La jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, defendió la reforma del Código Procesal Penal, que se convirtió en ley tras un arduo debate. Puso el acento en la democratización de la justicia y criticó a la oposición, "que defendió un concepto de justicia absolutamente corporativo".
En los ojos de Juliana de Tullio, después de once horas de debate por la reforma del Código Procesal Penal, había una mezcla de alegría y cansancio. "El pueblo argentino debe saber que hay un nuevo paradigma de justicia. Antes, había pocos jueces que la manejaban como si fuera una corporación. Ahora, con el sistema acusatorio, hay una verdadera democratización. Hay una nueva justicia para los ciudadanos", dijo a Infojus Noticias, en los pasillos de la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue aprobada con el respaldo de 130 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, y el Frente Cívico de Santiago, en tanto que la oposición se aglutinó detrás del rechazo y reunió 99 votos. Juliana Di Tullio fue la encargada de cerrar el debate. Allí dijo que la reforma “trae un nuevo sistema, el acusatorio, que va a cambiar un Código Procesal Penal viejo, que no le sirve a nadie, sólo a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos”. En la necesidad de un aggiornamiento de la ley, la diputada enfatizó que “Argentina es el único país del continente que no tenía un sistema acusatorio. Veníamos de años de historia con un régimen inquisitivo, ¿quién podía negarse a esa realidad? Es más: nuestros juristas son especialistas en asesorar a los países extranjeros en materia penal, por lo cual era insostenible que no pudiéramos realizar la reforma".
En esta línea, precisó que en el Senado se le hicieron 42 modificaciones al texto oficial y repudió el hecho de que “la oposición se ponga en el lugar de defensa de las corporaciones”. Y explicó que “la importancia no sólo es el protagonismo de las victimas” sino también “que la instrucción pase de cuatro años a un año es una excelente noticia”, entre otros puntos destacados.
A la hora de criticar el poder concentrado de los antiguos jueces, la diputada destacó que habrá un nuevo rol de control del Consejo de la Magistratura. "Ya no se podrán cajonear las causas, porque hay sanciones explícitas del Consejo sobre la actuación de los magistrados. No es un detalle menor, porque antes la justicia no debía cuentas a nadie y no se veía controlada por ningún organismo", dijo a Infojus Noticias.
En este sentido ell titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acompañó las palabras de Di Tullio al considerar que la aprobación de la ley "es un avance que se venía pidiendo hace mucho tiempo" y caracterizó a la reforma como "un cambio histórico de gran dimensión ciudadana". Además precisó que “los plazos ahora van a ser de tres años a lo sumo”, y dijo que este nuevo sistema permitirá que “quien cometa un delito pueda ser juzgado en tiempo breve, y busca terminar con ese reclamo de que muchas veces la justicia era considerada como una puerta giratoria”.
¿Qué cambia con el nuevo Código Procesal Penal?
Entre los puntos destacados de la reforma, serán los fiscales quienes lleven adelante la investigación en reemplazo de los jueces. Además, todo el proceso judicial será oral, las causas no podrán durar más de tres años y las víctimas tendrán mayor participación en los casos.
Una vez ingresado el caso al sistema penal, el fiscal tendrá un máximo 15 días para tomar una decisión. Entre las opciones que tiene, puede continuar con la causa formalizando la investigación, pero también puede desestimar el caso, archivarlo o aplicar criterio de oportunidad. Por otra parte, se incorpora la herramienta del juicio directo, donde no se necesita un año para investigar, en caso de que el fiscal tenga los elementos para llevar la causa directamente.
Así lo explica la reforma: “Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto también establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas "no prescriben.". Hay otros puntos fundamentales: las víctimas -aunque no sean querellantes- serán protegidas, intervendrán en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Otro elemento clave es que, para decidir si se dicta la prisión preventiva, se eliminó el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original. Respecto a la posible expulsión de extranjeros -uno de los puntos arduos del debate-, la ley especifica que "se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti”, si el delito tiene una pena mínima de tres años y si se afecta la unidad familiar".
Por otra parte, la implementación del juicio por jurados, un instrumento que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial. El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc. La misma será integrada por representantes de todos los partidos políticos y "estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma".