Después de la elección de autoridades –la primera en 56 años de la Asociación de Abogados Laboralistas- donde los ganadores se impusieron por cinco votos, la Corriente 7 de julio denunció falta de transparencia en los comicios. Preparan una presentación formal ante la Inspección General de Justicia. La lista oficialista niega las acusaciones.
La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio cuestionó el resultado de las elecciones de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) que extendieron el mandato de las actuales autoridades. Y denunció: “Hubo fraude escandaloso” en los comicios. La Agrupación 1º de Mayo, con seis años al mando de la entidad, se impuso hace dos semanas por apenas cinco votos de diferencia sobre la única lista alternativa, en la primera elección de autoridades tras 56 años de vida de la asociación.
“Vamos a hacer una presentación formal ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que es la autoridad administrativa de aplicación”, dijo Leandro Recalde, uno de los integrantes de la Corriente 7 de Julio. “La Junta Electoral no garantizó la transparencia de la elección”, explicó a Infojus Noticias, porque las atribuciones que le corresponden (oficializar las listas, recibir y resolver impugnaciones, velar por un proceso transparente) quedaron en manos del Consejo Directivo de la asociación, integrado por los mismos miembros de la lista oficialista que ganó la reelección.
Para Recalde “el proceso estuvo mal desde el inicio”, porque “se les negó el acceso al padrón de asociados, tanto que debimos pedirlo por carta documento, ir con escribano y hasta recurrir a la IGJ para obtenerlo”. Agregó que van a plantear la nulidad de la elección porque siete personas que estaban en condiciones de votar “fueron excluidas del proceso electoral” y a la vez, se “rechazaron en forma discrecional las impugnaciones que realizamos sobre 88 personas” quienes presuntamente no cumplían con los requisitos para participar de la elección. “Las autoridades de la AAL se arrogaron todas las facultades de control del proceso, eran juez y parte”, sostuvo Recalde.
Integrantes de la agrupación 7 de Julio dijeron que la junta electoral asumió recién el mismo día de la elección (25 de agosto), y ni siquiera estuvo facultada para revisar los padrones, ni para resolver los planteos a consideración. Los comicios fueron en la sede de ATE nacional, alineada con la CTA que lidera Pablo Micheli.
“Lo importante es la frontalidad y la sinceridad política”
Horacio Meguira, director del departamento jurídico de esa central sindical y ex vicepresidente de la AAL, cuestionó la sede de elección: “No debería haberse hecho en un local sindical, tenía que ser en un lugar neutral”, dijo a Infojus Noticias. El laboralista cumplió funciones al frente de la asociación en la década del ’90, como vicepresidente durante la gestión de Pedro Kesselman. En esos tiempos la entidad era una suerte de trinchera de resistencia a las leyes de flexibilización y a los sistemas de empleo “basura”.
Meguira rechazó la intervención de la IGJ en el proceso electoral, y aseguró que “debe respetarse el resultado” y la voluntad de los afiliados. Celebró que tras 56 años de existencia haya habido elecciones en la entidad, y advirtió que “el resultado es un llamado de atención para las autoridades, que se impusieron por apenas cinco votos de diferencia”. Durante las casi seis décadas de vida de la entidad, las autoridades habían sido elegidas siempre por consenso.
El abogado criticó “la hipocresía y el oportunismo” de León Piasek, Luis Enrique Ramírez y Alejandro Ferrari (la conducción actual), que comenzaron a pronunciarse con mayor frecuencia contra las políticas del gobierno nacional, luego de haber sido favorecido por esa gestión. Opinó que “lo importante es la frontalidad y la sinceridad política”, algo que sí le reconoció a la lista de la flamante agrupación 7 de Julio. “Estoy totalmente en desacuerdo con lo que piensan” en esa nueva agrupación, aclaró, pero rescató que tiene “excelente vínculo” con Gustavo Ciampa, el abogado que encabezó la lista de la nueva agrupación.
Aunque durante los últimos años estuvo alejado de la vida política de la asociación, Meguira integró recientemente la Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores (ANAT), que hoy debate si participará de la vida interna de la AAL o conformará una nueva asociación.
“Las elecciones se desarrollaron normalmente”
Piasek rechazó las críticas y aseguró que “no se puede dar crédito a ninguna de las denuncias que se hicieron”, en diálogo con Infojus Noticias. Afirmó que “las elecciones se desarrollaron normalmente” y que la junta electoral “fue elegida de común acuerdo y funcionó perfectamente”. Explicó que los padrones “todavía no habían sido confeccionados cuando los pidieron, por eso entregamos las listas de asociados”. Respecto a las casi noventa impugnaciones que realizó la lista de oposición, planteó que “fueron presentadas ante el Consejo Directivo y no tenían ningún fundamento legal, eran arbitrarias”.
“Fue una elección pareja”, resumió. Explicó que “sólo uno de los nueve integrantes de la Comisión Directiva está vinculado a ATE nacional”, que prestó su sede para la elección porque se necesitaba albergar a cerca de 300 electores. “Ya se había acordado antes de que se presentara la otra lista”, afirmó. Resaltó que hubo veedores de la IGJ durante todo el proceso. “La gente expresó libremente su voto y la diferencia de apenas cinco votos da cuenta de la transparencia”.
Desmanejo en las finanzas
La agrupación 7 de Julio denunció “maniobras contables” en el manejo de la Asociación de Abogados Laboralistas. Planteó que existen contabilidades paralelas, en las que se registra de diferente forma la deuda o el atraso en los pagos de las cuotas de los asociados, según convenga para la negociación política. “Se usa como dique para que algunos socios históricos no puedan retornar”, dijo Recalde.
A su vez, desde la agrupación revelaron que la AAL adeuda alrededor de cien mil pesos en concepto de contribuciones patronales de sus dos empleados, según un informe de auditoría del 18 de julio pasado. “¿Así se defiende a los trabajadores?”, cuestionó la agrupación 7 de Julio. Piasek aclaró que la deuda “no es inmediatamente exigible ni afecta la obra social de los empleados”, puso en duda el monto y aseguró que ya se pagó una parte.
Piasek explicó que los ingresos de la asociación son muy reducidos, y que se elevan a fin de año con el cobro de aranceles por unas jornadas anuales. “Ahí nos ingresa un poco más de dinero que lo habitual y cancelamos las deudas. La vez que no pudimos hacerlo, nos inscribimos en una moratoria”, dijo. Y negó que exista otra deuda, consultado por los cerca de 250 mil pesos que una compañía reclama por el servicio de catering de un congreso organizado por la AAL y otras entidades. “Somos ajenos a esa deuda, ese servicio fue contratado por FOETRA, que prestó su sede para la realización del evento”, afirmó. Agregó que “las denuncias son vagas, buscan ofender y falsear la realidad”. Y concluyó: “Somos una conducción pluralista”.