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A más de dos semanas del hallazgo del cuerpo de la activista trans Amancay Diana Sacayán, asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, ayer detuvieron a dos sospechosos del femicidio. Ambos se encuentran a disposición del juez Gustavo Pierreti, a cargo del Juzgado de Instrucción N°33 que interviene en la causa.Serán indagados en las próximas horas. La causa judicial, caratulada como femicidio, está bajo secreto de sumario, por lo que se mantiene la reserva sobre los nombres de los detenidos.

Las detenciones se llevaron a cabo tras una serie de operativos y allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires. Habían sido solicitados por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Matías Di Lello. También interviene la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la fiscal Mariela Labozetta.

En estas dos semanas los investigadores hicieron escuchas telefónicas, análisis del flujo de las llamadas y tomaron declaraciones testimoniales para poder dar con los detenidos, informó el sitio de Fiscales. El expediente acumula cinco cuerpos y la principal pista de los investigadores apunta a uno o dos hombres que entraron al departamento del piso 13 en Rivadavia al 6700, donde vivía Diana con una amiga.

Dos porteros del edificio contaron que vieron entrar a estas personas pero que no las vieron salir. Un vecino también relató en sede judicial que en la madrugada del domingo 11 de octubre escuchó un fuerte estruendo, “como un mueble que caía al piso”. El ruido fue tan fuerte que lo despertó. Por los testimonios que figuran en la causa, los investigadores creen que el crimen fue entre las 3 y las 5 de la madrugada el domingo. Otra de las pistas que encontraron en el lugar es el arma homicida: un cuchillo de 30 centímetros de longitud.

En la causa actúan dos querellas: una encarada por el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde Diana trabajó durante un tiempo en el área de diversidad sexual, y otra que representa a la familia. Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti son, desde el jueves pasado, los abogados de su hermana Sasha.

El asesinato de Diana está caratulado como femicidio, principalmente, por las características de la escena del crimen y la forma en la que fue encontrado el cadáver. Ella estaba atada de pies y manos. Había recibido 13 puñaladas con un cuchillo de 30 centímetros y tenía cortes en los brazos como señal de defensa. Los investigadores descartan de plano que haya sido “en ocasión de robo”. Desde un primer momento, quienes tomaron contacto con el lugar hablaron de “signos de violencia”.

Dos agresiones

Diana lideraba el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y era referente de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA). Después de la sanción de la ley de Identidad de Género, participó de los proyectos de pensión y cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. En 2012, recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández su DNI con la identidad de género que eligió para su vida. Ese derecho civil adquirido no fue un principio ni un fin: su activismo había empezado mucho antes y siguió hasta los últimos días.

Diana había sufrido dos agresiones que llegó a denunciar. La última, en agosto pasado, con la Policía Metropolitana: tras ser agredida por un hombre en la calle, llegó la Policía y se la llevaron presa junto a otro activista. La maltrataron, amenazaron y denunciaron por resistencia a la autoridad con lesiones.

Una semana después, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció a la Metropolitana por la agresión. “Son prácticas sistemáticas de la Metropolitana atacar a grupos sociales vulnerables y vulnerados", dijo el titular de la fiscalía especializada, Miguel Palazzani, quien pidió la indagatoria de al menos 12 policías por torturas y privación ilegítima de la libertad de Diana y un empleado del INADI.

La agresión anterior había ocurrido en agosto de 2013. Diana contó que un hombre “blanco, alto” le destrozó la cara a golpes en la estación Laferrére, en La Matanza. Y agregó que esa noche cuatro gendarmes vigilaban la zona y detuvieron al agresor, pero terminaron por dejarlo ir. “¡Miren lo que me hizo!”, les gritó con la cara  ensangrentada y los agentes de seguridad terminaron por golpearla en las costillas. Solo logró frenar la nueva golpiza, cuando les dijo que trabajaba en el Ministerio de Justicia. Ahí le dijeron: “¡Corré!”.  A partir de ahí, se había reunido con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad y planteó la necesidad de generar protocolos de actuación específicos.

MFA/RA