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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató un equipo de la Universidad Austral dirigido por el ex fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, para realizar un estudio “preparatorio de las transferencias de los organismos nacionales con jurisdicción en materia penal y en seguridad urbana” a la órbita porteña. Los legisladores Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionaron la operación, que se produjo mediante una contratación directa aprobada por la Jefatura de Gabinete, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.

Los legisladores adelantaron que presentarán un pedido de informes por la contratación, que se realizó sin licitación pública. Cuestionaron que se acuda a una universidad privada para realizar una tarea que puede ser cumplida por organismos públicos en el ámbito de la ciudad, como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Metropolitana o la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Garavano está por cumplir cuatro meses desde que culminó su mandato al frente de la Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Oliveto Lago y Ferraro denuncian que la contratación del ex fiscal general al frente de este estudio es contraria a lo estipulado en la Ley de Ética Pública de la ciudad. “No puede ejercer tal actividad hasta un año después de su egreso”, señalaron al diario Tiempo Argentino. Sostuvieron que vulnera las disposiciones sobre incompatibilidades y conflictos de intereses.

Garavano ejerció el cargo de fiscal general porteño hasta el 28 de marzo pasado, cuando fue relevado por el ex legislador macrista Martín Ocampo. Había asumido el cargo en 2007, al tiempo que Ocampo ingresaba a la Legislatura. Antes de llegar al Ministerio Público de la ciudad, Garavano se había desempeñado como juez en el Poder Judicial porteño, y llegó a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura como representante de los magistrados.

Además, de encargarse el estudio a un organismo público, no sería necesaria la erogación de 2.214.000 pesos. Los legisladores también afectaron ese pago al pedido de informes porque “no se conocen los parámetros que se han tenido en cuenta para establecer el monto”. La contratación fue formalizada por la resolución 581 de la Jefatura de Gabinete, con fecha del 30 de junio, y publicada diez días después en el Boletín Oficial de la ciudad.

Una mancha más al tigre

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suma una mancha más a su gestión. Este es tan sólo uno más de los actos administrativos que han sido cuestionados por vulnerar los mecanismos institucionales del distrito. En la noche del viernes, la justicia porteña frenó la aplicación del decreto de Macri que creaba estructuras gerenciales comunales bajo la órbita del Ejecutivo.

Las nuevas dependencias se arrogaban las mismas funciones y competencias que las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos creados por la ley 1777 y la Constitución de 1996, pero quedaban bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Rodríguez Larreta. Esta medida avasallaba a lógica de descentralización y democracia participativa a la que apunta la creación de las quince unidades de gestión política y administrativa, cuyas autoridades son electas en forma directa por los ciudadanos porteños.

Rodríguez Larreta debió rendir cuentas ante la Legislatura el martes pasado, y defendió la creación de esas oficinas en el ámbito de su cartera. También respaldó la implementación del programa “Terminá la Secundaria”, que fue lanzado en todo el país pero no brinda un título de validez nacional. Sin embargo, no respondió los planteos sobre la aplicación de las leyes de Boleta Única y de Primarias Abiertas en el distrito, normas que aún no fueron reglamentadas por el Ejecutivo, ni las críticas por los miles de alumnos porteños que este año no pudieron acceder a una vacante en el sistema de educación pública.