Lo dijo el constitucionalista Eduardo Barcesat en la apertura del ciclo federal de conferencias de Infojus. El primer encuentro se hizo en La Plata y seguirá en distintos puntos del país. De los paneles participarán referentes de distintas ramas del Derecho, junto a integrantes del equipo de Ediciones Infojus. Tratarán sobre temas de la actualidad jurídica argentina.
Empezó ayer Ciclo Federal de Conferencias Infojus en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de La Plata. Se inauguró con tres ponencias dictadas por Aristides Corti, especialista en derecho tributario; Eduardo Barcesat, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y Miguel Berri, profesor de la Universidad de Nacional de La Plata. Durante el acto se presentó la revista “Derecho Público Nº 7” y se reiteró el propósito del ciclo: acercar al interior del país la información jurídica y los conocimientos técnicos del derecho.
Eduardo Barcesat evaluó las falencias e inconsistencias de los tribunales CIADI –Centro Internacional de Arreglo a Diferencias Relativas con Inversiones- y se refirió a la incoherencia de su estructura: “Es una pirámide invertida. Quien examine sus sentencias verá que tienen poca invocación al Derecho Internacional y que todo lo resuelven por el buen criterio de los árbitros”.
Luego de aclarar que los tribunales CIADI no son permanentes ni tienen jurisprudencia propia como el Tribunal de La Haya señaló la paradoja de sus normas: “Ellos especifican como inversión la compra de acciones, y a mí no me cabe dudad de que aciertan, pero eso no convierte a los accionistas en inversores como juzgan. No se necesita ser experto del Círculo de Viena para saber que es una imbecilidad. Estos tribunales tienen una nómina de árbitros expertos en defensa de intereses privados”.
Enseguida orientó su argumento hacia la naturaleza de sus funciones. Explicó que la jurisdicción de los CIADI los habilita a intervenir cuando hay diferencias jurídicas entre partes contratadas que deben ser empresas y estados nacionales. Y que esa diferencia implica un reclamo con sustento normativo y dogmático. “Ahora, ¿cuál normativa los cobija? La acordada por las partes, y en caso de que no exista prevalece el derecho interno del país en que se hace la inversión”.
Al final de su intervención, que subió de intensidad con el paso de los minutos, expresó su indignación sin rodeos: “Van a la par de Griesa y no se sabe cuál es peor. La Argentina no soporta más estar bajo el control de los CIADI, el país debe recuperar su soberanía legislativa y jurisdiccional. Ese es su derecho de autodeterminación e independencia económica”.
Aristides Corti expuso sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- en materia tributaria y comenzó con la deuda pública interna y externa: “No basta con denunciar los tratados porque aún denunciados siguen vigentes por 10 ó 20 años más. La Argentina debería promover una ley que declare la nulidad de las cláusulas”. Y concluyó que “más allá de la ley, es necesario adquirir un sentido profesional de la jurisprudencia”.
A su turno, Miguel Berri habló sobre el control de la constitucionalidad en Argentina. Precisó que el control constitucional nació en Estados Unidos con un proceso político que vivió la retirada del federalismo y la llegada del partido demócrata-republicano. “El presidente Adams, que se retiraba, designa gran cantidad de jueces en Columbia y nombra a su Secretario de Estado como presidente de la Corte de la Nación, lo cual trae un problema para el presidente entrante que decide mantener la última interpretación de la constitución en el poder judicial a través de un proceso de control de constitucionalidad de oficio”.
Y enmarcó el proceso histórico del control constitucional en Argentina desde la controversia entre Sarmiento y Albertihasta el caso Rodríguez-Pereira en 2012. “Cuando llega a la Argentina aparece como un sistema adquirido porque el debate entre Alberti y Sarmiento tiene como consecuencia la postura de Sarmiento de copiar la constitución de Estados Unidos al dedillo porque tenía un manual de instrucciones de la jurisprudencia, específicamente los fallos desde 1787 hasta 1863. Entre los casos importantes de la Argentina están el de Rodríguez Pereyra que rompe con el control de fusión de partes, el caso halabi que desaparece l concepto internarte, el caso Cavallieri y el caso de consumidores”.
Las últimas palabras de su ponencia cuestionaron directamente el poder de interpretación exclusivo del sistema judicial: “El gran desafío es analizar si el sistema es razonable y preguntarnos si es suficiente con que los abogados seamos los únicos autorizados para interpretar la constición o si debe haber otros mecanismos de control”. Fue un cierre tan aplaudido como cada momento en que se cuestionó al juez Griesa.
Las conferencias de Infojus en el interior del país
La nueva serie de conferencias de Infojus se extenderá a distintos puntos del país. Los paneles estarán compuestos por referentes de las distintas ramas del Derecho, junto a integrantes del equipo de Ediciones Infojus y tratarán sobre temas de la actualidad jurídica argentina.
Esta serie se propone acercar al interior del país los encuentros realizados este año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Infojus participó por primera vez. Esto permitió dar a conocer la calidad y la gratuidad de las herramientas que ofrece. El objetivo del Sistema Argentino de Información Jurídica es trasladar esta fructífera experiencia a todo el territorio nacional.
En su portal www.infojus.gob.ar se puede acceder a su buscador jurídico gratuito, que consta de más de 850 mil documentos jurídicos entre jurisprudencia, legislación y doctrina nacionales y provinciales. También allí está el listado de su red de Centros de Consulta de atención personalizada, ubicados en Tribunales, Colegios de Abogados y Universidades de todo el país, mediante los cuales Infojus busca reforzar su carácter federal y llegar a todo el territorio nacional.
La participación en estos eventos editoriales a nivel nacional permite acercar cada vez más a toda la comunidad la información jurídica y el conocimiento del Derecho. Esto se da en el marco de una lógica de políticas de Estado que buscan profundizar el Acceso a la Justicia.