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“El 85 por ciento de los conflictos que se tratan en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se resuelve sin proceso, con un buen asesoramiento y la mediación comunitaria”, dijo Julián Álvarez, secretario de Justicia, al encabezar el primer panel del Encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Justicia, Julio Alak. Organizado en conjunto con la cartera de Relaciones Exteriores, el congreso tiene lugar en la Cancillería argentina, y a la vez funciona como foro del Consejo Suramericano de seguridad ciudadana, justicia y coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional, a cargo del uruguayo Jorge Maqueira Sosa.

En el panel "El acceso a la Justicia como política de inclusión social", Julián Álvarez distinguió el 'acceso a la jurisdicción' del 'acceso a la justicia', que “es todo lo que viene antes de un expediente judicial”. Señaló que "antes la Justicia sólo era a instancia del Poder Judicial, y hoy en cambio se extiende a los tres poderes del Estado y a la misma sociedad". "La idea es cómo acceder a la Justicia, haciéndola inclusiva", remarcó el funcionario. El secretario desarrolló la experiencia de su gestión a través de los más de cincuenta CAJ, oficinas descentralizadas e itinerantes. Explicó que los CAJ tienen la función de representar no sólo al ministerio de Justicia sino a todo el Estado nacional. 

Además, ponderó el rol de la Iglesia en el desarrollo de los CAJ que hoy están presentes en las villas y barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. “En un momento la respuesta de los curas villeros a los vecinos que los iban a ver empezaron a ser: cinco padrenuestros, tres avemarías y necesitás un abogado”, bromeó. Explicó que el movimiento de curas villeros se acercó al Ministerio de Justicia a describir su situación para requerir esa forma de presencia del Estado en los barrios. El primer panel del encuentro también contó con la participación de la viceministra de Justicia de Bolivia Leny Chávez Barrancos; el secretario de Reforma Judicial de Brasil Flavio Crocce Caetano, y la viceministra de Justicia de Ecuador Nadia Ruiz.

“Quiero un Infojus en Brasil”

La viceministra de Justicia boliviana, Leny Chávez Barrancos, trajo la experiencia de su país. “El acceso a la justicia siempre ha sido un derecho humano fundamental en Bolivia, pero ha sido violado sistemáticamente”. Explicó que el Poder Judicial allí servía a “un modelo neoliberal que benefició y fue garantía de las transnacionales en vez de a la sociedad”. Propuso una “transformación y equilibrio de las relaciones de poder” y describió los principios de pluralismo jurídico que incorporó la nueva constitución nacional. Planteó que la inclusión de la jurisdicción indígena originaria campesina significó “un cambio de paradigma”.

Crocce confesó que cuando el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, conoció Infojus, le dijo: “Quiero un Infojus en Brasil”. El secretario respondió “tenemos algo parecido”, refiriéndose al “Atlas de Acceso a la Justicia” que estaba en gestación en el país vecino. “Estuvimos trabajando con los compañeros de Infojus y estamos aprendiendo mucho”, detalló el secretario de Reforma Judicial. Explicó que el Atlas tiene como función brindar 70 mil direcciones de oficinas que existen para proteger distintos derechos del ciudadano. Aborda desde oficinas para realizar trámites jubilatorios hasta de defensa del consumidor.

La representante ecuatoriana, Nadia Ruiz, recordó que en su país no existía el Ministerio de Justicia hasta que Rafael Correa tomó el bastón presidencial. “Argentina fue nuestro mentor en el proceso de creación de la cartera”, destacó. Se refirió a las reformas que debieron impulsarse en Ecuador para acercar al sistema judicial a la sociedad. “La intención fue empoderar de derechos” a la sociedad, “pero de derechos exigibles, accesibles y universales”. “La verdadera justicia debe ejercerse en los centros de recuperación social, porque en algunos casos no están frente a una segunda oportunidad sino a la primera, porque hasta ese momento han sido excluidos de la sociedad”.

“El Estado debe corregir las desigualdades”

Esta mañana, antes de la apertura del encuentro, los representantes del ministerio de Justicia argentinos y los de Brasil suscribieron un convenio bilateral sobre los mecanismos de mediación vigentes en ambos países. La intención es compartir información sobre las regulaciones locales y también acercar la experiencia argentina sobre mediación comunitaria al Estado brasileño. En palabras del secretario para la Reforma Judicial de Brasil, Flavio Crocce Caetano, su país “está muy atrasado en lo que refiere a todo tipo de mediación extrajudicial”. 

Alak abrió el encuentro acompañado de su par paraguaya, la flamante ministra Sheila Abed Duarte. El ministro explicó que el primer desafío de la justicia fue proporcionar la defensa pública y gratuita para el acceso directo e irrestricto a los tribunales. El paso siguiente, dijo, es que el servicio de justicia en sí mismo se acerque a la población. Sostuvo que “hoy no hablamos del acceso a los tribunales sino del acceso a la justicia en sentido amplio”. Al proponer un cambio de paradigma aclaró que “el Estado es el rector que debe corregir las desigualdades”.

La ministra Abed Duarte contó que Paraguay “trabaja en una redefinición de la justicia”, y planteó que “en los sistemas institucionales actuales estamos en presencia de órganos que son permanentemente llamados a resolver conflictos de toda índole”. Relató la experiencia del país hermano, que hace un mapeo para conocer la situación de los grupos con más dificultades de acceso a la justicia. Planteó que algunas localidades están a decenas de kilómetros de una delegación policial, y más aún de una jurisdicción judicial.