Infojus Noticias

En el barrio porteño de Floresta, en Ramón Falcón entre Mariano Acosta y Benedetti, 33 ucranianos podrían ser desalojados de un P.H. el 11 de febrero por orden del juzgado civil 62 de la ciudad de Buenos Aires. La causa abierta en 2010 por solicitud de la Parroquia Católica de Ucrania Santa María del Patrocinio está caratulada como “intrusos”. Uliana Teremyshlyeva, una de las afectadas, dice que siempre pagaron alquiler y que tiene cómo demostrarlo.

“Dicen que somos intrusos y ocupantes, que la casa está en mal estado, que violamos la buena fe y los derechos de la iglesia, que nos portamos mal y no merecemos la ayuda de la iglesia”, dijo Uliana a Infojus Noticias en un castellano perfecto, con acento. En marzo de 2010 recibieron una carta del abogado que representa a la parroquia, Pablo David Alarcón, donde les informaban que tenían 15 días para dejar la casa. Para septiembre los ucranianos seguían en el lugar y un funcionario de Metrogas llegó al domicilio con orden de suspender el servicio.

“Nos quedamos sin gas y comenzamos a sospechar. Fuimos a Tribunales a averiguar si había una causa abierta en nuestra contra y confirmamos que sí. Nos enteramos por casualidad, por el sonido de una campanita. Ahí comenzó nuestra resistencia. Constituimos una cooperativa de vivienda, le escribimos una carta a Néstor Kirchner y tuvimos una respuesta positiva, pero por mala suerte él murió y hubo que empezar de nuevo”, dijo Uliana quien será desalojada junto 32 inmigrantes más entre los que se cuentan seis menores de edad y varias personas mayores.

“Nosotros pagamos todo, tenemos recibos. Limpiamos, reparamos, hicimos mejoras de piso. No es una casa tomada, estamos acá por un contrato de palabra, no es un peligro para los vecinos. Este es un P.H. pero acá se puede vivir hasta cien años más. Esta injusticia desde hace 4 años no puede seguir. Los chicos crecen y escuchan, eso les queda”, dice preocupada.

“Creo que se esa decisión se puede bloquear. Lo llamativo e indignante es que venga de una organización religiosa y que quieran un desalojo de forma forzada”, dijo a esta agencia Marcelo Fishman, abogado defensor de Uliana y dos inmigrantes más. Los 33 inmigrantes llegaron a la Argentina entre 1994 y 1998 luego de que el gobierno de Menem firmara un convenio para acoger ciudadanos de Europa Central y del Este. Les ofrecieron empleo y garantías sociales, pero al llegar al aeropuerto de Ezeiza no encontraron nada, ni siquiera el saludo de un funcionario.

“Tenemos papeles que dicen que recibiríamos alojamiento, trabajo y enseñanza del idioma. Era un proyecto financiado por el Estado, pero no tuvimos nada. Muchos migrantes que vinieron conmigo se suicidaron o se enloquecieron. Fue un golpe psicológico, venían con una educación alta, eran médicos, ingenieros, y tuvieron que irse a la construcción o a la cocina. ”, cuenta Uliana.

Los Ucranianos que llegaron durante esa oleada (entraron más de seis mil entre 1994 y 2000) huían de los efectos del accidente nuclear en Chernobyl. Uliana trabajaba en el Museo de Arte de Zhitomir, pero comenzó a considerar la posibilidad de abandonar Ucrania por temor a la radiación nuclear del accidente en la central nuclear del 26 de abril de 1986.

“Sentíamos un sabor metálico en la boca, un gusto a zinc. Estábamos como sin fuerza y los chicos más todavía. Los que no tuvieron para pagarse un pasaje aéreo salieron como ilegales a Europa”, recuerda. Ninguno se arrepiente de haber viajado a la Argentina y ninguno tiene planes de regresar a Ucrania donde algunos de ellos ya no tienen familiares, amigos ni propiedades.

“Vinimos acá porque nos daban la opción de vivir en situación legal. Algunos que no tuvieron para el tiquete viajaron a Europa como ilegales. Queremos encontrar una solución digna, pero no hay posibilidad de negociación ni de diálogo. Nos presentan como vagos y clandestinos y desde 2004 iniciamos una cooperativa de vivienda para buscar soluciones”.

Fuentes de la Parroquia Católica de Ucrania Santa María del Patrocinio dijeron a Infojus Noticias que “las respuestas a este caso las darán nuestros abogados. La justicia otorgó el desalojo, pero no sé cómo se hará y no quiero dar declaraciones”.