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Con 130 votos a favor y 99 en contra, la reforma integral del Código Procesal Penal se convirtió en ley tras una sesión maratónica. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado al cabo de más de once horas de debate y constituye el segundo Código reformado de los últimos años, junto con el Civil y Comercial unificado. La diputada Graciela Giannettasio, presidenta de la Comisión de Justicia, defendió el cambio y dijo que "el nuevo Código pone a la víctima en el centro de la escena”. En este sentido, agregó: “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites. El actual sistema inquisitivo impone el peor proceso de revictimización, no se sabe qué pasa con la investigación, cuándo va a terminar el proceso. La víctima vive degradada y no tiene justicia”.

La sesión había empezado pasadas las 12.45. Con la presencia de más 120 diputados, y tras un arduo debate, terminó cerca de la medianoche, cuando la Cámara de Diputados convirtó en ley la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. Después de las palabras de apertura de Giannetassio, la oposición lanzó duras críticas. Para Nicolás del Caño (PTS-FIT),  "el Código Procesal Penal es claramente discriminatorio con los inmigrantes, a los que se les puede expulsar rápidamente del país por delitos de flagrancia. Hay un tinte racista que rechazamos profundamente". En tanto, el legislador radical Luis Petri apuntó contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, al considerar que se transformó "en el comisario judicial del Gobierno". Los diputados del Frente Renovador también acusaron a la procuradora de "concentrar el poder".

Por otra parte el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó por  la elección popular de jueces y fiscales. "Necesitamos una reforma del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para que jueces y fiscales sean elegidos por la comunidad”, de manera directa o indirecta", dijo. A su vez, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich (Unión Pro), comparó la reforma con la “Ley Bignone de autoamnistía”, en referencia a la norma de protección que dictaron los militares antes de la transición democrática. "El oficialismo quiere colonizar la justicia. Nosotros no queremos meter bala. Queremos una Justicia real; no queremos ir a un extremo”, expresó.

El jefe del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, fundamentó el rechazo del interbloque Frente Amplio Progresista y exigió mayor  “independencia” del Poder Judicial. Sin embargo, al mismo tiemp, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, que “pone la investigación a cargo exclusivo del fiscal y el juzgamiento en manos del juez, separando ambas funciones”.

El diputado radical Manuel Garrido fue otra de las voces en respaldar  el nuevo sistema acusatorio y recordó que lo había impulsado Alfonsín sin éxito. Cuestionó el aumento del personal y las nuevas facultades al procurador general.  “Lo único que se va a aplicar una vez en que entre en vigencia la ley es llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo”, dijo.

A su turno, la diputada Diana Conti (Fpv) destacó que “en rasgos gruesos hay un acuerdo absoluto para pasar a un sistema procesal de corte acusatorio, donde el fiscal sea el que investiga y el juez resuelva frente a un imputado y un defensor”. En esa línea, rechazó rasgos xenófobos en la legislación propuesta: "El Código tiene una mínima perspectiva que coayuda a que el extranjero que vino a delinquir opte por volverse a su país antes de afrontar un juicio".

En este marco, Conti aseguró: “Argentina es un país líder en materia de derechos humanos y en materia penal. Somos ejemplos, tenemos especialistas y hacemos códigos en todos los países de la región. ¿Cómo no vamos a hacer eso?”.

Además, el diputado Remo Carlotto se refirió a que la reforma "cumplirá con una deuda pendiente desde el retorno democrático" y cargó contra el fiscal José María Campagnoli, que fue defendido por cierto sector de la oposición. “Es un verdadero perseguidor de pibes pobres en la Ciudad de Buenos Aires, una vergüenza para el sistema de justicia”, Reivindicó la transparencia del nuevo Código, y reconoció que “hay muchos más puntos de acuerdo que de disidencia” con los dictámenes de la oposición.

Carlotto aprovechó su discurso para informar sobre el hallazgo del nieto número 116 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, lo que despertó la emoción de los presentes. El nieto restituido es hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, y nació en la ESMA. “La lucha del movimiento de Derechos Humanos se ve plasmada en una acción del Estado que viene a reparar los actos criminales de esa época”, destacó.

Los puntos del debate

Entre los principales cambios que introduce el proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, está el  paso del actual sistema inquisitorio a uno acusatorio, que incluye el rol de los fiscales como investigadores y de los jueces como garantes del proceso. La semana pasada, el proyecto obtuvo dictamen de comisiones. El cambio es avalado por los bloques opositores, aunque se espera un arduo debate sobre los puntos principales del proyecto. El temario también incluye otras cuestiones secundarias, como modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo y la declaración de diferentes capitales nacionales.

Desde su envío al Poder Legislativo, el proyecto original tuvo más 40 modificaciones. En el Senado, la iniciativa sumó 39 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. La votación se produjo después de un debate que se prolongó durante casi un mes en el que se realizaron seis audiencias públicas, donde opinaron más de 35 juristas y especialistas en la materia.

La semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak se presentó en la Cámara Baja a defender la reforma del Código Procesal Penal y aseguró que “es un gran honor exponer sobre los lineamientos principales de una reforma que cambiará la vida de los ciudadanos”. En ese punto, celebró “que esta transformación pone el énfasis en una nueva comprensión del delito, sobre todo del crimen organizado. El objetivo es hacer más eficiente la lucha contra el delito”. Alak también enfatizó que es una deuda histórica del Estado “cambiar la ineficacia del Código Penal con el sistema inquisitivo a cargo de la investigación de un juez, que fue cuestionado desde el nacimiento de la República” y aclaró que “no es ninguna novedad el planteo de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio”. En este punto, citó a Sarmiento, cuando dijo que "la peor rémora de la conquista española fue el método inquisitivo”.

En una exposición que duró cerca de veinte minutos, Alak indicó que este tipo de procedimiento penal, “más allá de las críticas, transitó toda la historia de la República y fue impermeable a la Constitución de 1853”, aunque las provincias se adelantaron al derogarlo.

El nuevo código de procedimiento penal incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena. También fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en un año y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días una vez terminada la investigación o instrucción. Las apelaciones a las sentencias se deberán resolver también en cinco días, desde el momento en que se interponen. Según se prevé, con el nuevo Código el 90 por ciento de los casos estará resuelto en no más de 10 meses. Otro punto que llevara a agilizar el proceso es que el nuevo Código regula la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que mucho casos menores lleguen a juicio oral.

Las víctimas

El nuevo Código les da un lugar clave en el proceso a las víctimas. “En este caso, también introducimos en el Código a las víctimas, no como meros querellantes como están actualmente, sino que van a poder participar en el proceso, junto al fiscal, junto al juez exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan”, dijo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner al momento de enviar el proyecto al Congreso.

En el proyecto estaba previsto un tratamiento especial para las niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida y víctimas de las redes de trata. En la redacción final se incorporó a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De confirmarse esta redacción, está previsto que en sus declaraciones intervenga un psicólogo o un profesional de distinta especialidad, siempre que se evalúe de manera adecuada “a su estado de vulnerabilidad” o si hay que proteger su seguridad.

Acorde a las circunstancias, se introduce además la posibilidad de tomar testimonios por videoconferencia y de exhibir registros audiovisuales de declaraciones previas, en ese u otro proceso judicial.