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“El desalojo violento o la inacción no pueden ser las respuestas del Gobierno de la Ciudad al reclamo legítimo por vivienda digna”, comienza diciendo la solicitada que publica hoy el diario Página/12 y que firman, entre muchos otros, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; diputados nacionales como los kirchneristas Julián Domínguez, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque y Juan Cabandié; los legisladores y comuneros porteños del Frente para la Victoria; actores como Hugo Arana y Ricardo Darín e intelectuales como Federico Schuster y Ricardo Forster.

“Esta Ciudad, que es la más rica del país, que tiene el presupuesto en términos per cápita más grande de la Argentina, tiene 350.000 personas con déficit habitacional, de las cuales 200.000 viven en villas o asentamientos, en condiciones absolutamente precarias. Mientras tanto, el gobierno porteño cuadruplicó su deuda en dólares (…), a la vez que aumentó el 600 por ciento sus ingresos”, continúa el texto.

El escrito hace hincapié también en el incumplimiento de normas que la ausencia de una política de vivienda y urbanización de villas representa.

“En el caso de la Villa 20 de Lugano, la Ley 1.770 obliga al Gobierno de la Ciudad a su urbanización. Sin embargo, hace nueve años que ésta se incumple. Entonces, los responsables de esta dramática situación, ¿son los vecinos que demandan una vivienda o, por el contrario, los funcionarios que incumplen la ley que deberían implementar?”, prosigue.

Posteriormente, el texto avanza en un razonamiento que desmiente la validez de la inseguridad como argumento para el desalojo.

“Usar como argumento cualquier hecho de inseguridad para desalojar un barrio nos parece inaceptable. ¿A alguien se le hubiera ocurrido desalojar el country donde asesinaron a María Marta García Belsunce, o Nordelta; o muchos otros barrios donde se han desarrollado hechos delictivos? ¿Por qué entonces sí se lo hace con un barrio humilde de Lugano?”, dicen.

“La seguridad se consigue con inclusión y la urbanización colabora en ese sentido. Los y las habitantes del Barrio Papa Francisco han trabajado incansablemente junto a diferentes organismos de la ciudad para llegar a ese objetivo, planteando en más de una oportunidad su voluntad de pago por la vivienda”, prosigue para mencionar después las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que aportaron en la elaboración de un proyecto “que nunca fue tenido en cuenta”.

“Los sectores vulnerados de nuestro país (…) no pueden ser de ninguna manera estigmatizados y castigados. El espíritu democratizador (…) está en las antípodas de aquellos discursos que asocian la pobreza y la inmigración con el delito, estimulando la reaparición de rasgos autoritarios y discriminadores en nuestra sociedad”, concluye.