Infojus Noticias

Cuando faltaba apenas un día para que se venciera el plazo, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura convocó a una sesión extraordinaria y trató el expediente en el que se acumulan seis denuncias contra el juez federal de Orán (Salta) Raúl Reynoso, acusado de recibir coimas para liberar narcos. Por unanimidad, los miembros de la comisión decidieron citar a declarar al magistrado el próximo 4 de diciembre y ordenaron una auditoría en el Juzgado de Reynoso, que seguirá ejerciendo su cargo.

La sesión, realizada el viernes a las 11 de la mañana, estuvo presidida por el abogado Jorge Daniel Candis, el representante académico. El orden del día tenía un solo tema a tratar: el expediente N°133/2015 y su acumulado 181/2015, en los que está denunciado Reynoso.

El expediente 133/2015 nació a partir de una denuncia de David Ramón Mazzutti por atropellos e ilegalidades. Mazzuti acusó a Reynoso de ordenar su detención –a fines de 2014- sin la intervención de un fiscal y sin ser informado de los motivos de la privación de la libertad. La causa estuvo caratulada originalmente como “averiguación de delito”. Tras la presentación de un hábeas corpus, Reynoso la cambió a “amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones”. Finalmente el juez se inhibió y remitió el expediente al juez Julio Leonardo Bavio, que declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la libertad de Mazzutti.

A este expediente se le acumuló otro (181/2015) iniciado a partir de las actuaciones que envió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobre la investigación penal contra el juez de Orán por los delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricato. Los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias (titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad) sostienen que Reynoso era el “jefe” de la asociación “de carácter estable, con soporte estructural, división de roles” que se dedicaba a “la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad”. Los beneficios eran “excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas”. A cambio, explicaron los fiscales, recibían “dádivas y/o dinero”.

La organización se completaba –según la acusación– con los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, René Alberto Gómez y Lucinda María Segovia y el Jefe de Despacho del Juzgado de Orán, Miguel Ángel Saavedra. En esa “estructura criminal” también se agregaría César Aparicio, ordenanza, y su hermana Rosalía Candelaria, acusados de formar parte de una operatoria a través de la cual el juez Reynoso habría recibido un campo de 700 hectáreas para sobreseer a un acusado de traficar 900 kilos de cocaína.

Los delitos imputados

Con el voto de Candis y los consejeros Luis María Cabral, Adriana Donato, Leónidas Moldes, Héctor Pedro Recalde y Nicolás Soler, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura imputó a Reynoso siete cargos: instruir un expediente sin intervención del Ministerio Público Fiscal; privar ilegalmente de la libertad a Mazzutti; tramitar una investigación penal “desentendiéndose de un supuesto de excusación” en una causa en la que el propio juez figuraba como víctima; demorar injustificadamente la intervención del juez Bavio una vez que él se excusó; investigar una causa en la que él mismo estaba señalado como “posible autor” y en la que recién se excusó cuatro años después; ordenar la producción de medidas de prueba sin impulso fiscal violando las formas que establece el Código Procesal Penal de la Nación; y disponer la intervención de Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia para fines prohibidos.  

El juez de Orán, citado para el viernes 4 de diciembre a las 11 de la mañana, podrá declarar de forma oral o escrita. A partir de ese testimonio, los consejeros de la comisión deberán dictaminar: o desestiman las denuncias o determinan que se inicie un proceso de juicio político contra el juez. En este caso, la decisión deberá ser confirmada por los dos tercios del plenario del Consejo.

Mientras tanto, el juez Reynoso seguirá en libertad y ejerciendo el cargo que ocupa desde hace 10 años y 10 meses, en el único juzgado que tiene jurisdicción sobre los 700 kilómetros de frontera con Bolivia, en un punto estratégico del tráfico de cocaína hacia los grandes centros urbanos de Argentina.

SO/RA