Infojus Noticias

Unas 60 personas que vivían en el predio de Villa Lugano que fue desalojado el sábado resisten la medida y acampan en el boulevard de la avenida Fernández de la Cruz, frente al lugar. La Policía Metropolitana valló la zona y custodia el lugar. “La gente no puede entrar. Recién pudo ingresar un doctor para revisar a los chicos y dejaron pasar algunos alimentos”, contó Franco Punturo, cura de la Villa 20, con acceso libre al lugar. Para el gobierno de Mauricio Macri es la Justicia quien debe resolver la situación. El fiscal Carlos Rolero, a cargo de la investigación, dijo a Infojus Noticias que ahora corresponde a las autoridades de desarrollo social dar una solución habitacional a las familias.

En el predio de 12 hectáreas que los vecinos llaman barrio Papa Francisco vivían unas 700 familias que levantaron sus casas –ahora destruidas– con los materiales que fueron consiguiendo desde febrero. Tras el desalojo ordenado por la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, en el terreno solo quedan enormes pilas de chapas, ladrillos y madera.

López Iñiguez lleva adelante la investigación por la organización de la toma. Es una de las cuatro causas que tramitan en la Justicia. Hay otro expediente, en el juzgado Nº 17, por un intento de desalojo previo. Otra línea de investigación, por tenencia de arma de guerra, se remitió a la Justicia federal. Y en el Juzgado en lo contencioso administrativo de Elena Liberatori hay un cuarto expediente por el incumplimiento del gobierno porteño de la ley de urbanización y saneamiento del predio.

“El  predio está vacío completamente”, informó hoy través de un comunicado López Iñíguez, al referirse al allanamiento que dispuso para desalojar el predio tras el asesinato en un intento de robo de Melina López de 18 años. La jueza dijo que “el lugar está sellado y vallado a la espera del inicio de las tareas de saneamiento anunciadas”. Esta mañana entre unos 60 y 80 vecinos permanecían frente al predio en espera una solución habitacional para sus familias.

“No dejan entrar a nadie, están haciendo lo mismo que en el Indoamericano”, dijo Cristian, uno de los delegados de los vecinos. A unos 200 metros, sobre la Avenida Fernández de la Cruz, algunos vecinos se subieron a tres micros escolares. “Vamos para el centro, para que nos reciba alguna autoridad”, contó el delegado.

Frente al vallado de la Metropolitana, sobre el cantero central de la avenida, unos jóvenes terminaban hoy temprano de armar una carpa. A un metro, dos chicas pelaban verduras para un gran guiso. Otros, más allá, alimentaban el fuego que luego cargarían en un volquete. “Cuando nos desalojaron nos dijeron que después nos iban a devolver las cosas. Yo perdí todo adentro: heladera, cocina, garrafa, la ropa de mis hijos”, contó una chica. “Después pasaron con las topadoras y destruyeron todo. No podemos recuperar nada”.

Versiones sobre el operativo

López  Iñíguez subrayó que el predio fue desalojado “sin incidentes, sin resistencia y sin heridos”. La jueza reconoció que “horas más tarde”, cuando se iniciaron las tareas de liberación del predio con actividad de maquinaria, “surgieron focos de resistencia  ante el acercamiento de personas que no se encontraban en la toma al  momento de concretarse el allanamiento”.

Los vecinos denunciaron hechos de violencia por parte de la Metropolitana. Lo mismo denunciaron legisladores que estuvieron en el lugar y también fueron agredidos. Como el diputado nacional Horacio Pietragalla (FpV); el legislador porteño José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV) y la legisladora María Rachid (FpV).

El legislador Pablo Ferreyra recibió dos balazos de goma en el estómago cuando cuestionó la detención de un menor en el desalojo. “La Gendarmería tenía trazado un perímetro para que nadie entrara al predio, pero le permitió a Pablo y a otros diputados acceder. Cuando se acercó a la Metropolitana para preguntarle por la detención de un joven, fue recibido a palazos”, dijo un vocero de la organización Seamos Libres.

El sacerdote Punturo confirmó a Infojus Noticias que los responsables del operativo “pegaron mucho”, sobre todo a “chicas jóvenes”. Contó que cuando intentó defender a un joven al que le estaban pegando, un policía de la Metropolitana lo atacó con su escudo. “Me caí al piso y cuando me levanté me pegó y me tumbó otra vez”, dijo y aclaró, tras darse cuenta que él era sacerdote, el agente que lo volteó fue reprendido.

Al concluir el operativo, Alejandro Amor, el defensor del Pueblo que actuó como veedor, envió un comunicado donde manifestó su preocupación por la “situación de vulnerabilidad en la que quedaron las personas desalojadas” y aclaró que “éstas familias quedaron en situación de calle por una falta de previsión del Gobierno de la Ciudad” que no les brindó una solución habitacional definitiva. “Los paradores no son una solución”, afirmó.

Chancalay, un puntero en la mira

Tras el operativo se inició una causa por usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad que instruye el fiscal Carlos Rolero. Es el cuarto expediente abierto en la Justicia porteña por hechos asociados a la toma, todas con distintos imputados y en distintas instancias procesales. En esta causa el fiscal pidió la detención de cinco hombres y una mujer; pero solo uno de ellos permaneció detenido hasta el día domingo por pedido del fiscal. Los primeros cinco, entre ellos la mujer, ante la falta de antecedentes recuperaron su libertad de manera inmediata. Solo un hombre permaneció detenido tras la indagatoria, pero finalmente el titular del juzgado de Garantías N° 10, Gabriel Vega -de turno el día del desalojo- desestimó la medida.

Según confirmó el fiscal, Vega además de disponer la libertad de las personas aprendidas, se declaró incompetente para seguir la investigación. Este problema ya se había suscitado antes: la jueza López Iñiguez considera que si se producen nuevas detenciones, tras los distintas actuaciones en el predio, se debe abrir un nuevo expediente. “Esto es algo sobre lo que no acuerdan otros magistrados”, señalaron fuentes judiciales.

El primero de estos expedientes se inició en febrero y actualmente se tramita ante el juzgado de López Iñíguez por la organización de la toma. Rolero dijo que en este expediente son ocho los imputados. Entre ellos Marcelo Chancalay, ex presidente de la comisión vecinal de la Villa 20, señalado como puntero del PRO y judicialmente como “antiguo empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro la estratégica Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”.

En esta causa, Chancalay, tras estar un tiempo prófugo, fue detenido y acordó un juicio abreviado con la fiscalía tras reconocer su actuación en la toma. Pero al ser convocado para homologar dicho acuerdo ante el juzgado, se arrepintió y dijo que sufrió presiones. “Ahora está en libertad pero sin condena y en un estado procesal dudoso”, señalaron a Infojus Noticias fuentes de la investigación.

La segunda causa se inició en el mes de junio, cuando la Gendarmería intervino en un nuevo intento de desalojar a los vecinos que sostenían la toma. En esa casusa a cargo Norberto Tavosnanska, titular del juzgado Nº 17, se investiga a un grupo de personas por los delitos de usurpación y tenencia a de arma de fuego de uso civil. Y una tercera línea de investigación, por tenencia de arma de guerra, se remitió a la Justicia federal. En otro expediente, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori trabaja sobre el incumplimiento de la ley de urbanización y saneamiento del predio.