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La organización Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria emitieron hoy un comunicado para quejarse de la continuidad de la demolición interna del edificio del ex Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino. Es a pesar del pedido del 12 de junio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña declare "sitio histórico" al inmueble.

El edificio está en manos de la Universidad del Salvador. Los vecinos de Balvanera difundieron imágenes de volquetes con basura y escombros acumulados en la vereda de Viamonte y Callao, lo que confirma la continuidad de las modificaciones edilicias.

Diversos organismos de derechos humanos piden la suspensión de las obras. Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria reclamó "la inmediata suspensión de las obras, preservando pruebas y el valor histórico de los espacios donde se decidió la desaparición o muerte de miles de personas".

Además, los organismos de derechos humanos denunciaron "la irresponsabilidad de quienes permitieron que se esté modificando la estructura del edificio". Solicitaron, también, que "se investigue cómo llegó ese edificio público a manos de la Universidad del Salvador, después de estar cerrado por más de una década".

"Los avisos publicitarios dicen que será habitado por más de cinco mil alumnos de la universidad y llamativamente el cartel de obra dice que el destino de uso del edificio será un hotel", advirtieron los organismos.

“Es importante entonces asegurar que la memoria de este sitio sea rescatada para las presentes y futuras generaciones, particularmente si allí van a estudiar y residir transitoriamente futuros estudiantes de una universidad que profesa la religión católica, la cual padeció víctimas del terrorismo de Estado en la persona de seminaristas, sacerdotes y autoridades eclesiásticas”, señaló la Defensoría del Pueblo porteña en su proyecto, que se inscribe dentro de la Ley Nacional 26.691 de 2011, sancionada para la “Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”.

Por el edificio del Batallón 601 se procesaron y analizaron miles de fichas que sirvieron para espiar, perseguir y asesinar a ciudadanos con ideología contraria a la dictadura militar. Datos de militantes aniquilados en el marco del Plan Cóndor y de la Contraofensiva pasaron por el edificio de Callao y Viamonte.

Durante los siete años que duró la última dictadura, trabajaron allí de manera constante más de 1500 agentes civiles y alrededor de 340 militares. La totalidad del personal civil de inteligencia, unos 800, lo hacían como “agentes de reunión” y “agentes de producción” y eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades y organizaciones políticas y sociales para recabar información.

En el Batallón 601 también se organizó “el envío de sus expertos en torturas y desaparición a países centroamericanos”,  escribieron los integrantes de Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria.

La ONG denunció “la irresponsabilidad de quienes por acción u omisión permitieron que se esté modificando la estructura del edificio con refacciones y derrumbes parciales, mientras hoy se desarrollan los juicios por crímenes de Lesa Humanidad, donde pruebas concretas pueden encontrarse todavía en ese lugar”.