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“Les dimos unas ollas y le pasamos verduras para que cocinen, pero no los dejan ni ir al baño”, contó a Infojus Noticias Poli, una de las delegadas de los vecinos desalojados del barrio Papa Francisco, en Lugano. Frente al predio que ocuparon durante seis meses, sobre la avenida Fernández de la Cruz, unas 60 personas resisten desde el sábado. Improvisaron un acampe con lo poco que les quedó después del paso de las topadoras. Hace cinco días que duermen ahí, dentro del vallado que instaló la policía Metropolitana. Más afuera el acampe se extiende: en las últimas horas se sumaron algunas de las personas que habían sido enviadas a los paradores del Gobierno de la Ciudad. “A los chicos les prohíben jugar  y si te descuidás te roban todo”, contó una vecina que duerme desde el sábado junto a su esposo y sus tres hijos en un hotel céntrico que le paga el gobierno porteño. “Nos dijeron que nos podemos quedar unos días, después no sabemos qué vamos a hacer”, contó.

Además del acampe en la periferia, dentro del predio de 12 hectáreas, todavía hay un sector ocupado. Se trata de una parte del barrio  que nadie entiende por qué no fue desalojada. En la causa aparece nombrada como la zona “de los paraguayos”, un espacio que se extiende desde la línea imaginaria de la calle Corvalán hasta el paredón del predio de la Policía Federal. Ese lugar es el eje de las críticas a la Policía Metropolitana. En un comunicado, la magistrada Gabriela López Iñíguez -que firmó la orden de desalojo- acusó a la fuerza de incumplir su pedido y pidió abrir una investigación.

“Cuando recibamos el informe de la Metropolitana vamos a saber si ese sector estaba incluido en la orden de allanamiento”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Carlos Rolero, que salió al cruce de la magistrada. Según el expediente judicial, en esa pequeña franja “radicarían los focos delincuenciales vinculados a la tenencia ilegal de armas y al comercio de estupefacientes”. Para la jueza la omisión de la Metropolitana “resulta inexplicable”, sobre todo teniendo en cuenta que “el sector que no se liberó es el mismo que Rolero denunció en la causa como el más problemático”. Para el representante del Ministerio Público Fiscal porteño, “el planteo de la jueza es insólito”. “Recién ahora se preocupa. Nosotros lo venimos pidiendo hace seis meses”, dijo el funcionario judicial.

Los vecinos tampoco entienden por qué ese grupo de vecinos sigue ahí. “A ellos los dejaron, no sabemos por qué. Es la parte que está frente al supermercado Jumbo. Ahí hay paraguayos, bolivianos y también argentinos”, dijo una de las vecinas desalojadas, quien relativizó las denuncias de que allí se esconderían narcos. Sin embargo, otro vecino que vivía sobre la calle Pola antes del desalojo contó otra versión. “Hay una zona que no se desalojó. Es la más jodida. La metropolitana no tocó esa parte, que antes de la toma del 24 de febrerono existía”, expresó.

Según el fiscal, en un informe preliminar la policía Metropolitana le indicaron que “ese sector no estaba incluido en la primigenia orden de allanamiento”. Rolero espera el reporte final de la fuerza de seguridad del gobierno porteño para constatar el plano que tenían en sede judicial con el alcance de la orden de allanamiento. “En el caso de que no haya figurado en la orden, se va a solicitar una nueva”, anunció en diálogo con Infojus Noticias el fiscal.

Cómo viven las familias del acampe

Un chico se acercó con un tupper hasta las vayas custodiadas por una veintena de policías. “Traigo comida para mi mamá, ¿puedo pasar?”, preguntó. “Llamala y que la venga a buscar, acá no puede pasar nadie”, le explicaron. A través del vallado, a unos pocos metros unos jóvenes hicieron un pasamanos con bidones de agua y bolsas de comida. Tras el desalojo, sobre avenida Fernández de la Cruz, unas 60 personas improvisaron un acampe sobre un boulevard. La policía Metropolitana puso un vallado al rededor. Por fuera de las vallas también se empezaron a levantar algunas carpas precarias.

Los agentes de la Metropolitana hablan de desgaste de los vecinos. Hay quienes no resistieron y se pasaron del otro lado. “Algunas mujeres tuvieron que salir a atender a sus hijos”, explicó Poli.

“Tengo dos hijos de 9 y 6 años y una nena de 4. Mi marido había quedado afuera con ellos, por eso tuve que salir”, contó Blanca. “Estamos en la casa de mi hermana, la señora que le alquila nos dejó quedarnos diez días. Después un señor me va a alquilar una pieza”, explicó. Por esa habitación con baño compartido en la Villa 20, la mujer pagará 1500 pesos. “Mis hijos van a la escuela cerca y mi marido trabaja en Villa Celina en una fábrica de calzados, no nos queremos ir de acá”, agregó.

A medida que se achica el acampe dentro del perímetro custodiado por la policía, crece el de afuera. “Ya trajeron más carpas. No nos vamos a ir de acá, vamos a resistir”, dijo Poli. Por las tardes, el lugar se llena de gente. Son los vecinos que lograron conseguir alojamiento en la casa de algún familiar en la Villa 20 o los que lograron instalarse en los paradores, donde únicamente les permiten pasar la noche. Muchos ni siquiera regresan. “Prefieren quedarse acá, no les gusta como los tratan en los paradores” contó la delegada.