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A partir del video en el que se ve a tres empleados del gobierno porteño, que de forma violenta le quitan la mercadería a un mantero de plaza Houssay y se retiran una camioneta identificado como de Control Comunal, la comunera Gabriela Castillo presentó una denuncia penal por “abuso de autoridad y coacción civil”. Castillo también reclama que se investigue quién contrató a los tres hombres: dice que no son inspectores designados por la Comuna 2, en el barrio de Recoleta.

“Ya presenté la denuncia penal contra los tres, y aporté el nombre de uno. A los otros dos no los tenía identificados. En el video del operativo se ve cómo levantan con violencia y se comportan como matones frente a un vendedor ambulante”, dijo a Infojus Noticias Castillo, comunera del Frente para la Victoria.

Castillo denunció el abuso que se prueba en el video: “Le tiraron las cosas, no labraron actas y hay  violencia física contra una persona que defiende al vendedor. Hay una serie de irregularidades que no tienen nada que ver con un procedimiento de inspectores en el espacio público”.

En el episodio participó una camioneta Amarok sin patente, pero identificada como de la Comuna 2 de Control Comunal. Sucedió "a la una de la tarde en Paraguay y Junín", relató a Télam Marina, la joven que filmó el video que se puede ver en la red social Youtube. "Me bajé del colectivo 106 y vi a los inspectores del gobierno de la ciudad que tenían los chalecos reglamentarios, pero cuando empezaron a agredir a los vendedores se los sacaron, y ahí empecé a filmar, como varias personas, porque no podíamos creer la impunidad con la que se manejaban a plena luz del día", contó.

Castillo se enteró y decidió denunciar la agresión. “Otra situación irregular es que las tres personas que aparecen como inspectores no corresponden a las que en la comuna designamos hace unos meses, a través de un concurso”.  “Ahí hay una situación que es importante saber: quiénes son estas personas, quiénes les pagan el sueldo y por qué se manejan en una camioneta de la Comuna 2”.

En el video puede verse cómo los “inspectores” agreden verbal y físicamente al vendedor durante varios minutos, tiran la mercadería incautada en la caja de la camioneta y cuando se retiran se constata que el vehículo del gobierno de la ciudad no lleva patente.

José Malbrán, coordinador administrativo del área de inspección del Uso del Espacio Público del gobierno porteño, dijo: "Esa camioneta no es nuestra, ya que las nuestras se identifican con un ploteo verde que dice ‘Espacio Público’". Pero Malbrán reconoció que "el Gobierno porteño aparte puso inspectores en las comunas, por lo que corresponde a ellos".

La abogada de Facundo Carillo, presidente de la Junta Comunal de la Comuna 2, señaló a Télam: "Eso está solucionado: los chicos fueron a hacer un operativo en una camioneta que no está circulando sin patente, porque la tiene atrás".

Para Castillo, “la conducta de estas personas parece propia de la UCEP (Unidad de Control de Espacio Público), ente que Macri tuvo que disolver y por la cual está procesado”.

Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de denuncias desde 2010 por parte del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), de la Legislatura porteña y de la Defensoría del Pueblo. En particular, se alertó sobre el modus operandi de ese organismo, y en su momento el ODH aportó como prueba un video en el cual puede verse su actuación en cinco casos testigo, que evidenciaron desalojos violentos en el espacio público.

La UCEP fue ratificada por la gestión de Macri mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”. Pero se determinó inconstitucional, ya que el artículo 13 la Constitución porteña “garantiza la libertad de los habitantes”. En julio de este año, la Sala I de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño.

La causa está caratulada como “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/ amenazas y otros delitos” y actualmente, el jefe de Gobierno —junto a 29 funcionarios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia por la violencia de los supuestos inspectores en plaza Houssay recayó en el juzgado de Instrucción en lo Criminal N° 40, a cargo de Rodolfo Carlos Cresseri.