Mañana, en su última reunión del año, tratará 95 denuncias contra magistrados. Entre ellas, dos dictámenes que propician el juicio político a Rafecas y a Sánchez, el juez que llamó "Brujas" a sus colegas.
Mañana el Consejo de la Magistratura tratará dos dictámenes que propician iniciar el juicio político contra dos jueces. En total se analizarán unas 95 denuncias contra magistrados. La reunión empezará a la tarde. De las dos comisiones -la de Administración y la de Disciplina y Acusación- la segunda será el foco de atención. Porque dentro de las 95 denuncias contra magistrados que serán analizadas, hay dos dictámenes que propician el juicio político por “mal desempeño en sus funciones” a Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, y a Diego Sánchez, integrante de la sala D de la Cámara Civil.
La metodología de trabajo será similar a la de hace dos semanas, en ocasión del último plenario del organismo donde se suspendió y envió a juicio político al titular de la sala I de la Cámara del Crimen, Alfredo Barbarosch. Primero se realizará la comisión de Disciplina. Los temas que se aprueben allí, luego pasarán al Plenario.
El juez que llama "Brujas" a sus compañeras
El caso de la sala D de la Cámara Civil parece un poco menos complejo. Hay dos dictámenes con el objetivo de iniciar un jury a Diego Sánchez, el juez que llama “brujas” a sus compañeras, Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat. Uno es el presentado por el presidente del organismo, Mario Fera, y el otro por Mario Cimadevilla, quien instruyó la causa. Ambos escritos poseen una resolución similar: enviar a juicio político a Sánchez, y desestimar denuncias contra Barbieri y Brilla de Serrat.
Sánchez está denunciado por “mal desempeño en sus funciones”. Según dio cuenta este medio, el magistrado “no concurre a los acuerdos”. Ante una nota que le comunicó la realización de algún acuerdo, respondió “que se diviertan”. Además, tildó de “brujas” a sus compañeras en notas y en sentencias. También a otros colegas. Y por si quedaran dudas, adjuntó dibujos para dar cuenta de estas calificaciones.
En su despacho 50 expedientes que no pueden avanzar: falta su voto. La Corte Suprema de Justicia lo multó con el 10 por ciento de su sueldo por este accionar, que consideró una “falta grave". El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) lo denunció penalmente por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. “Los expedientes todavía los tiene el doctor”, le confió una fuente de la Cámara Civil a Infojus Noticias.
El caso Rafecas
Está acusado de “mal desempeño en sus funciones” en la causa que investiga la compra de la ex Ciccone Calcográfica por unos mensajes de texto con Danilo Danuzzo Iturraspe, abogado de Nuñez Carmona. Rafecas se defendió ante el organismo y argumentó que los cargos en su contra (de lo que se lo acusa) “no están relacionados con las decisiones jurisdiccionales”.
En el organismo desde hace tiempo que se viene elaborando un dictamen para iniciarle un juicio político al magistrado. Se trata del expediente 74/12 caratulado "Ordiales Hernán L. (consejero) s/ act. del Dr. Daniel Eduardo Rafecas (Juez Federal)" y acum. 84/12, 99/12 y 86/12 que se resolverá en la reunión de comisión en primero.
Los organismos de derechos humanos y los trabajadores judiciales están entre los sectores que lo respaldan. Pero en caso de que finalmente el dictamen que propicia el inicio del juicio político a Rafecas logre ser aprobado en la comisión, y después pase a ser tratado por el Plenario, las cuentas para lograr los dos tercios necesarios para enviar a juicio político al juez no son tan claras. Hasta hoy, ocho consejeros apoyarían el inicio del juicio. Pero los otros cinco -los tres jueces y los dos abogados- no están a favor de enviar a Rafecas a un juicio político. Hace un año cuatro de ellos (Recondo, Ostropolsky, Sánchez Freytes y Fargosi) habían pedido la desestimación in límine (sin tratamiento) de la denuncia. Fera se abstuvo de votar en aquella ocasión. Fuentes del organismo, sin embargo, explicaron que tampoco estaría de acuerdo con enjuiciar al magistrado.
Así las cosas, si en la reunión de mañana están presentes los trece consejeros, el futuro parece sellado. Pero si falta alguno, cambia la situación. Los dos tercios necesarios para enviar a juicio político a un magistrado son de acuerdo a los consejeros que asisten a la reunión -y no sobre el total del cuerpo.
Otros escenarios posibles
El orden del día de la Comisión de Disciplina y Acusación tiene unos 95 puntos para tratar mañana, entre ellos, la denuncia contra Rafecas. Sin embargo, pueden pasar varias cosas. En el caso en que se apruebe el dictamen que impulsa el consejero Hernán Ordiales, éste pasaría al Pleno. “Un consejero que no forma parte de la comisión podría pedir la postergación del caso para poder analizarlo mejor”, dijo una fuente del organismo.
Esto impulsaría la postergación del tema para el año próximo, ya que la de mañana será la última reunión del año. Aunque puede convocarse a plenarios extraordinarios, entrarían otros “detalles”. La consejera Stella Córdoba (FpV) no renovó su banca de diputados por lo que su mandato como legisladora, y por ende en el Consejo de la Magistratura, termina el próximo lunes a la noche. El resto de los legisladores que integran el organismo -Fuentes (FpV), Moreno (FpV) y Aguad (UCR)- sí la renovaron. El lugar de Córdoba debe ser integrado, y eso depende de la Cámara de Diputados.