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“Fuimos privilegiados. Tuvimos el cuerpo de mi padre en 48 horas”, respondió María Eva Centeno al abogado Héctor Granillo Fernández, quien encabeza la defensa del suspendido juez Pedro Federico Hooft. La pregunta intentaba dilucidar por qué los familiares de Norberto Centeno, secuestrado y asesinado en 1977, no habían impulsado la causa penal ni habían aportado más elementos para que Hooft avanzara con la investigación. Pero esa falta de acción, que le correspondía como juez, es el motivo por el cual el magistrado de Mar del Plata enfrenta un jury que comenzó esta mañana y que podría destituirlo del cargo. Sólo si eso ocurre, deberá ir a declarar ante la Justicia Federal, que investiga si fue cómplice de la última dictadura cívico-militar. Hasta ahora, el juez esquivó siete veces los llamados a declarar.

El testimonio de María Eva Centeno fue el último de la primera jornada del juicio político, que se lleva adelante en el Salón de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia de La Plata y preside el ministro Juan Carlos Hitters. Antes habían declarado el juez federal Mario Portela y el abogado Carlos Bozzi, sobreviviente de la “Noche de las corbatas”. El proceso tiene todavía catorce jornadas por delante y casi un centenar de testigos pero ya quedó clara la estrategia de ambas partes. La acusación, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y organismos de derechos humanos, buscará centrarse en la prueba documental para demostrar que Hooft incumplió sus deberes y archivó habeas corpus en forma anticipada y cerró causas penales sin investigar. La defensa sostiene que es una “causa armada” e intenta poner en manos de los familiares de las víctimas la responsabilidad por el impulso de causas penales como las denuncias por secuestros o asesinatos.

La historia del secuestro de Centeno es similar a la de la mayoría de los abogados laboralistas detenidos en ese megaoperativo de julio de 1977: una patota se le fue encima, lo golpeó y lo arrastró hasta un vehículo. De allí fueron hasta el centro clandestino de detención ubicado en el radar de Mar del Plata, conocido como “La cueva”. Centeno, jurista y creador del principal antecedente de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, murió a las pocas horas de torturas. Su cuerpo no soportó el ensañamiento: integrantes de Concentración Nacional Universitaria (CNU) habían informado al Ejército que Centeno era financista de Montoneros. El dato era falso –Centeno no tenía relación alguna con esa organización- pero alcanzó para que los hombres que dirigía el jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, se desesperaran por esa información.

A Centeno lo secuestraron el 6 de julio de 1977. En otros operativos más o menos simultáneos se llevaron también a los abogados Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y su esposa, María Argañaraz; José Verde y su esposa, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. Veinte días antes, la Policía Federal había secuestrado en Neuquén al matrimonio compuesto por el abogado Jorge Candeloro y la psicóloga Marta García. Candeloro también murió en la mesa de tortura. Marta García fue liberada después de varios meses de cautiverio y ella declarará el miércoles de la próxima semana. Estaba previsto que lo hiciera hoy pero la defensa pidió postergarla una semana porque fue operada. También denunció que ayer intentaron ingresar por la fuera a su casa y sostuvo que fue una “acción intimidatoria”.

El primer testigo de hoy fue el juez Portela y se encargó de relatar cómo fue el proceso para nombrar a los jueces de la dictadura en Mar del Plata, en junio de 1976: “Un grupo de abogados notables se reunía en un bar frente a los tribunales y allí elegían a los jueces. Y en una visita del subsecretario (de Justicia bonaerense, Héctor) Munilla Lacasa designaron a los jueces”. Entre esas designaciones estuvo la de Hooft.

Una declaración polémica

Pero la declaración que generó más comentarios y chisporroteos en la sala fue la de Bozzi, quien fue secuestrado junto a Fresneda y su esposa, que estaba embarazada de cuatro meses y cuyo hijo o hija nunca apareció. Bozzi, que fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y editó una revista política en la primera mitad de los setenta, volvió a decir que durante muchos años pensó que lo había secuestrado la Policía Bonaerense porque no creía que los militares pudieran participar de operativos represivos vestidos de civil. 

Repitió que estuvo detenido en un lugar que, por la descripción que hizo, sería La Cueva. Pero contó que fue bien alimentado y que no escuchó que hubiera más gente allí. Ahí había sido llevado con el matrimonio de Fresneda y Argañaraz, ambos desaparecidos. También había una decena más de secuestrados, según testimonios de otros sobrevivientes.

Bozzi fue liberado en un operativo en el cual los militares fingieron la detención de un auto en el que viajaban tres militantes montoneros a los que mataron. En el baúl del auto estaba Bozzi, quien tenía los ojos vendados. Ese auto era de Centeno y lo habían robado poco después de secuestrarlo. “Mi liberación salió en la tapa del diario La Capital. Fue una excusa para blanquearme y dijeron que fueron los Montoneros”, contó el abogado, que salió del predio militar el 19 de julio de 1977, once días después de su secuestro.

“Al otro día llamaron del juzgado de Hooft y atendió mi papá. Me preguntó si estaba en condiciones de declarar. Me pareció que ponía en riesgo mi familia, a Tomás (Fresneda) y a Mercedes (Argañaraz). No fui a declarar porque tenía miedo y me fui a Corrientes”, dijo Bozzi. Sus frases abonaron la teoría de la defensa, que asegura que Hooft actuó a favor de las víctimas pero no tienen prueba documental para sostenerlo.

Además, Bozzi contó que tiempo después, en una visita a Corrientes, su papá le contó que había recibido una comunicación oficial del juzgado de Hooft. “Le dije que lo tirara pero no sé a qué se refería”, agregó el abogado y generó un murmullo casi imperceptible entre los familiares de las víctimas y los militantes de organizaciones de derechos humanos que fueron a presenciar el proceso.

Pero su testimonio no terminó allí. También cuestionó a uno de los testigos propuestos por la acusación: sugirió que le pagaron a Roberto Brien, ex soldado, que era operador de radioteléfono, para que declare sobre el contenido de las comunicaciones de la Base Aérea Militar, donde funcionó el centro clandestino de detención. Y, además, funcionó como testigo de concepto de Hooft: “El que era amigo de la CNU era su hermano. Pedro Hooft sin ser del CNU representa a la derecha católica y conservadora”.

La frase generó algunas sonrisas entre el equipo del juez cuestionado, que aún debe explicar por qué la prueba documental dice lo que dice y no otra cosa. Uno de esos documentos es el expediente por la muerte de Centeno, que Hooft no investigó y remitió al Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) el 3 de agosto de 1977, según consta en el Libro de Seguimiento de Causas, que fue secuestrado en un allanamiento a su tribunal.