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Tras horas de intenso debate, una nueva sesión en la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlado (ANMAC), que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El proyecto, que recibió media sanción y de este modo pasó al Senado, puso en primer plano que la nueva agencia estatal trabaje para “la reducción de la circulación de armas” y será financiada a través de un fondo específico. La iniciativa obtuvo 182 votos a favor y solo uno en contra. “Es imperiosa la necesidad de construir una institucionalidad para bajar la tenencia de armas y luchar contra la violencia”, celebró la diputada Juliana Di Tullio, en los pasillos del Congreso.

La propuesta se unificó a partir de tres proyectos: uno de Pablo Javkin y Fernando Sánchez (Coalición Cívica); otro de María del Carmen Bianchi, Jorge Rivas, Nora Bedano, Andrés Arregui, Verónica Magario y Mario Oporto (FpV); y otro grupo compuesto por  Eduardo “Wado” De Pedro, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso. 

El proyecto establece que la agencia, reemplazante del actual RENAR, será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional. “Se terminó con el financiamiento de la entidad a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro, hoy administrado por fabricantes y comerciantes del sector”, dijo la legisladora Bianchi. Al mismo tiempo, se fortalecen  los mecanismos de “control y fiscalización” de la tenencia de armas.

Bianchi explicó que, según el RENAR, “en Argentina hay nueve muertos por día por armas de fuego”. Este proyecto, dijo, fue parte de un consenso político mayoritario. “Las políticas del Gobierno nacional de estos 12 años han merecido el consenso de todos los bloques políticos”, explicó y difundió otras estadísticas: según estudios oficiales, el poseedor de armas tiene “43 veces” más posibilidades de matarse o de matar a alguien de su familia que disparar contra un delincuente. Uno de los ejes centrales del proyecto, que la diputada consideró como un “cambio copernicano”, es la creación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA).  En este punto, el proyecto prevé desarrollar políticas de registración para reducir el uso de las armas y “prevenir la violencia armada”.

El director del RENAR, Matías Molle, presente en el Congreso, consideró la aprobación del proyecto como "un gran triunfo a favor de la paz y la vida" y celebró el acompañamiento de todas las fuerzas políticas ya que "muestra a las claras la importancia de su contenido". "Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, pero hoy sentimos que hemos dado un gran paso. Esta Ley representa un antes y un después en el control de armas en la Argentina y consolida el trabajo que el gobierno viene realizando en materia de sensibilización, prevención de la violencia y desarme", declaró.

Por la UCR, Luis Petri reconoció que “es un buen proyecto de ley que mejora la actual legislación en materia de política de armas”. Se destacó, también, la labor de la Red Argentina por el Desarme. Por su parte, el legislador Pablo Javkin defendió el dictamen al advertir sobre un funcionamiento “raro” del actual RENAR, que “combina presencia de un Estado débil con un actor privado donde el 80 por ciento de los empleados no pertenecen al Estado”.  En ese sentido, existe “un millón de armas registradas en el RENAR, pero existen 800 mil en el mercado negro. Tenemos que detectar el circuito de cómo un arma pasa de la legalidad a la ilegalidad”, dijo.

“Vamos a dar un gran salto hacia adelante”, destacó el diputado de la Coalición Cívica, y, en el mismo sentido, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) dijo “hoy recuperamos el rol ineludible que tiene que tener un Estado moderno para estos temas”. Para la diputada, la ANMAC es un claro ejemplo de los organismos necesarios“para terminar con el flagelo de la violencia armada”. Y concluyó: “El paradigma de la seguridad pública está cambiando, y hay que construir una política de prevención con una reforma integral. Para que casos como los de la Masacre de Patagones no vuelven a repetirse”.

¿Qué cambia?

En abril pasado, la presidenta había pedido al Congreso reemplazar el “viejo y obsoleto” RENAR, creado en 1973, por una “agencia nacional” para que “la política en materia de portación y tenencia de armas” sea “una política nacional controlada por el Estado”.

De acuerdo al proyecto aprobado, la nueva agencia tendrá como misión “la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen”.

Además crea un Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada financiado por el Estado, que deberá usarse en “programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos”.

También deberá financiar “capacitaciones a instituciones de la educación” para prevenir la violencia armada y “promover de una cultura de paz”, así como “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas”.

Un depósito de armas

Según el texto, el nuevo organismo buscará modificar el sistema actual, “con el objetivo de dotar a la Autoridad de Aplicación de herramientas centrales para la realización de sus actividades, un ordenamiento orgánico y funcional acorde con las prioridades de la hora y la consolidación de las políticas de prevención de la violencia armada”. El nuevo organismo seguirá, en ese sentido, con la tarea provincial del RENAR, que anunció la reciente destrucción de 20 mil armas, que sumadas a las eliminadas en los últimos años, da un total de 292.366 armas destruidas.

La agencia, además, tendrá en su órbita a recientes organismos, como el nuevo Banco Nacional de Materiales Controlados del Registro Nacional de Armas (Banmac). El mismo cuenta con un depósito de 2.000 metros cuadrados que será utilizado como almacén de armas, municiones y pirotecnia, lo que lo trasforma en el más grande del país. Es decir, tendrá en resguardo las armas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad y/o decomisadas en procesos judiciales del territorio nacional y las recolectadas por el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El nuevo depósito cuenta con capacidad para 150.000 armas, con sofisticados sistemas de seguridad, centros de monitoreo depósitos con espacios técnicos para la investigación y porque podrá centralizar las armas para su posterior destrucción.

Duras acusaciones

Además, la sesión tratará el informe del Ejecutivo sobre el Presupuesto 2012, entre otras propuestas. La sesión comenzó con 50 minutos de retraso porque miembros de la oposición se habían reunido en el Hotel Sheraton, donde se repudió la situación en Tucumán. La reunión comenzó con un minuto de silencio por la muerte del militante jujeño Jorge Ariel Velásquez y un homenaje a las víctimas de la Masacre de Trelew y al exlegislador y gobernador misionero Julio César Humada.

La oposición política, encabezada por el radicalismo y el PRO, puso en primer plano dos hechos: la muerte del militante jujeño y los sucesos acaecidos tras la elección provincial del domingo pasado en Tucumán  El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, hizo una dura acusación. Habló de la muerte del joven como el efecto de un “Estado paralelo” gobernado por el “ejército civil” de Milagros Sala, líder del movimiento Tupac Amaru. La legisladora Juliana Di Tullio coincidió en el repudio “total” contra la represión policial tucumana. Y convocó a hacer un rechazo conjunto como también transmitió un pesar por el fallecimiento del militante jujeño. “No coincidimos en absoluto con los planteos de la oposición, se han aprovechado políticamente de una circunstancia lamentable”. Y agregó: “No hubo fraude en Tucumán y la Justicia Electoral lo dijo, no nosotros”.

A su turno, la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, dijo que "quienes están sindicados de quemar urnas no son del oficialismo”. “Lo del fraude es declarativo, hubo un hecho vandálico de 40 urnas quemadas, pero la Justicia Electoral no está advirtiendo denuncias ni nada que se parezca a un fraude", dijo. "Hay que esperar el recuento definitivo. La Justicia electoral analizará los casos de irregularidades", concluyó.

JMM/RA