Denuncian por sedición a senadores que acordaron no elegir juez de la Corte
El abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia ante la justicia federal. "El acuerdo de los legisladores opositores viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal", dijo el constitucionalista. La causa quedó en manos de Servini de Cubría.
Foto: Télam.
El constitucionalista Eduardo Barcesat denunció por el delito de “sedición” a los senadores que acordaron bloquear la designación de un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia durante más de un año. Los legisladores anunciaron que sólo tratarán una propuesta del Ejecutivo cuando se elija un nuevo gobierno nacional, indicaron en un comunicado de prensa. Esa decisión fue cuestionada, también, por otros constitucionalistas. La denuncia quedó a cargo por sorteo de la juez federal porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación, informaron fuentes judiciales.
“Alzarse públicamente contra el cumplimiento de una ley de la Nación constituye el delito de sedición”, señaló Barcesat en declaraciones a Infojus Noticias, al anticipar el eje de la denuncia que presentó ante la justicia federal, con patrocinio del abogado Gabriel Chamorro, contra los legisladores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando "Pino" Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli y "todo otro senador" que haya suscripto ese acuerdo.
La denuncia está amparada en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, que prevé que serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años “los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
En un escrito de cinco carillas, Barcesat sostiene que "ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia.
"No amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades del precepto constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo del Senado que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos tercios de los miembros presentes", indica el abogado en el texto.
El miércoles, un grupo de treinta legisladores firmó y distribuyó un documento titulado “Freno a nuevos jueces de la corte hasta el 2015”. El texto, que fue leído por el socialista Rubén Giustiniani en una conferencia de prensa improvisada en un pasillo del Senado, precisa que los senadores “comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial” se comprometen a “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral”.
El documento, que sólo tiene un párrafo, fue firmado por todos los senadores de los bloques de la UCR, Frente Cívico de Catamarca, Peronismo Federal, Movimiento Popular Fueguino, Movimiento Popular Neuquino, Alianza Santa Fe Federal y Trabajo y Dignidad y el interbloque FAP-Unen-Coalición Cívica ARI.
La Constitución nacional establece que la elección de los integrantes del Supremo Tribunal debe realizarse por los dos tercios de los miembros de la Cámara alta, por lo que serían necesarios 48 votos sobre los 72 que conforman el cuerpo. Con el acuerdo de 29 senadores oponiéndose a consensuar el nombramiento del quinto integrante de la Corte, resulta imposible alcanzar el número necesario para cualquier designación.
El abogado constitucionalista Roberto Boico definió como “una irresponsabilidad mayúscula que los senadores se junten para decir que no van a cumplir con la Constitución”. Agregó: “Evidentemente se trata de un grupo de legisladores que trabaja sin compromiso constitucional cuando, por el contrario, hay que dar el debate serio, profundo, profesional".
“Actitudes como estas suponen una anomalía generada por personas que se la pasan vociferando en nombre de la calidad institucional”, amplió Boico y los invitó a que miren la experiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos “donde hay discusiones públicas y se estudian muy cuidadosamente los perfiles de los candidatos”.
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