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El juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, entró en los tribunales de Salta acompañado de su abogado cuando faltaban unos minutos para las 16, del día miércoles. Eludió a los medios que hacían guardia y fue directo hacia el despacho del magistrado Julio Leonardo Bavio, quien lo acusa de encabezar una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar a detenidos en causas por narcotráfico. Reynoso declaró durante cinco horas ante Bavio y los fiscalesEduardo Villalba y  Diego Iglesias, este último titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar).

“Imputamos a Reynoso (el delito) de liderar una organización criminal que recibía dinero a cambio de resoluciones judiciales favorables a personas vinculadas a causas de narcocriminalidad”, explicó Iglesias, luego de la indagatoria. El titular de la Procunar contó que el acusado “presentó pruebas que analizaremos y veremos si podemos colectar alguna más”, aunque sostuvo que la declaración “no conmueve el cuadro probatorio que nosotros aportamos”.

Para Iglesias, “la principal prueba son las propias causas”. “Teniendo en cuenta la gravedad institucional del caso, creemos que el Poder Judicial de la Nación, en este caso representado por el Juzgado Federal 1 de Salta, estuvo a la altura de las circunstancias”, sostuvo el fiscal. Y aclaró que Reynoso “goza de una inmunidad que le da su cargo de juez federal. De momento, ningún juez puede ordenar una medida restrictiva. Él sigue funcionando como juez”.

La acusación

Los fiscales Villalba e Iglesias sostienen que Reynoso era el “jefe” de la asociación “de carácter estable, con soporte estructural, división de roles” que se dedicaba a “la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad”. Los beneficios eran “excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas”. A cambio, explicaron los fiscales, recibían “dádivas y/o dinero”.

La organización se completaba –según la acusación– con los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, René Alberto Gómez y Lucinda María Segovia y el Jefe de Despacho del Juzgado de Orán, Miguel Ángel Saavedra. En esa “estructura criminal” también se agregaría César Aparicio, ordenanza, y su hermana Rosalía Candelaria, acusados de formar parte de una operatoria a través de la cual el juez Reynoso habría recibido un campo de 700 hectáreas para sobreseer a un acusado de traficar 900 kilos de cocaína.

El faltazo

La indagatoria del juez federal de Orán estaba prevista para las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre. En aquella oportunidad, Reynoso no se fue a declarar pero presentó –vía fax– un pedido de recusación del juez Bavio y el fiscal Villalba puesto que, sostenía, existía una “enemistad manifiesta” contra él.

En su escrito, contó que junto con los funcionarios que lo investigan formaban parte del mismo equipo de fútbol de un torneo amateur. Y se quejó: “Jugaban más ustedes, pues yo era el ‘convidado de piedra’, siempre en el banco de suplentes, salvo que le faltaran jugadores”. La gota que rebalsó el vaso –explicó– fue un partido en que le permitieron pisar el césped recién “cuando faltaban 15 minutos para finalizar el encuentro”. “Si bien pude ingresar no pasaron siete minutos en que el Dr. Villalba me quiso sacar del equipo, es decir, que deje de seguir jugando”. Cansado de ser el “convidado de piedra”, Reynoso decidió su pase a otro equipo.

La punta del ovillo

El caso testigo que puso bajo la lupa de la justicia al juez Reynoso fue el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales —vicepresidente de la Cámara de Transportes de Santa Cruz de la Sierra—, que manejaba una flota de 90 camiones cisterna para trasladar mercadería desde Bolivia hacia la Argentina. Entre 2011 y marzo de 2015, Gendarmería interceptó nueve de sus vehículos que transportaban cocaína. Reynoso abrió nueve expedientes separados y procesó a los choferes de los camiones. Cada vez que las fuerzas de seguridad argentinas incautaban un camión, los hijos del empresario se presentaban acompañados del abogado Ramón Antonio Valor en el Juzgado para pedir la devolución de la mercadería.

El juez, atento, autorizaba la entrega. En una oportunidad, incluso, devolvió la carga de un camión en el que se habían encontrado diez kilos de cocaína diluidos en el tanque de nafta. El abogado argumentó que se trataba de 35 mil litros de alcohol etílico que debían entregar en Chile. Los análisis posteriores demostraron que se trataba de touleno, un precursor químico para cocinar cocaína.

El paladín de la lucha antinarco

Desde hace diez años y diez meses, Reynoso está a cargo del Juzgado Federal de Orán, el único con jurisdicción sobre los 773 kilómetros de frontera con Bolivia, donde trabajan entre 23 y 25 empleados y tramitan alrededor de treinta mil expedientes por narcotráfico, en su mayoría, contra bagayeros y mulas.

Un año y medio atrás, Reynoso recibió ahí a once jueces federales de frontera de diferentes provincias. En el Hotel Alto Verde, en el centro de la ciudad, los magistrados almorzaron tamales y firmaron un documento sobre estrategias conjuntas de lucha contra el narcotráfico que elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después, se trasladaron unas cuadras hasta el juzgado, donde hablaron con los medios y se sacaron la foto que, al día siguiente, aparecería en los diarios de todo el país. Por esos días, los medios nacionales consideraban al juez de Orán un paladín que luchaba contra el narcotráfico en la frontera norte, con más voluntad que recursos.

Un año y cinco meses después de aquella foto, otra imagen con la misma escenografía volvió a trascender las fronteras de la provincia. En lugar de jueces, dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) –con ropa de combate, chalecos antibalas y armas largas– custodiaban el ingreso al edificio de una planta. El allanamiento había sido ordenado por el juez Bavio, a pedido de los fiscales Villalba e Iglesias. Los efectivos se llevaron copias de los discos rígidos de las computadoras y once expedientes.

Ahora, Reynoso está en la mira de la Justicia Federal salteña. Por el momento, sus fueros como juez federal le permiten seguir en libertad y ejercer su cargo. La decisión final está en manos del Consejo de la Magistratura, que debe resolver si lo mantiene en funciones o decide su destitución.

SO/LL