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“Tenemos este Código de la democracia, por eso tenemos que capacitarnos, porque va a facilitar mucho la vida de todos los argentinos”. Con estas palabras, María Florencia Carignano, subsecretaria de Acceso a la Justicia, dio inicio al 5° Curso de Actualización sobre el nuevo Código Civil y Comercial organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto con el Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en la capital provincial. La jornada, que contó con la participación de jueces, abogados y otros operadores del Derecho, forma parte de una serie de encuentros que se realizarán a lo largo de todo el país.

Carignano destacó que el nuevo ordenamiento jurídico constituye “un hecho político importante”. “La comisión para debatirlo se generó en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se convocó a muchos juristas. Fue el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el que tuvo la voluntad de generar un nuevo Código”, destacó. El Salón de Actos de la Corte Suprema de Santa Fe estaba colmado. Afuera, en el hall del segundo piso del palacio de los tribunales provinciales, unas doscientas personas seguían la conferencia a través de pantallas gigantes. Todos tenían en sus manos un ejemplar del nuevo Código. 

La organización del encuentro estuvo a cargo de Jaquelina Balangione, directora del Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quién remarcó que esta actividad conjunta que se desarrollò junto con Infojus era un primer paso a varias actividades de formación proyectadas para el próximo año,  y el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, que compartió el panel de apertura con Carignano. “El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación constituye un verdadero cambio. La línea directriz es el constitucionalismo del derecho privado, con especial atención en los tratados en general y los derechos humanos”, dijo Gutiérrez, quien hizo un pormenorizado repaso por los principales aspectos de la reforma. “Es importante que se logre, a partir de estas actividades, la participación plural en su implementación”, agregó.

El ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, destacó que se trata de un “momento histórico”. “El Código de Vélez Sarsfield ha durado 150 años. Eso tiene que ver con un montón de personas que han hecho un trabajo silencioso en la implementación. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento”. El diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri celebró la puesta en marcha de los cursos de actualización de la nueva ley. “Este es un Código de la democracia, el debate contó con la presencia de todas las instituciones y toda la ciudadanía. Ahora estamos empezando a ver su aplicación”, dijo.

“Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación llevamos adelante una política de acceso a la Justicia tendiente a acercar el conocimiento y la difusión del Derecho a todos los lugares del país, no solo a los operadores del derecho sino también a toda la comunidad”, explicó la directora nacional de Infojus, María Paula Pontoriero. “Este es el inicio, son las primeras actividades. Pensamos trabajar en conjunto con muchas instituciones de toda la sociedad civil, cursos y capacitaciones para acercar de manera libre y gratuita el conocimiento de este nuevo cuerpo normativo que trae transformaciones muy profundas”, dijo Pontoriero.

Las jornadas se organizan en el marco de la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial el último 7 de octubre por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es poder alcanzar el marco normativo a la mayor cantidad posible de profesionales de todo el país.

La edad de la recodificación

“Bienvenidos a la edad de la recodificación”, dijo Gonzalo Sozzo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a un público heterogéneo, compuesto por abogados, académicos, jueces, fiscales, actores del sistema de administración de Justicia y estudiantes de derecho. “Esta es una invitación a entrar en una nueva época de pensar el derecho privado. Cambia nuestra cultura del derecho privado”, planteó Sozzo. Y agregó: “El código no tiene importancia en si mismo sino en cuanto los operadores del mundo jurídico lo asuman como un cambio del sistema”.

El vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNL planteó que se trata de una ley “sobria” en cuanto a innovaciones, ya que están plasmadas “las mejores ideas fijadas en los últimos 70 años, a las que hemos contribuido abogados, jueces y profesores”. “La idea central que subyace es el cambio de la manera de funcionamiento y de lo que el Código espera de los operadores del Derecho. Nos exige un perfil nuevo, diferente y una tarea distinta. Es una obra incompleta, un proyecto que debe ser completado por abogados, jueces y juristas. Encierra una paradoja: es un texto simple, corto y tiene un lenguaje llano. Pero a la vez es muy exigente para los operadores del campo legal, abogados jueces, juristas, profesores y estudiantes”, dijo.

“Hay que cambiar la cultura jurídica del pleito. Este Código brinda instrumentos para que los pleitos no terminen con la sentencia sino que puedan terminar antes”, dijo. Y agregó: “El cambio de cultura implica darle eficacia a lo que la gente quiere, que los pleitos se reduzcan, que no existan”.

“Esto no es el código de un Vélez Sarsfield. Se debe a la obra de una generación de juristas, que a través de jornadas, congresos, intervenciones y escrito, sirvieron de base para la concreción normativa de este Código Civil”.

Convenios de mediación

Previo al inicio de las jornadas las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron convenios con la Universidad Católica Argentina (UCA) de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral. “Está destinado a capacitar en mediación comunitaria y brindar asistencia técnica para la creación de centros de mediación que componen la Red Federal de Centros de Mediación creada en 2012”, explicó Marcela Uthurralt, directora de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la cartera de Justicia.

De la firma de los convenios participaron Pontoriero, Carignano, Diego Segovia (subgerente de Fiscalización del RENATEA) y Constanza Solari (directora del portal Infojus); el rector de la UCA, Ricardo Mario Rochetti, y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esa universidad, Zully Degano; el rector de la UNL, Albor Angel Cantard, y la directora del Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jaquelina Balangione.