El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la disposición de un organismo del Gobierno porteño que intentaba limitar las asambleas gremiales. La propuesta obligaba a los trabajadores a pedir autorización para realizar asambleas y realizarlas fuera del horario laboral.
El gobierno porteño, a través de Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales (DGEGRL) - dependiente del Ministerio de Modernización-, emitió una disposición que obligaba a los trabajadores a pedir autorización para realizar asambleas gremiales y realizarlas fuera del horario laboral. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que declaró inconstitucional varios artículos de esa resolución.
Durante una audiencia pública realizada en el máximo tribunal porteño en noviembre del año pasado, el titular de la dirección Carlos Alberto Lelio intentó justificar la medida: “Lo que quisimos hacer fue armonizar el derecho de los trabajadores con el de los ciudadanos”. La disposición era clara: entre otras cosas establecía que los trabajadores del Estado (de la ciudad) debían pedir autorización 72 horas antes para realizar una asamblea y que esta sea evaluada para “no entorpecer el normal funcionamiento de las tareas”.
En la resolución, el Tribunal dice: “de la norma no surge que la misma habilite a la autoridad de la dependencia a prohibir, limitar o entorpecer en modo alguno la celebración de asambleas o el ejercicio libre de la actividad sindical”.
La sentencia se encuentra firmada por los jueces Ana María Conde, Luis Lozano, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casas e Inés Weinberg y explica que la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales “carece de competencia” para dictar reglas sobre la actividad sindical.