceder a cargos de fiscal, cuenta con sobrados antecedentes académicos y técnicos y en su labor como fiscal general subrogante ante los tribunales orales federales de Córdoba ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos”, dice el comunicado.