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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó hoy la condena a tres años de prisión en suspenso al comisario Miguel Angel Espósito por la privación ilegal agravada del joven Walter Bulacio, quien murió tras estar detenido en una comisaría en 1991, al destacar que a 22 años del hecho "es una justicia poco reparadora".

"El caso Bulacio es emblemático de la falta de respuesta de las instancias judiciales, sin que ello tenga consecuencia para quienes incumplen sus obligaciones", dijo la entidad en un comunicado, en el que recordó que el caso en un momento prescribió por la inactividad de la causa tramitada por la jueza Alicia Iermini, aun en funciones.

"La sentencia llega luego de una ardua lucha de la familia y de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales que respaldaron la denuncia", reseñó el CELS, que también criticó la decisión del Consejo de la Magistratura de haber archivado la denuncia contra Iermini.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por este caso y ordenó la realización de un juicio y la implementación de medidas para evitar la reiteración de casos similares "que aún se encuentra incumplido", sostuvo el CELS.

La entidad criticó la vigencia de normas que facultan a las policías a detener sin orden judicial en "averiguación de identidad al destacar que su uso "siguen siendo herramientas para el control de ciertos grupos históricamente expuestos a persecuciones, extorsiones y la violencia".

En ese grupo, ubicaron a "los varones jóvenes de barrios pobres, los migrantes, los vendedores ambulantes y las personas que ejercen la prostitución".